En el actual debate que se está produciendo en nuestro país sobre este tema, deben aclararse algunas cuestiones como para poder separar la paja del trigo. Una de ellas es, por ejemplo, el momento en que este tema sale a la luz pública con este grado de masividad, cuando desde hace años sectores de la sociedad en pueblos de Catamarca, San Juan, La Rioja e incluso Córdoba se han venido manifestando en contra de esta actividad.
Como para quitar la ingenuidad al abordaje del tema, el primer dato a destacar es la pelea abierta entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. Tanto los gobiernos provinciales de La Rioja como de Catamarca responden al oficialismo nacional, lo que motiva el momento por el cual se da este acercamiento al tema de la megaminería por parte de los medios de comunicación desde una mirada fuertemente crítica, pero no por su preocupación al ambiente sino por su encarnizado enfrentamiento con el oficialismo.
De hecho, el actual gobierno provincial de Catamarca asumió hace 2 meses y fue una de las muy pocas elecciones en donde la oposición local ganó las elecciones (el kirchnerismo era opositor en la provincia hasta las elecciones de 2011), lo cual puede explicar la "oportunidad, mérito y conveniencia" de la instalación del debate en este preciso momento, cuando las empresas que actúan en la Cordillera de los Andes lo hacen desde mediados de los ´90 (Alumbrera explota la mina desde hace 15 años, por ejemplo). Este contexto político que enturbia la situación no obsta los comentarios que siguen.
Otra cuestión es sobre el impacto ambiental de esta actividad económica. Y lo primero para decir es que cuando se menciona el concepto de "impacto ambiental" no debe hacerse referencia solamente a la contaminación, que es sólo una de las formas que se impacta negativamente al ambiente. El impacto ambiental también se da en torno a la modificación de los ecosistemas, el cambio de la geografía, la utilización de explosivos y los cimbros que ello causa, el despilfarro y sobreexplotación de los recursos naturales, su impacto sobre seres vivos, etc. El "impacto ambiental" significa la modificación sustancial y radical de el medio natural, en el entorno en donde el proyecto económico se halla y no simplemente que éste contamine, sino que es más amplio.
No es materia sólo de la contaminación. La voladura de una montaña completa significa alterar radicalmente el paisaje y la geografía del lugar. De esa geografía pueden depender los vientos y el régimen de lluvias de la zona, lo cual hace al tipo árido o no del suelo local, a sequías o inundaciones, a ráfagas de viento contraladas por las cadenas montañosas y que han estado decenas de miles de años allí. Dichos elementos configuran una flora y una fauna determinadas. Alterar en semejante manera la geografía local puede tener consecuencias gravísimas para las especies locales y para los habitantes de las ciudades lindantes. Interpretar, por ende, que el "impacto ambiental" significa solamente "contaminación con cianuro" es ignorar el resto de los posibles impactos que supone el -literalmente- volar toda una montaña por los aires.
Luego está el tema de la contaminación en sí misma. El proceso extractivo necesita ciertos elementos que permiten obtener el producto final. y aquí sí entra la cuestión que la producción minera puede o no emplear elementos altamente tóxicos como el cianuro. Depende del tipo de emprendimiento y del tipo de material que se desea extraer es que el cianuro es utilizado o no. Por ende, no es generalizable la definición que asimila a que toda minera a cielo abierto utiliza cianuro.
Pero el cianuro tampoco es el único material utilizable. Existen metales pesados también altamente tóxicos que, aún cuando probadamente no se utilice cianuro, también pueden ser usados en el proceso de extracción.
También hay formas de extracción que son mediante filtrado y que aparentemente no emplean sustancias tóxicas que permiten la separación de los minerales como cobre y oro de la roca. Pero su empleo no depende de la "voluntad de opción" por parte de la empresa minera de querer preservar o no el ambiente: dependerá del tipo de suelo en donde el proyecto se encuentre situado. Vale decir que queda librado a la naturaleza la posibilidad de poder contar con el empleo de formas de extracción no contaminantes. Si la naturaleza no acompaña el proyecto (algo que en sí es ridículo ya que debería ser al revés, pero en los hechos no resulta así), la empresa dudosamente se retire: de ser posible, utilizará formas de extracción con materiales químicos que sí contaminarán, como ocurre con jornadas habituales de esta actividad que utilizan unas 10 toneladas de cianuro diarias.
