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miércoles, 4 de marzo de 2015

A 50 años del "No de Tokio"

Cuando 21 países se opusieron a que el BM crea un organismo de arreglo de diferencias inversionistas-Estados

Recordando el “No de Tokio” cincuenta años después

Robin Broad




Hace cincuenta años, durante la reunión anual de 1964 del Banco Mundial en Tokio, los gobiernos de veintiún países en desarrollo votaron en contra de la creación de una nueva sección del Grupo del Banco Mundial a través de la cual corporaciones extranjeras podrían llevar a juicio a gobiernos y eludir sus sistemas de justicia nacionales. Esta nueva sección del Banco Mundial se llamaría el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los veintiún gobiernos incluían a los diecinueve países latinoamericanos presentes, así como a Filipinas e Iraq. [1]
El histórico voto fue apodado el “No de Tokio”. [2]  Puede haber sido el voto colectivo más grande en la historia en contra de una iniciativa del Banco Mundial. Y tal vez la única vez que todos los representantes de América Latina votaron “no”.
Así que escribo en parte para celebrar que el “No de Tokio” cumple cincuenta años. Pero también escribo porque es hora de reconocer que la historia ha demostrado lo justificado de ese voto de 1964.
¿Cuáles fueron los veintiún países que votaron “no”? Permítanme citar al entonces representante de Chile, Félix Ruiz, quien habló en nombre de los países latinoamericanos:
“Los sistemas jurídicos y constitucionales de todos los países de América Latina, miembros del Banco, brindan actualmente al inversionista extranjero iguales derechos y protección que al nacional; prohíben la confiscación y la discriminación y establecen que toda expropiación por causa justificada de utilidad pública debe ir acompañada de justa indemnización, determinada, en última instancia,por los tribunales de justicia. El nuevo sistema sugerido daría a un inversionista privado, por la circunstancia de ser extranjero, derecho a reclamar contra un Estado soberano fuera del territorio nacional, prescindiendo de los tribunales nacionales. Esta disposición es contraria a las normas jurídicas tradicionales de nuestros países y, de hecho, establecería un privilegio a favor del inversionista extranjero colocando al nacional en una situación de inferioridad.”[3]
En suma, el nuevo sistema era tanto innecesario como injusto.
El CIADI siguió avanzando, a pesar de los votos negativos. Cabe señalar que Brasil nunca se sumó, y de hecho no ha aceptado el sistema en ninguna ocasión.
Quienes siguen de cerca a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su mecanismo para resolver disputas tal vez perciban la ironía: una de las reglas fundamentales del avance neoliberal actual hacia una “ultra-globalización”, tal como establece la OMC, es que las regulaciones nacionales deben tratar del mismo modo a inversionistas locales y extranjeros. La ironía, por supuesto, es que la existencia del CIADI parece sugerir que los defensores de la ultra-globalización no consideran problemático que los inversionistas extranjeros reciban un tratamiento privilegiado.
A la luz del historial del CIADI durante las décadas siguientes, las críticas al “No de Tokio” fueron proféticas. El CIADI pasó a ocupar el centro de la escena con el auge de los tratados neoliberales de comercio, tanto bilaterales como multilaterales, que empezaron a reproducirse a partir de la década de los años 80. Cuarenta años después de que el primer caso fuese presentado ante el CIADI, en 1978, se han sumado otros 48 sólo durante el 2012.
Al mismo ritmo en que se ha multiplicado el número de casos presentados ante el CIADI, se han multiplicado las críticas –en particular por parte de Estados soberanos, pero también cada vez más por parte de abogados especialistas en comercio. Los argumentos son que las reglas del CIADI, en primer lugar, están cada vez más orientadas a favorecer a los inversionistas por sobre el Estado (¿les suena familiar?)  y, en segundo lugar, que son demasiado estrechas en su enfoque en derechos “comerciales” (esto es, el inversor privado extranjero), en vez de cubrir también cuestiones “no comerciales” más amplias. Por ejemplo, ¿no debería un gobierno tener derecho a proteger una cuenca de agua de los efectos destructivos de la extracción de oro? ¿No debería ese gobierno, de hecho, ser recompensado en vez de enjuiciado por el CIADI? [4] ¿Y por qué debería poder el inversor, en tanto que actor no estatal, llevar a juicio al gobierno, mientras que otros actores presumiblemente no estatales como las comunidades afectadas no están siquiera autorizadas a escuchar las presentaciones muchas veces secretas ante el CIADI? (Es cierto: las comunidades pueden presentar testimonio como amicus curiae –si es que encuentran un abogado dispuesto a redactar una a nombre de ellos–. Pero no hay ninguna seguridad de que esos testimonios sean leídos por los abogados  certificados por el Banco Mundial que se ocupan de los casos particulares.)
