Investigar es trabajar

sábado, 12 de abril de 2014

Tratados de inversión revisados

Por Martin Khor (*)
Los tratados de inversión comienzan a ser cuestionados. Varios países los están revisando a raíz de la gran cantidad de demandas presentadas, alegando que los cambios en las políticas gubernamentales afectan sus ganancias futuras.
Indonesia, por ejemplo, ya notificó a Holanda que dará por concluido su tratado bilateral de inversión y habría adelantado, además, que cancelará la totalidad de sus sesenta y siete tratados de este tipo, según informó la embajada del país europeo en Yakarta.
De confirmarse esta noticia, Indonesia se sumaría a Sudáfrica, que el año pasado hizo un anuncio similar, tras la demanda de una empresa minera británica, que reclamó por pérdidas debido a las medidas gubernamentales destinadas a reparar las políticas del apartheid.
Otros países también están revisando sus tratados bilaterales de inversión, impulsados por el aumento de demandas presentadas por empresas extranjeras con el argumento de que los cambios en las políticas o los contratos gubernamentales afectan sus ganancias futuras. La más importante fue presentada contra Ecuador, que debería compensar a la petrolera estadounidense OXY en 2,300 millones de dólares.
El sistema que faculta a los inversores extranjeros a demandar a los gobiernos ante un tribunal internacional, evitando así la legislación nacional, es un tema de fuerte controversia en las negociaciones en curso del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
El sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados está contenido en los tratados de libre comercio y en los bilaterales de inversión. Cuando se firmaron, varios países ignoraban que, en virtud de disposiciones vagamente redactadas, los inversionistas extranjeros podrían demandarlos con el argumento de que no fueron tratados con justicia o que les expropiaron sus posibles ganancias.
Indonesia fue demandada por la empresa británica Churchill Mining ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, con el argumento de que el gobierno había violado el Tratado Bilateral de Inversión firmado con el Reino Unido cuando se canceló su contrato con un gobierno local en Kalimantan y reclama una indemnización de mil millones de dólares. Éste es uno de los casos que llevaron al gobierno indonesio a revisar sus numerosos tratados de este tipo.
India también está revisando sus tratados bilaterales de inversión, luego de que varias empresas de telefonía iniciaran juicios debido a que el Tribunal Supremo canceló sus licencias para servicios móviles 2G otorgadas en 2008 tras un escándalo de corrupción vinculado a su concesión.
Pero no sólo los países en desarrollo están preocupados con el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados. La Unión Europea se muestra reticente con el mecanismo, similar al del TPP, contenido en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el acuerdo que está negociando con Estados Unidos.
Alemania expresó a la Comisión Europea que el TTIP no debe incluir dicho mecanismo y la ministra de Economía, Brigitte Zypries, dijo al parlamento alemán que el gobierno estaba decidido a excluir de este acuerdo los derechos de arbitraje, según informó el Financial Times. “Desde la perspectiva del gobierno federal [alemán], los inversores estadounidenses en la Unión Europea tienen suficiente protección jurídica en los tribunales nacionales”, aseveró.
En Francia, la ministra de Comercio Exterior, Nicole Bricq, había manifestado su oposición a este mecanismo de arbitraje y en el Reino Unido, un informe encargado por el gobierno también presentó objeciones.
La preocupación europea ante el arbitraje internacional de inversiones tiene dos causas. Las demandas también están afectando a los países de la Unión Europea. (Alemania, por ejemplo, fue llevada ante el CIADI por la compañía sueca Vattenfall, que argumentó haber perdido más de mil millones de euros por la decisión de Berlín de eliminar gradualmente la energía nuclear tras el desastre de Fukushima). Y causan alarma pública. (Un informe de dos organizaciones europeas que reveló la arbitrariedad de las decisiones, cómo el sistema está monopolizado por unas pocas grandes firmas de abogados y cómo los tribunales están plagados de conflictos de intereses conmocionó no solo a la sociedad civil sino también a las autoridades políticas europeas.)
En enero, la Comisión Europea suspendió las negociaciones con Estados Unidos sobre las disposiciones del sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados en el TTIP y anunció que sostendría consultas sobre el tema con la opinión pública durante noventa días.
Hasta el momento, Estados Unidos insiste en mantener el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados en el TPP y el TTIP. Pero si la incipiente oposición europea afecta a las negociaciones del TTIP, podría afectar también a las del TPP, al fortalecer la posición de quienes se oponen a este mecanismo.
Mientras tanto, debe esperarse que otros países quieran revisar sus tratados bilaterales de inversión. Los países en desarrollo que pretenden cancelar sus acuerdos con los países europeos pueden alegar ahora que también sus contrapartes tienen serias dudas sobre el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados.
(*) Martin Khor fundador de TWN y director ejecutivo del Centro del Sur.