En los casos en que la actividad contaminase, ¿qué es lo que se contamina? Básicamente dos elementos: el aire y el agua. Algunos materiales tóxicos provocan emanaciones que vician el aire y puede afectar a poblaciones más o menos cercanas dependiendo de los vientos. Si tenemos en cuenta que los cerros y montañas serán volados, es probable que los vientos también se modifiquen, se tornen cada vez mayores, lo cual pueden transportar esos gases a mayores distancias afectando también a poblaciones no inmediatas a la zona directamente afectada.
No queda claro si en el caso específico de la mina Bajo la Alumbrera se utilice o no cianuro, ya que el proceso de extracción permite que pueda ser mediante filtrado y no mediante este tóxico. De todos modos, las declaraciones realizadas por la propia empresa en 1998 que reconocían que utilizaba 700 toneladas de cianuro por año en su proceso extractivo resultan -cuando menos- elocuentes.
Otros proyectos de megaminería, como el que pretendía hacerse en Famatina, sí tenía contemplado la utilización de cianuro (recordemos que el proyecto fue retirado por la empresa transnacional canadiense -Barrick Gold- a raíz de las protestas sociales). Pero el debate de la contaminación no se reduce solamente al cianuro, como se pretende sostener desde medios oficialistas.
En Córdoba, la explotación minera para la extracción de uranio utiliza millones de litros de agua diarios mezclada con ácido sulfúrico. Otros procesos extractivos también pueden utilizar tóxicos como el arsénico o el mercurio, aunque eso dependerá del tipo de mineral que desee extraerse (oro, plata, cobre, uranio, etc.) y
del tipo de suelo en donde se encuentre.
A todo esto se suma la utlización y despilfarro de miles de toneladas diarios de agua dulce (se gastan 300.000 m3 de agua por día en una jornada habitual en esta actividad) que quedarán depositadas en los denominados "piletones o diques de cola" mezcladas con la piedra molida (y cuando no con el cianuro utilizado) quedando
inutilizable y sin ningún tipo de tratamiento posterior. Ese agua depositada allí se va colando en el subsuelo mientras recibe más agua ya utilizada por la minera y cuando el dique de cola se satura, se fractura y toda esa agua va a parar a los ríos y acuíferos cercanos, de donde se extrae el agua para proveer a las poblaciones.
Este tema hace también al agotamiento de recursos no renovables en un contexto de crisis hídrica a nivel planetario. El derrochar tamaña cantidad de agua dulce en zonas que son áridas y en donde el agua resulta un elemento precioso, no solo por su escases sino además porque es fundamental para la vida, resulta algo alarmante y parece no preocupar demasiado a los medios oficiales centrados en desmentir simplemente el uso del cianuro en una sola minera: Alumbrera.
La modificación de la geografía también incluye a los cráteres que una mina a cielo abierto deja suelen tener cerca de 1km de profundidad por 5 o 6km de diámetro
(imagínense un cráter del tamaño aproximado equivalente a la distancia que hay desde Puerto Madero al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, y con 10 cuadras de profundidad, como para tener una idea...).
Otra distinción, no debidamente aclarada en las transmisiones televisivas y los debates radiales -en este caso del lado de los opositores-, es sobre la localización de los proyectos. Famatina y su cerro lindante quedan en La Rioja, mientras que la mina Bajo la Alumbrera (o Alumbrera) quedan cerca de Andalgalá, en Catamarca. Por su parte, la mina Pascua Lama es binacional y del lado argentino se encuentra en San Juan. La intención de no diferenciar los proyectos forma parte de la utilización mediática del tema. Son proyectos distintos, de empresas distintas, en localidades y provincias diferentes, y por ende con legislación diferente, lo cual complejiza la cuestión. A raíz de la reforma constitucional de 1994, los recursos mineros quedan reservados para la explotación o aprovechamiento de las provincias, con lo cual cada una de ellas regula
jurídicamente la actividad minera dentro de cada territorio provincial.