El destacado abogado de comercio George Kahale III causó revuelo recientemente al declarar de manera pública que los tribunales del CIADI, ante los cuales se había presentado algunas veces, son cada vez más parciales en pos de favorecer a los inversionistas extranjeros. Y dado que el CIADI no falla de acuerdo a precedentes legales ni permite apelaciones basadas en revisiones judiciales, no hay forma de corregir dichos fallos.
De hecho, al expandirse la cantidad de casos considerados por el CIADI, las críticas verbales han empezado a verse acompañadas por  acciones. Bolivia, Ecuador y Venezuela –todos partes de aquel “No de Tokio” – han abandonado el CIADI;  Sudáfrica está en proceso de establecer una nueva ley de inversiones que permita a las corporaciones extranjeras presentar sus reclamos sólo a las cortes nacionales; Indiaestá llevando a cabo una revisión de sus tratados a la luz de varios juicios de corporaciones;  Indonesia ha anunciado su voluntad de no renovar sus acuerdos bilaterales de inversión;  Australia decidió no incluir estos derechos corporativos en su tratado de libre comercio de 2005 con Estados Unidos. Documentos filtrados de manera reciente sugieren que varios de estos países están intentando al menos reducir los derechos de los inversionistas (y, así, el poder del CIADI) en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Lo mismo puede decirse de países de la Unión Europea—y de manera notoria Francia y Alemania–, que están expresando preocupación por este tipo de normas.
Pero, un momento: ¿no se derrumbará la economía global sin estos derechos de los inversionistas y su órgano principal, el CIADI? ¿No desaparecerán las inversiones extranjeras? Bueno, en realidad no. Un caso ilustrativo es Brasil, uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera pero también un país que nunca ha aceptado esta clase de normas. Puede hacerse una afirmación más amplia: si los inversionistas extranjeros consideran que están por hacer una jugada riesgosa pueden simplemente recurrir a las empresas de seguros de riesgo. Y, como los inversionistas locales, tienen la posibilidad de recurrir a las cortes nacionales que correspondan.
Decir “No” al CIADI es cada vez más urgente. Si el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión son aprobados, tal como espera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el número de casos presentados ante el CIADI seguirá aumentando. Y podemos esperar aún más acciones por parte de los inversores, propensos a demandar a gobiernos no sólo por expropiaciones directas (el propósito original del CIADI) sino también por formas “indirectas” de expropiación como las regulaciones ambientales o sociales que puedan reducir sus futuros márgenes de ganancia.
Así que aquí va un llamado a los veintiún países que con toda razón dijeron “No” en Tokio hace cincuenta años. Celebremos este aniversario exigiendo a los actuales gobiernos que se retiren del CIADI  pues pone en riesgo la democracia, la justicia y el bien común.
Para tomar prestado un slogan que viene al caso: Cincuenta años son suficientes.
(Traducción de Víctor Goldgel)
- Robin Broad es Profesora en Desarrollo Internacional en la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, D.C.
Notas
[1] Los países que votaron “no” fueron los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Iraq, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Uruguay y Venezuela. Fuente: Antonio R. Parra, The History of ICSID (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 66-67. 
[2] Ver Andreas F. Lowenfeld “The ICSID Convention: Origins and Transformation” Georgia Journal of International and Comparative Law, (2009) 38, pp.47-62; y Fiezzoni, Silvia “The Challenge of UNASUR Member Countries to Replace ICSID Arbitration,” Beijing Law Review, (2011) 2, pp. 134-144.
[3] Extracto de la declaración de Felix Ruiz, Gobernador por Chile, el 9 de septiembre de 1964  en Tokio, citado en: Parra, Antonio R. The History of ICSID, Oxford: Oxford University Press, 2012, p.67.  Ver también pp. 66-68. Versión en español: http://bit.ly/1BuJkAb
[4] Este no es un ejemplo hipotético. Ver los documentos relativos al caso del CIADI Pac Rim Cayman Islands vs Republic of El Salvador, que le ha costado al gobierno de El Salvador más de  12 millones de dólares sólo por este juicio.