lunes, 31 de marzo de 2014

Unasur analiza la creación de un Centro de Solución de Controversias en ...

Esta es la posición de la República de Ecuador sobre la creación de un centro alternativo de arbitraje regional en materia de inversiones en el ámbito del UNASUR.

lunes, 20 de enero de 2014

Javier Echaide en SenadoTV (entrevista)

Comparto la entrevista que me realizaron para el programa de TV "Asia en Movimiento", que se transmite por el canal de cable SenadoTV, de Argentina. temas tratados: los organismos económicos internacionales, como el FMI, el Bco. Mundial y la OMC.

sábado, 30 de noviembre de 2013

Indemnización para Repsol: u$s 5.000 millones y ¿un final felíz?

La noticia de esta semana es: Argentina, España y México negociaron, a espaldas del directorio de la empresa transnacional española Repsol, el pago de una indemnización de US$ 5.000 millones por la expropiación que el Estado argentino realizara en abril de 2012 por el 51% del capital accionario de la empresa petrolera argentina YPF, en control de Respol en un 57% del total de acciones.

Los datos que están debajo de esta marquesina son: 1) Repsol sigue siendo socio del Estado argentino, tanto dentro de YPF (Repsol conserva un 6% de acciones de esta emresa) como en otros proyectos dentro del territorio nacional (como es Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén). 2) El acuerdo se hizo entre los tres gobiernos de los Estados involucrados directa e indirectamente por el tema Repsol: Argentina (el Estado expropiante), España (el Estado de nacionalidad de la empresa expropiada) y México (Estado dueño a su vez de un 9,49% del capital accionario de la casa matríz de la empresa española a través de la empresa Pemex), ignorando la participación de la mayoría del directorio de la transnacional (y en especial de su presidente, Antonio Brufau), que solamente debío analizar el acuerdo ya cerrado sin poder negociarlo, y que finalmente aceptó con el siguiente comunicado: http://www.repsol.com/imagenes/es_es/Repsol_HR_27112013_tcm7-664972.pdf 3) Los US$ 5.000 millones se pagarán en diez años bonos de deuda soberana, con una tasa de interés de entre el 8,25% y el 8,75% y con un plazo de gracia de dos años. 4) Aunque el gobierno argentino presenta a este "preacuerdo" como una "compensación", se trata de una indemnización por los bienes afectados por la expropiación.

De reclamos y declaraciones

Repsol ya había iniciado diferentes reclamos legales a nivel doméstico e internacional, dentro de jurisdicción argentina, española e internacional, dentro de las cuales la más fuerte y resonante es la demanda que emplazó contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organización perteneciente al Grupo del Banco Mundial (BM). El monto de esta demanda es de US$ 10.500 millones, constituyéndose -por lejos- en la demanda más abultada contra el país más demandado en el mundo dentro del CIADI.

Era obvio que, al haber tomado la decisión política en su oportunidad de expropiar las acciones de Repsol, debía indemnizarse a la empresa expropiada. Esto nosotros lo sostuvimos en abril, aún cuando las caras más visibles de ese acto en aquel momento y hoy a cargo de la cartera nacional de Economía, Axel Kicillof, sostuviera que "no se le iba a pagar ni un centavo" (http://www.elmundo.es/america/2012/04/23/argentina/1335193213.html) por la desinversión que efectuara la compañía así como por los pasivos ambientales que podían comprobarse. Hace ruido el evidente cambio de discurso que encontró parangones diametralmente opuestos en el término de 19 meses.