Algunos proyectos mineros utilizan ciertos elementos tóxicos, otros no. Pero todos ellos dejan los cráteres que mencionamos, despilfarran millones de litros de agua como insumo y afectan de manera radical el entorno donde se encuentran. Esas con características de la práctica a cielo abierto de este tipo de minería.
Luego está la cuestión de la represión que se efectuó sobre los sectores sociales movilizados por la cuestión ambiental: organizaciones sociales y vecinos de Andalgalá. El argumento esgrimido de que son "solo el 2%" de los pobladores de la localidad es tan inválido como el decir que los 30.000 desaparecidos durante la Dictadura Militar fueron "solamente el 0,01%" de la población de la Argentina de entonces (de 30 millones). Resultan tan ninguneantes y soberbias estas críticas que no merecen mayores comentarios.
Otra cuestión -también indignante- que se ha permitido es el financiamiento por parte de estas empresas mineras de proyectos de investigación en organismo públicos, como el CONICET, que deberían garantizar una independencia de objetivos y de estudios sobre diversidad de cuestiones y actividades. Y es sabido de los condicionamientos que las fuentes de financiación suelen producir, por lo que este aparente "avance" de los intereses de este tipo de empresas en diversas actividades que pudieran "opacar" su presencia en estos lares no merece mucha confianza sobre la transparencia de los estudios de organismos científicos especializados y de los intereses de este tipo de emprendimientos.
Al margen quedan también los temas relacionados con el derecho internacional y que son absolutamente ignorados por todos los sectores. Esto tiene que ver con que los capitales que participan del negocio minero son capitales privados y extranjeros. Con alguna excepción pueden encontrarse empresas asociadas con capitales nacionales, pero el porcentaje resulta ser mayoritario de parte de empresas multinacionales extranjeras en casi todos los casos. La participación de capital transnacional en estas inversiones tiene conexión directa con el régimen de protección de inversiones que Argentina -así como otros países del mundo- abrazó durante la década de los ´90 y que aún hoy sigue en plena vigencia.
El caso particular argentino en materia de protección de inversiones es paradigmático y resulta de mucha mayor gravedad que del resto de los casos en el mundo, ya que Argentina es uno de los Estados que más tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBIs) ha firmado en el mundo y que habilitan a que las empresas transnacionales puedan demandar internacionalmente al Estado Nacional ante tribunales arbitrales extranjeros en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es un organismo creado en 1966 y dependiente del Banco Mundial (BM).
Argentina es el país más demandado en el mundo ante el CIADI por empresas multinacionales. De hecho, el monto de las demandas equivalen al 6,5% de nuestro PIB y a casi 30 veces nuestro presupuesto en salud. A esto debemos sumarle que las reglas que se aplican en los arbitrajes ante el CIADI son bastante cuestionables así como la naturaleza de los tratados "recíprocos" de protección de inversiones, que no hacen más que hacernos acordar de aquellos viejos tratados que la Nación firmó con Inglaterra declarando recíprocamente la libre navegación en los ríos interiores, cuando la Argentina carecía de una flota mercante mientras que Gran Bretaña era la potencia comercial más importante del mundo con una flota acorde a lo que era una armada imperial...
Los TBIs operan de manera similar a aquellos tratados, otorgando protección a las inversiones argentinas en Canadá (virtualmente ninguna) así como a las canadienses en Argentina (casi todas las mineras poseen capitales canadienses) gracias al TBI Argentina-Canadá. Así se forma un entramado complejísmo de relaciones bilaterales en donde se aplica la llamada cláusula de la nación más favorecida que permite, sin importar las condiciones que hayamos firmado nosotros con un país "A", si firmamos otro TBI con un país "Z" que otorga mayores beneficios, debamos estar obligados a extender dichos beneficios a "A" y al resto de los países con los que hayamos firmado un TBI.