http://alainet.org/active/80823&lang=es

viernes, 6 de febrero de 2015

Negociación entre países desarrollados y no desarrollados en relación a la Propiedad Intelectual

Javier Echaide es miembro comisionado de la Comisión de Auditoría Integral de Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) de Argentina. Él hace un análisis de cómo se negocia la propiedad intelectual en organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en tratados bilaterales de inversión y en otros instrumentos internacionales.

El tema de la propiedad intelectual es importante hoy en día porque no solamente es donde se centra la cuestión de la generación del conocimiento, sino también de donde los países desarrollados se agarran para producir mayor cantidad de riquezas.

Hoy en día, en organizaciones como la OMC, o en tratados bilaterales como son los de Libre Comercio o los de Protección de Inversiones, tratan de asegurar, reservar o garantizar la propiedad intelectual para los países desarrollados. La razón de ello es que principalmente son los que tienen las patentes, los que registran los descubrimientos o las invenciones que realizan y los que tienen -sobre todo- la mayor capacidad de generar esas inversiones.

Estas condiciones, estas reglas de juego lo que hacen hasta el momento es garantizar el statu quo. Los desarrollados se quedan así y los en vías de desarrollo también. Nuestros países van a estar condenados a exportar materias primas sin desarrollarse, sin generar polos de industrialización o de conocimiento o de sofisticación de su propia producción. Y en ese sentido, siempre vamos a estar rezagados recibiendo tecnología atrasada, poco know how, poca distribución del conocimiento a nivel global.

Los países desarrollados necesitan de la riqueza cultural y natural con que han sido beneficiados la mayoría de países en desarrollo. En ese sentido, la propiedad intelectual es estratégica en tanto se puede vincular con montón de temas, no solamente la denominación de los productos, como son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, sino también cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad de una zona.

Todo esto está en pugna dentro de lo que es la OMC, en lo que se conoce como la Ronda de Doha o la Ronda para el desarrollo. La Ronda de Doha es históricamente la Ronda más larga en la historia de las negociaciones en el ámbito del libre comercio a nivel global. Arrancó en el 2001 y todavía no ha terminado. ¿Y por qué no ha terminado? Precisamente por el enfrentamiento que hay o la falta de consensos entre las distintas delegaciones de los distintos países, precisamente sobre qué temas hay que profundizar y qué temas hay que tratar de resguardar para la soberanía de los países.

Lo que los países desarrollados negocian y firman con los países en desarrollo, legalmente lo hacen en términos de reciprocidad, pero en los hechos ya existe una ventaja, una brecha entre unos y otros.

La cuestión de la propiedad intelectual está relacionada precisamente a esta brecha. Los países desarrollados son los que tienen las patentes, los que tienen los centros del conocimiento, las empresas para poder invertir sobre esos sectores, y los países en desarrollo son los que tienen conocimientos ancestrales, biodiversidad, recursos naturales en donde se pueden extraer todavía nuevas patentes y nuevas denominaciones.

Ahora, la puja se en que los países en desarrollo, desde hace ya varios años, están tratando de reservarse para sí ciertos cuidados sobre lo que es la biodiversidad, en todos los aspectos que tienen que ver con la propiedad intelectual. En el pasado, cuando se empezaron a negociar este tipo de tratados, los países en desarrollo, quizás por desconocimiento o por entrega, no pensaron que podían llegar a dar tanto de su propio patrimonio soberano. Sobre esta brecha, los países en desarrollo y las comunidades y la ciudadanía de esos países ya están empezando a interiorizarse mucho más y empiezan a tener mejor poder de negociación.