Ya entonces sostuvimos que, aún cuando las cuentas dieran cero, las obligaciones jurídicas en juego eran distintas y con un orígen diferente: una estaba basada en una decisión política de un Estado (Argentina) de realizar un acto expropiatorio en uso de sus facultades soberanas y, por ende, no judicializable. La otra (los pasivos ambientales y la desinversión) provenían de un delito y de un incumplimiento contractual que debían ser probados y sentenciados judicialmente. Decir que podían "compensarse" estas obligaciones era rebajar la decisión política argentina de expropiar a una cuestión que pudiera ser sometida a juicio de un tribunal, además de confundir obligaciones jurídicas diferentes. Si bien las partes en litigio eran las mismas (el Estado argentino y la empresa Repsol), las causas discutibles no lo eran, y las responsabilidades en riesgo tampoco, a menos que la expropiación estuviera motivada en los delitos o en la desinversión empresaria -y no en el interés de utilidad pública, lo cual haría recurrible la medida expropiatoria-. De comprobarse la culabilidad de los delitos ambientales, podrían acarrear a su vez responsabilidades penales en cabeza de los miembros del directorio, lo cual convierte en este acto en algo más agravante que la simple cuestión pecuniaria.

Zanjada esta cuestión y sabiendo que la indemnización -y en esos términos, no con eufemismos tales como "compensación", etc.- era uno de los tres requiscitos legales para cumplir con el instituto jurídico de la expropiación -sanción por ley, declaración de utilidad pública, y pago de una indemnización en montos y tiempos razonables-, caben luego el resto de los análisis respecto de las variables existentes en el caso.

Las características del "(pre)acuerdo"

En principio el preacuerdo es un "buen" acuerdo en términos relativos. Pero hay también mucho que reluce y que no es oro dentro de la operación. Para empezar, el reclamo de la empresa ante el CIADI, de US$ 10.500 millones, es un monto sobrevaluado puesto que equivale al total de las acciones de Repsol en YPF al momento de la expropiación (el 57% del capital total de la empresa) y no al 51% efectivamente expropiado. Indemnizar en esa cantidad a la empresa sería pagarle por lo que la empresa pretendía del 51% expropiado más el 6% que retuvo. Según los números aportados por la propia empresa en la demanda ante el CIADI, el monto de ese 51% expropiado sería de US$ 9.395 millones, una cifra de todas maneras importante.

El cálculo que debemos hacer debe basarse sobre números razonables y no sobre las pretensiones de Repsol en su intento de ser indemnizada por acciones que conserva en su poder. Ergo, los US$ 5.000 millones acordados a pagar por la Argentina resultan ser poco más de la mitad -y no menos como se dice- del reclamo correspondiente: el 53,22% para ser precisos. De todas maneras el monto sigue significando para Argentina una buena operación en términos relativos.

Otra cuestión tiene que ver con el medio de pago. Es habitual que un Estado pague grandes sumas de dinero con bonos. Esto significa que el Estado se endeuda para poder responder a esa obligación. En este caso Argentina emitirá nueva deuda soberana para cubrir la indemnización que deberá pagar a Repsol por la expropiación, lo cual engrosará la deuda externa sumándose a los US$ 115.000 millones que Argentina debe según datos del BM. Los plazos para el pago de dichos bonos son normales: a 10 años (lo cual equivale a pagar US$ 500 millones por año), por lo que los costos económicos y políticos del pago de esta indemnización pasarán seguramente a la "pesada herencia" de un próximo gobierno, provenga o no del actual oficialismo. Sin embargo, no ha trascendido la jurisdicción aplicable en cuanto a la emisión de esos bonos de deuda nueva, y los ejemplos recientes no son muy alentadores: fue el actual gobierno quien emitió la refinanciación de bonos de su deuda externa con claúsulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales norteamericanos, lo cual motivó las demandas en proceso de los "fondos buitre", con riesgos de embargo sobre bienes soberanos como la fragata Libertad en Ghana. Desde ya que sería ampliamente recomendable recordar a las autoridades públicas no hacer tales cesiones de soberanía y establecer la jurisdicción de dichos documentos en los tribunales nacionales argentinos.