Además, estos acuerdos otorgan la capacidad procesal activa solamente al inversionista (es decir a la empresa transnacional) para poder demandar al Estado receptor de la inversión, no así viceversa, lo cual constituye una flagrante desigualdad en términos procesales ya que habilita que una empresa extranjera eluda la jurisdicción de los tribunales locales y lleve sus demandas ante los foros internacionales pasando por arriba de la jurisdicción nacional.
Los montos y los motivos de las demandas también suelen ser notables. La empresa Aguas del Tunari (filial en Argentina de la transnacional francesa Vivendi Universal y proveedora del servicio de agua potable en la ciudad de Tucumán) demandó a nuestro país por US$ 300 millones por la supuesta violación de un contrato de concesión que duró 2 años y que supuso una inversión de tan sólo unos US$ 7 millones.
Estos acuerdos resultan ser en los hechos un corset para las políticas públicas de control sobre las inversiones y actividades de las multinacionales, pudieran o no significar renacionalizaciones de las empresas privatizadas y retomar los servicios por prestadores nacionales. Ejemplo: supongamos que la Alumbrera contaminase o que no cumpliese con los requerimientos establecidos dentro del contrato celebrado con la provincia de Catamarca. Si Catamarca (o eventualmente la Nación) decidiese rescindir el contrato, la empresa (transnacional) podría argüir que fue "expropiada" o que sufrió una "medida similar a la expropiación" (ambas causales de acciones ante el CIADI por los TBIs) y demandar al Estado internacionalmente. No importa si los tribunales domésticos entendieran que estuvo bien quitada la concesión, la empresa podría tener a favor un laudo multimillonario por la supuesta violación de un TBI.
Este tipo de condicionamientos jurídicos para las políticas públicas de gobiernos de perfil no-neoliberal ha causado que países como Bolivia, Ecuador o Venezuela hayan renunciado a su membresía del CIADI. Incluso el conflicto sobre las pasteras entre Uruguay y la Argentina también estuvo atravesado con este tema de fondo: Uruguay tiene un TBI firmado con Finlandia (de donde proviene la empresa Botnia) que permitía demandar al Estado uruguayo en caso de decidir retirar los permisos de instalación de la planta en territorio uruguayo. Aún cuando ello hubiera sido negociado con la Argentina, Uruguay estaba obligada a continuar con la inversión finlandesa o atenerse a ser demandada por Botnia ante el CIADI por sentirse "expropiada".
Agua, pasteras, mineras... La banalización de la discusión que se está dando bajo un manto aparente de "no le escapemos al debate" mientras se tocan solamente algunas aristas seleccionadas del mismo es, desde ya, lastimosa. No sólo porque le quita peso y complejidad al mismo, sino además porque lo vuelve falso, acartonado y de un bajo nivel que no se condice con la gravedad del tema pero sí quizás con ciertos intereses que, ante las consecuencias escandalosas como que la producción minera deja en las provincias nada más que cerca del 2 o 3% del capital invertido mientras que el resto se va al exterior (esto con retenciones a la exportación minera inclusive, que resulta ser mínima), resulta ser bastante maniqueo.
La discusión sobre la megaminería se entronca también con muchos otros temas como ser la distribución de la renta, el modelo de desarrollo, el desarrollo vs. la contaminación, el modelo productivo y de consumo, etc. Se suelen traer ejemplos foráneos sobre "lo que hay que hacer". Ejemplo: escuché en uno de los debates televisivos que la renta minera en Australia deja el 18% de lo invertido como rédito para el país, mientras que en Argentina ese resultado significa un 3% que equivale a un 1% de su PIB, lo que resulta una broma de mal gusto en comparación con el pasivo ambiental que la actividad deja en nuestro territorio.