Yo creo que han mejorado las condiciones por distintas cuestiones. Hay factores que se han mejorado desde dentro de las negociaciones y también factores que se han mejorado desde fuera. Desde dentro, los Estados han empezado a tener mayor recelo de su propio conocimiento. En ese sentido están mejorando su posición de negociadores. Ya saben cómo cuidarse, ya saben qué tipo de estrategias los países desarrollados han llevado a cabo, ya saben de qué se trata este tipo de acuerdos, este tipo de organizaciones a nivel internacional y entonces se cuidan mucho más.

Desde fuera, esto también empieza lentamente a ser conocimiento de la ciudadanía en general. La ciudadanía está mucho más alertada, y le interesa. Entonces, todas estas estrategias de libre cambio, de libre flujo de capitales, que han sido garantía para desarrollar a los grandes monopolios empresariales a nivel global, lo que han causado es que las comunidades empiecen a interiorizarse, y eso también conforma un entramado social que es muy distinto a lo de hace 30 o 40 años atrás, en donde la ciudadanía estaba totalmente apartada de estos temas.

Enlace para ver esta noticia: Negociación entre países desarrollados y no desarrollados en relación a la Propiedad Intelectual o, mismo, en el video que se postea aquí abajo.

sábado, 13 de diciembre de 2014

Entrevista a Javier Echaide. Tema: Tratados Bilaterales de Inversión

Entrevista que me realizaran la semana pasada en la TV ecuatoriana -Canal CN Plus- sobre los TBI y la auditoría que se está realizando en Ecuador sobre este tema (12min).

martes, 30 de septiembre de 2014

martes, 9 de septiembre de 2014

Saga buitres: sobre demandas y resoluciones internacionales y domicilios de pago locales

El tema de los "fondos buitres" sigue dando tela para cortar. Haciendo una sucinta recopilación, los hechos más importantes ocurridos desde el mes de junio fueron:

- El pago por parte de la Argentina de la cuota a vencer a los acreedores reestructurados; la "retención" (y no embargo) de dichos fondos en manos de terceros (los fondos fiduciarios constituidos en instituciones bancarias de los EE.UU.) por parte de una decisión judicial tomada por el magistrado de primera instancia en Nueva York Thomas Griesa;
- Las protestas cruzadas contra dicha decisión por parte de acreedores, el gobierno argentino, los holdouts, etc.;
- Las repetidas amenazas de desacato de Griesa a la Argentina por la falta de cumplimiento de su sentencia;
- Las adhesiones a la situación de Argentina en variados foros internacionales, pero ninguno de ellos vinculantes para el caso concreto;
- Presentaciones realizadas ante instancias regionales en materia de DDHH (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH, de la OEA);
- Las apelaciones efectuadas por holdins a fin de saber si ellos se ven alcanzados o no por la sentencia de Griesa aún como tenedores de bonos bajo jurisdicción ajena a Nueva York;
- La presentación de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU contra los EE.UU. por responsabilidad internacional;
- La adopción de la Resolución 68/304 por la Asamblea General de la ONU que aprobó la elaboración de un marco regulatorio internacional para los procesos de reestructuración de deuda soberana de los Estados;
- Las declaraciones de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner por Cadena Nacional el 19 de agosto pasado;
- Y la sanción de una ley interna por parte de Argentina que cambia e domicilio de pago a los bonos con cuotas próximas a vencer.

¿Significará todo esto una victoria o una derrota del Estado argentino en su puja contra los "fondos buitres"?

En lo concreto, es decir, en el caso abierto ante el juzgado de Thomas Griesa, todos los eventos mencionados difícilmente tendrán algún efecto sobre las decisiones ya tomadas. Luego de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de rechazar el pedido de Argentina y no tomar el caso, la sentencia de Griesa tiene el valor de haber quedado firme y se encuentra en etapa de ejecución de las medidas cautelares oportunamente solicitadas por los demandantes (los "fondos buitres" NML Capital, Elliott, Aurelius, etc.).

Argentina ha sabido moverse en el terreno político regional e internacional sumando adhesiones. Pero en algún punto debe reconocerse que esta estrategia llega tarde: distinto hubiera sido el peso político de toda esta solidaridad hace al menos dos años, previo al dictado de la sentencia de Griesa que ahora Argentina intenta amortiguar en sus efectos.