La tasa de interés a pagar por dichos bonos es algo tomado a la ligera y para nada analizado. Es una tasa alta, inferior a la que pagan los bonos venezolanos o ecuatorianos (del 12%) pero muy superiores a los de países como México (2,7%) y a tasas consideradas "normales" (de menos del 2%), lo cual demuestra una voluntad de adecuar la modalidad de pago a las exigencias de los mercados financieros internacionales: Repsol ya ha hecho público que no desea quedarse con los bonos de deuda argentinos sino que quiere venderlos en el mercado de valores, por lo que la tasa de interés tiene que ser alta para que la empresa pueda tener una buena promesa de rendimiento con la cual hacer atractiva la venta de estos papeles en el mercado. Por último, lo acordado establece un plazo de gracia de entre 2 y 4 años, lo que favorece nuestra tesis de trasladar los costos a la próxima administración.

La prensa vernácula insiste en subrayar que Repsol habla de un "preacuerdo" aún a instancias de haberse aceptado, dado que todavía falta mucho por definir en cuanto a los detalles del pago, incluyendo posibles avales y garantías que la transnacional española pediría para aceptar los bonos, algo en lo que en principio el gobierno argentino no estaría de acuerdo en conceder.

Ahora las piezas danzan en el CIADI

Por lo demás ya comenzaron a moverse las primeras piezas del juego de apoyos y oposiciones: ADEBA, la asociación argentina de bancos privados, ya se manifestó a favor del acuerdo que, al igual que el pago de US$ 677 millones a cinco demandas en el CIADI por parte de Argentina, orientaría a una reinserción del país en los mercados financieros internacionales, aunque las mismas medidas sean vistas por la prensa oficialista como una "batalla ganada" contra esos mismos mercados...

Con el pago de esta indemnización Argentina pretende que Repsol desista de sus reclamos judiciales, incluyendo el presentado ante el tribunal del CIADI, algo que es presentado como un imperativo por la prensa oficialista local. Recordemos que el pago de esta indemnización -en tanto indemnización que es- hace caer argumentos fuertes por parte de la transnacional española de que no fue compensada por la desapoderación de sus bienes y que se trató de una "confiscación". Empero, a Repsol puede seguir restándole el argumento de la no discriminación que contempla el tratado bilateral de protección de inversiones (TBI) entre Argentina y España en su Art. III.1 y que, así como sostuvimos hace más de un año, entendemos que sigue siendo una piedra angular del reclamo privado contra el Estado. El motivo es simple: Repsol fue la única afectada por la medida del Estado nacional, y como empresa extranjera, se vio perjudicada frente a sus demás socios extranjeros y nacionales, lo cual puede significar un acto discriminatorio respecto de ellos. La contraargumentación que desde abril de 2012 sostenemos es que Repsol era la única tenedora de la cantidad suficiente para obtener la voluntad societaria de YPF (el 51% de las acciones) y que con la medida se afectó el mínimo necesario para que el Estado pudiera hacerse del control de la única empresa nacional en un sector estratégico como el de la explotación de hidrocarburos, cumpliendo el mandato legal de utilidad pública y sin afectar la totalidad del patrimonio de la expropiada, quien conservó el 6% del capital restante en YPF.

El problema no está dado en la forma en que se realizó el acto expropiatorio o en la posición política que se tenga sobre la medida en cuanto a una defensa o no de la negociación por pago, sino en el entramado jurídico que significan los TBI y que al parecer se está cada vez más lejos de tocarse. Estos tratados son un cerrojo para las políticas públicas que puedan afectar algún interés de una empresa extranjera. Cualquier regulación pública posterior al TBI puede motivar una demanda millonaria contra el Estado ante una jurisdicción extranjera pero por compromisos que se resuelven localmente. Y leer esto en clave económica es un error ya que afecta derechos a futuro que el Estado no puede establecer debido al enfriamiento regulatorio que provoca este sistema sobre la voluntad estatal para sancionar su legislación, fijar sus reglas, crear derecho. Eso es invaluable ya que sería similar a pretender "cotizar" la soberanía de un país, sus potestades de ejercer su jurisdicción y de establecer sus leyes. ¿¿Cuánto "vale" eso en dólares...??

De ganadores y perdedores

Prensa especializada, proveniente del riñón del capitalismo financiero internacional y nada "progresista" como Bloomberg, ubica hoy dentro de los "ganadores" del acuerdo a la empresa YPF y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien califica como una "negociadora dura". YPF se ve beneficiada en tanto hallana un problema judicial pendiente y normaliza su situación para continuar con sus inversiones en curso. La propia Repsol puede verse también como "ganadora" en tanto -según declaraciones oficiales- cierra pleitos evitando prolongarlos todavía más en el tiempo, con las demoras y costos que ello significa, lo cual demuestra que el sistema del CIADI, al contrario de su motivo fundacional, no resulta eficiente para los intereses empresarios de ser una instancia rápida y barata para resolver controversias contra Estados.