Pero además, ¡Australia es un país árido, nosotros no! La comparación sobre lo "aceptada" que se encuentra la megaminería en "países serios y desarrollados" puede asimilarse en su estilo comparativo con el decir que los países "serios y desarrollados" aplican los planes de ajuste fiscal tan "serios y responsables" que el actual gobierno argentino rechaza. ¿Acaso eso hace más o menos serio al gobierno de turno? No. Simplemente no es comparable la realidad argentina y latinoamericana con las realidades de otras latitudes así, de manera tan lineal. Pero para agregar, es derecho de los argentinos el determinar la regulación de las actividades económicas que deseamos, descartas las que no deseamos y determinar en qué condiciones queremos que se realicen las que permitimos. Y eso es potestad del Estado Nacional en su decisión política y soberana: "Ni calco, ni copia".
La actividad minera necesita de cuantiosas toneladas de agua dulce (recurso no renovable dijimos) para poder operar. Es por ello también que muchas operaciones mineras en Chile se están mudando para la Argentina: por su proximidad, porque la actividad minera en Chile comienza a agotarse, pero además por las reservas de agua que Argentina cuenta y Chile no. Tal comportamiento es la de un depredador: que se muda a otro lado cuando ya arrasó con lo que había y lo deja atrás.
También se mete en el debate el tema del desarrollo. Es cierto que muchas, casi todas, las actividades económicas generan algún tipo de contaminación. La simple quema de un árbol genera humo, pero en una proporción que no es nociva para la vida y que el planeta puede asimilar. Actividades como la megaminería a cielo abierto provocan trastornos muy serios que la naturaleza no asimila y sus consecuencias quedarán allí por miles de años. Los efectos de dicha actividad se vuelven, entonces, irreversibles y ese es el tipo de contaminación que es irreparable. No valen los discursos desarrollistas para contraargumentar esta realidad, aduciendo que "toda actividad contamina" (lo cual es en gran parte cierto) o que la única alternativa pareciera ser el atraso. Esto es falso y maniqueo. El tema de fondo es la abominación que significa el taladrar el Aconcagua unos cuantos de cientos de metros para sacarle lo que sea que éste tenga dentro. Porque es una abominación el despilfarrar cientos de miles de litros diarios de agua en zonas áridas, el dinamitar cerros completos, el arrasar con una geografía determinada, para obtener objetos suntuarios como el oro o confortabilizar nuestras vidas con conputadoras y teléfonos celulares que rotamos cada cuánto tiempo: ¿un año...?
Ello nos lleva a discutir sobre el modelo de producción y el modelo de consumo. Un desarrollo económico basado en un sistema que dilapida los recursos naturales es sencillamente una locura. Y ese es el ritmo de vida que llevamos hoy: consumir baterías de litio como si fueran caramelos, cambiar celulares sólo por una cuestión de moda, cambiar nuestras computadoras porque "la tecnología" (hablemos con propiedad: las empresas que fabrican las computadoras hacen que) se torna obsoleta al ritmo de tan sólo dos años! Este estilo de vida demencial del descarte permanente significa un abuso que va en contra de nuestros propios intereses a futuro y el de las generaciones venideras, incluso cuando éstas pudieran ser todavía más contaminantes que nosotros.
El tema es que somos nosotros los que nos enfrentamos a una disyuntiva que nuestros nietos no tendrán. Ellos actuarán en base a los efectos que nosotros dejemos. Y si nosotros volamos el Everest, la decisión es ahora y es nuestra. Nuestros nietos deberán aceptar que alguna vez hubo un Everest y que solamente lo podrán conocer por fotografía... Pero ellos nunca tendrán la opción de verlo o de "volver a levantarlo". Ergo, nosotros somos los únicos responsables, hoy y ahora, de plantearnos las preguntas de a dónde queremos llegar con todo esto y si realmente queremos provocar las consecuencias que habrán de perdurar por generaciones en, digamos, lugares como Famatina.
De no ser por los fuertes intereses involucrados y por las muy serias afectaciones que la megaminería involucra, el "debate" que está resonando en todos los medios resultaría bastante gracioso. Pero no lo es y nos involucra a todos.
En este sentido me siento directamente perjudicado por esta decisión del gobierno norteamericano al tomar esta medida, pero al mismo tiempo carezco de las posibilidades de ejercer acciones legales exitosas en su territorio.