No obstante, las reacciones políticas sobre estos hechos no dejan de ser útiles. El caso argentino se exhibe como un caso testigo de lo que los fondos especulativos pueden hacer en su libre accionar dentro del sistema financiero internacional, y enhorabuena resulta que los Estados en general presten considerable atención al caso a fin de poner riendas sobre este tipo de cuestiones, sancionando normas internacionales que limiten la virtual impunidad con la que los capitales especulativos se desenvuelven en los mercados financieros globales.

La resolución de la ONU

En este marco, la Resolución 68/304 aprobada por la Asamblea General de la ONU hoy, 9 de septiembre de 2014, y presentada por Bolivia como actual Presidente del G-77 + China, aprueba el tratamiento y elaboración de una norma internacional que regule los casos de reestructuración de deuda soberana para antes de que finalice el corriente año.

De las adhesiones políticas ocurridas entendemos que ésta es la más importante, ya que es la única iniciativa que tendrá un alcance que vaya más allá de las declaraciones de solidaridad y los gestos de apoyo pero sin que éstos se traduzcan en acciones y medidas concretas. La Resolución -aún cuando no ha de ser vinculante para los Estados- es la única medida con algún tipo de alcance jurídico que sirva de referencia para la formación de una costumbre internacional -que en cambio sí ha de ser obligatoria- o que pueda ser tomada en cuenta como fuente de sentencias internacionales en la materia. Es decir que lo que resulte de esta elaboración puesta en agenda a partir de la 68/304 será la primera pauta formulada por los únicos sujetos internacionales con el peso jurídico y político suiciente como para poder formular una norma jurídica que comience a regular a nivel internacional en materia de deuda soberana.

Nuevas normas bancarias

Pero eso no significa que sea lo único. En el ámbito privado, los principales bancos a nivel internacional y que son tenedores de deudas soberanas de Estados elaboraron un nuevo código de prácticas bancarias en materia de deuda que prevé evitar casos como el de Argentina. Estas nuevas normas contemplan mayorías de entre un 70% y un 75% para el logro de acuerdos a fin de que el 1% de los acreedores que no acordaron no ponga en jaque el total de la reestructuración de una deuda con amplísima mayoría acordada, tal como ocurre con el caso argentino. Sin embargo, este nuevo "código" privado solamente regirá para casos futuros y no tendrá alcance retroactivo, por lo que no beneficiará la situación de Argentina ante los "fondos buitres".

La Cadena Nacional de Cristina y la nueva ley de "pago soberano"

Cristina emitió un mensaje de 44min por Cadena Nacional el día 19 de agosto a fin de comunicar algo simple: el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago de los bonos en el exterior por domicilio en Buenos Aires. En términos jurídicos, el mensaje aportó muy poco: nada que no hubiera podido ser aportado por la exposición de motivos de la ley antedicha. Evidentemente se trató de un mensaje con motivos políticos más que legales.

En lo político, el mensaje mostró lo que la propia Cristina en un momento dejó entrever: impotencia. La que se siente cuando se sostiene algo entendiendo que es lo justo y que sin embargo no por ello gana la partida. Es que Argentina cometió una serie de torpezas, errores y decisiones que no la han llevado a buen puerto, algunos de ellos tomados por gobiernos anteriores, otros por este.

La decisión de no auditar la deuda tras la crisis de 2001-2002 fue una decisión del gobierno de Néstor Kircher que la actual administración (del mismo signo político y partidario) continuó hasta hoy. Las consecuencias se sienten y de la manera más dura. El hecho de que siga durmiendo el sueño de los justos la sentencia dictada por el Juez Ballesteros en el año 2000 en la causa "Olmos, Alejandro c/ Martínez de Hoz s/ Denuncia" y que originó una exhaustiva investigación de la deuda contraída por la Dictadura Militar de 1976, es un hecho de profunda gravedad política e institucional, ya que podría aportar fuertes elementos de prueba para una renegociación que en gran parte se realizó en 2005 y 2010 con la conocida reestructuración pero sin haber considerado estos elementos probados judicialmente.

Las declaraciones presidenciales a veces rozaron un nuevo pedido que, sin llegar a la súplica, insistía en pretender lograr un entendimiento que no se logró hace dos años atrás y que hoy, con sentencia firme en favor de los "buitres", es difícil que se logre.