Si de inversores ganadores hablamos, es imposible dejar de nombrar a Chevron, dato que a Bloomberg no se le escapa pero que la prensa nacional -oficialista u opositora- parece desmerecer. Chevron es el nuevo gran socio del gobierno nacional y de la empresa YPF. Sus recursos económicos van a pasar a explotar el yacimiento de Vaca Muerta mediante la polémica metodología de fractura hidráulica (fracking) que lleva prohibiciones en varios países europeos y cuyo debate a nivel mundial está en peno auge. Repsol tiene también interés en participar de esa inversión y a nadie le gusta tener socios con problemas en el negocio. Por ende, con un problema menos, Chevron puede quedarse tranquilo ante eventuales dificultades en Vaca Muerta...

Si Chevron se halla ausente en las bocas de los medios respecto de la medida, un nombre todavía más silenciado es Carlos Slim. Dueño del 13,3% de las acciones de YPF, vio incrementado el valor de su capital accionario en dicha empresa tras el acuerdo a raíz de la suba en la cotazación en bolsa. Tras el mote de "nacional y popular" dada por la militancia kirchnerista tras la expropiación, la empresa estatal otorga mayor riqueza a quien ya es el hombre más rico del mundo...

Antonio Brufau, presidente de Repsol, es claramente un personaje que quedó apartado de la escena y que, de no ser por el respaldo del accionista mayoritario de Repsol (el Caixabank de España con un 12,02% de las acciones), habría quedado por completo desautorizado ante este acuerdo negociado a sus espaldas.

La figura estatal queda también fortalecida en tanto las negociaciones diplomáticas muestran haber dado buenos frutos para las partes sin por ello denostar la posibilidad que tienen como entes soberanos de ejercer actos fuertes como el de la expropiación, reconocido tanto nacional como internacionalmnete. Pero entre ellos, la participación mexicana dentro de Pemex como accionista del 9,34% del capital de Repsol cobró centralidad para mostrar la complejidad y los matices de voluntades tantas veces centradas en un solo rostro o en una sola voz y que, dentro de esta trama de relaciones internacionales, realmente acaban perdiéndose. Para México también resulta clave el manejo de los recursos petroleros como una política soberana, y dejar este tema irresuelto quizás podría causar roces en futuras intensiones del gobierno mexicano en la explotación que Pemex realiza en el Golfo de México. Por ende: éste era un tema incómodo que debía resolverse.

Por último, CFK puede, en efecto, mostrar localmente su "fuerte brazo en la pulseada ganada al capitalismo internacional", sobre todo luego de una larga internación que la obligó a licenciarse de sus funciones como máxima mandataria por cuestiones de salud. Pero en realidad la habilidad del gobierno se dio más en haber hallado talones de aquiles en la "interna empresaria" que en una postura dura que podría suponer el hecho de "plantarse" frente al capital transnacional. El haberse sometido al régimen de los TBI fue un grave error (si cabe expresarlo así) cometido en los ´90, pero que por el momento la actual gestión, lejos de pretender revertir, parece convencida en mantener. No hay críticas respecto del régimen de los TBI ni de la pertenencia al CIADI -y si las hay no provienen desde el seno del gobierno sino desde sectores externos que le son simpatizantes-. Amagues como los declarados en diciembre de 2012 -durante la visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa en búsqueda de apoyos por el caso Chevron en la Amazonia- han quedado empolvados tras el reciente pago de las cinco demandas que corrobora una dirección contraria a la sostenida discursivamente entonces. La posibilidad de anular o incluso denunciar los TBI -perfectamente aplicable por un cambio fundamental en las circunstancias (justificación jurídica que se conoce internacionalmente como la cláusula rebus sic stantibus)- pudo haberse utilizado en 2003 con el país aún en crisis política-económica-institucional-social-etc., pero no se hizo. Y a diez años vista la responsabilidad política de no ser testigos de la finalización de los plazos de ultraactividad (que en los TBI argentinos son mayormente de 10 años) de estos tratados es algo que lejos queda de lo que puede entenderse como una "ganancia" en esta década y ya no es algo achacable a "pesadas herencias" de gobiernos pasados. El no auditar -como se está haciendo en el caso de Ecuador- este entramado jurídico de los TBI con nuestra Constitución Nacional, con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (todas ellas jerarquizadas a rango constitucional por el Art. 75 Inc. 22 de nuestra Carta Magna) e incluso con las obligaciones erga omnes a nivel internacional, son medidas que pueden impulsarse todavía hoy, pero que siguen sin ensayarse. Estas decisiones incluso están a riesgo de pasar de ser temas pedientes para ser parte del programa de gobierno, "límites en la gestión", pero en cualquier caso voluntad política que no se vio oportunamente en los hechos y que, perdido el 54% de los votos del "vamos por todo" de hace dos años sostenido desde el oficialismo, queda condicionado a una correlación de fuerzas enrarecida que algunos ya se aventuran a denominar "transición".