El caso argentino es evidente: más de 1.000% de rentabilidad; un 1% de bonistas ponen en riesgo un 90% de acuerdo; fondos que se dedican al pleito judicial sin negociación con el objetivo de hacer quebrar las economías públicas; etc. etc. Nadie puede quitar la validez del reclamo de Argentina. Pero la cesión de soberanía dada en el reconocimiento de la jurisdicción norteamericana en los bonos del Megacanje (efectuados por el gobierno de Fernando De La Rúa) significó asumir un riesgo jurídico de beneficiar a los acreedores a costa de los deudores (es decir el pueblo argentino) bajo la mentada frase de otorgar "seguridad jurídica" a aquel cambio de bonos, pero cuyas consecuencias son palpables hoy.

La prórroga de jurisdicción es un riesgo que solamente puede asumirse en regímenes jurídicos cuyos intereses protegidos sean superiores a las dadas por las simples normas dispositivas del derecho internacional. Y nos referimos a las normas de ius cogens o a las obligaciones erga omnes en el derecho internacional. Es lo único a lo que los Estados deben declararse sometidos: normas imperativas, objetivas, como los derechos humanos, y cuyo cumplimiento y observancia vaya más allá de la reciprocidad y el voluntarismo individual de los Estados.

Las cuestiones económicas como la deuda soberana, la política de inversiones, las cuestiones comerciales, si son "entregadas" a las jurisdicciones extranjeras solamente han de favorecer los intereses velados de forma asimétrica en las normas a las que se apela.

En este sentido, la ley aprobada por el Congreso y con el nombre de "pago soberano", no modifica lo sustancial que es la entrega dada de la jurisdicción. Sí efectúa una medida necesaria para evitar posibles efectos inmediatos como los embargos: el cambio en el domicilio de pago. Pero esa medida, aún cuando es sancionada por una ley y aún cuando ésta lleva el presuntuoso nombre de "soberana", requiere de un cambio que debe ser consentido por los acreedores: el nuevo domicilio de pago implica un canje de bonos que solamente será posible si cada acreedor así lo quiere.




Ello supone un nuevo riesgo que no quiso asumir y que fue razón para que esta ley no fuera sancionada hace por lo menos dos meses atrás: nuevos holdouts, o sea, nuevos tenedores de bonos que no desearan hacer este nuevo canje con nuevo domicilio y que quedaran fuera del posible pago, es decir dentro de un default. Aprobada ahora la nueva norma interna, se han manifestado posiciones a favor y en contra por parte de los tenedores de bonos, lo que significa que la medida atenderá parcialmente el problema: evitará los embargos de Griesa y rescatará deuda, pero siempre que quien tenga el bono a rescatar desee ser rescatado...

La necesidad de una auditoría de la deuda

La nueva ley también aborda un viejo reclamo: la auditoría de la deuda. La norma establece la conformación de una Comisión Bicameral que se encargará de este proceso. El tema es demasiado grande como para que quede a manos de una sola cámara o en una sola fuerza política: es necesaria la representación de toda la sociedad en un proceso de auditoría que involucre (y represente) a lo más amplio de los sectores de la sociedad, especialmente a los sectores más afectados que son quienes soportan en mayor proporción las consecuencias del pago.

Es una medida absolutamente necesaria, pues todavía hay pagos sin efectuar sobre una deuda que jamás se ha auditado, con procesos de reestructuración que se fueron sucediendo y que nunca contaron con una revisión del congreso de la Nación como marca el Art. 75 Inc. 4 y 7 de la constitución Nacional, violentados reiteradamente en virtud de delegaciones legislativas prorrogadas automática y sistemáticamente por leyes de "emergencia económica" aún en momento en donde el crecimiento de nuestro PIB alcanzaba -y con nuestra jactancia- récords mundiales de 8% y 9%.

Tan solo resta ver cómo se copondrá la Comisión Bicameral y con quiénes. Sería saludable la incorporación de algún mecanismo de participación social, pues existen sectores y movimientos sociales históricamente ivolucrados en el seguimiento del tema del endeudamiento y que sin dudas es un acervo intelectual que considerar para tamaña investigación, aparte de otorgarle una mayor legitimidad al proceso de la auditoría.