La película todavía no muestra los títulos finales, por lo que no puede decirse que se haya terminado. La política, que como sostiene Raúl Dellatorre en su nota de Página/12 del 28 de noviembre, efectivamente puede ofrecer soluciones alternativas al "caerse del mundo" si alguien se aparte en un milímetro de la voluntad de "los mercados", al parecer esta vez ha dado soluciones no tan osadas como se ostentan. Las corporaciones no son intocables, como se sostiene en dicha nota, es cierto. Pero el hecho de que las alternativas políticas sigan siendo las ofrecidas dentro del sistema dejan dudas sobre qué es lo que condiciona a qué: si la política a la economía o si en realidad no es un nuevo caso en viceversa.

lunes, 12 de agosto de 2013

Primer round (elecciones PASO 2013)

Transcurrieron las Primerias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) con resultados que pueden leerse para casi todos los gustos. Recordemos que estas elecciones son una (mala) imitación de las primarias norteamericanas y que constituyen una suerte de internas abiertas en todos los partidos políticos que desean presentarse a las elecciones legislativas de octubre, por lo que los resultados concretos se darán recién entonces.

Balance general

El balance general de estas elecciones lo entiendo negativo en términos institucionales. Los resultados de las PASO ahora son relativizados hasta por sus mismos impulsores en la ley que las sancionó. Esta instancia acaba siendo como una gran encuesta oficial que no dirime internas reales –que fue el motivo por el cual se crearon- ya que la mayoría de los partidos políticos se inscribieron en las PASO como desafío previo para superar el umbral del 2% para poder participar de las elecciones reales. Pero casi todos se presentaron con “consensos” internos, como dijo Gabriela Michetti (PRO), es decir como lista única y sin internas que dirimir. Solamente en Capital Federal, el frente UNEN –conformado por la UCR, lo que queda del ARI de Elisa Carrió, Proyecto Sur de Pino Solanas, Libres del Sur, el Partido Socialista y fuerzas unipersonales- resolvió una verdadera interna abierta en estas PASO. 

Hubo otras fuerzas muy menores que hicieron lo mismo, pero que no llegaron siquiera al 1% sumando sus votos. El resto de las fuerzas, fueran de izquierda o de derecha, se presentaron como listas únicas, por lo que la competencia no era entre colegas partidarios sino contra el umbral mínimo para participar en las elecciones reales de octubre. El presupuesto para estas elecciones fue exactamente igual que para las elecciones que se realizarán dentro de dos meses ya que la maquinaria que se activa y se pone a disposición de cómputos, distribución de boletas, llamados a autoridades de mesa y fiscales, etc. es la misma, por lo que si las PASO fueron creadas para resolver internas partidarias de forma abierta por toda la sociedad, entonces no está cumpliendo su objetivo, no porque la ciudadanía no asista a los comicios (se estima que la participación rondó en un 77% del padrón electoral) sino porque los partidos que se presentan, incluyendo el partido oficial, no lo han hecho bajo el verdadero propósito de la ley.

“Un gran movimiento”

El kirchnerismo intenta mostrar los resultados a su favor, por supuesto. Y el total nacional le resulta positivo. Hasta ahora ha resaltado dos aspectos de las PASO: 1) Que son una suerte de “borrador” de las elecciones de octubre y que sus cómputos no pueden mostrarse como algo definitivo. 2) Sin embargo, intenta mostrar esos cómputos favorablemente, diciendo que el Frente para la Victoria (FpV) fue la fuerza más votada del país, lo cual es una verdad a medias.
Si bien es verdad que el FpV es la fuerza política que más votos arrastró a nivel país, también hay que considerar que es una de las pocas fuerzas que se constituyó a nivel nacional, y lo hizo gracias al aparato del Estado que es desde donde se monta el kirchnerismo como partido oficial, por supuesto. El resto de los partidos –a excepción de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR)- rara vez superaron la dimensión provincial, con lo cual es realmente difícil medir una competencia entre fuerzas nacionales. En esas condiciones, resulta sencillo medir al kirchnerismo como “la fuerza más votada a nivel país” cuando en realidad es virtualmente la única.

Otra cuestión es medir la correlación de fuerzas hacia el interior del peronismo. Allí el kirchnerismo sí obtuvo una amplísima ventaja sobre sus competidores internos hacia lo que es el “riñón” del movimiento, y esto se relaciona directamente con la diputa entre el gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). En 2010, el dirigente de la CGT, Hugo Moyano, desafiaba al poder central disputando la conducción del movimiento obrero. Así, Moyano rompió con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y comenzó a formar alianzas con sectores de la oposición. 

Hoy, parte de esa CGT se presentó a elecciones como partido propio y bajo eslógans como “el buen peronismo”: el partido Unión con Fe, que llevaba al “Momo” Venegas y a dirigentes que ostentaron bancas como diputados del oficialismo como Julio Piumatto, no alcanzaron más que el 1,56% de los votos en distritos fuertes del peronismo sindical como ser la provincia de Buenos Aires. Esto resuelve la disputa interna del peronismo en favor de gobierno nacional, que apoyó su estructura en estos últimos años en una construcción anclada en los municipios del conurbano bonaerense y no en la clásica estructura del movimiento obrero sindicalizado.

Los intendentes dicen “jaque”

Sin embargo, allí recae uno de los principales talones de Aquiles del oficialismo: en 2009 el ex Presidente Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. En aquel momento el kirchnerismo se había alejado de una construcción basada en la CGT y había optado por una construcción partidaria con base en el PJ bonaerense –tal como había hecho en 2003 para acceder a la presidencia de la nación, que mostró una alianza entre Kirchner y Eduardo Duhalde, que duró poco-. Rumores sostienen que existieron fuertes discusiones entre Moyano y Kirchner por esta cuestión así como reproches de CFK a su marido por basarse en la construcción municipal afirmando que “lo iban a traicionar”. Es curioso cómo los eventos de la historia se suceden, porque podría decirse lo mismo ahora, solo que en cabeza de “la Señora”, principal responsable de esta táctica política, y ya no del fallecido Néstor Kirchner.

Un dato que no tuvo la relevancia merecida es el siguiente: Sergio Massa (intendente del municipio de Tigre, al norte del conurbano bonaerense, y ex Jefe de Gabinete del actual gobierno nacional) ganó las elecciones de las PASO en provincia de Buenos Aires y agradeció a “los veinte intendentes” que lo apoyaron en esta campaña, que sin dudas lo posicionan como favorito para las elecciones de octubre. El hecho no es para nada menor. Veinte municipios rompieron con el kirchnerismo y establecieron una alianza con uno de los suyos: Massa. 

El total de municipios de lo que se denomina “el conurbano” es de 29 intendencias municipales. Efectivamente, en sólo nueve el oficialismo quedó como primera fuerza, mientras que en las veinte restantes se instaló una nueva fuerza política, un “nosotros” que gira en la figura de Sergio Massa lo que es en realidad una virtual suplantación una vieja dependencia: hace más de diez años, los municipios del conurbano dependían fuertemente del Gobernador de la Provincia. El kirchnerismo resolvió eso ocupando espacios políticos: impulsó la candidatura de Daniel Sciolli –una persona aliada al kirnerismo y con simpatías con la derecha pero sin una construcción política propia, - como gobernados de Buenos Aires y comenzó a tejer fuertes redes directas con las intendencias. Tanto así que al cabo de unos años la relación “conurbano-gobierno bonaerense” pasó a ser “conurbano-gobierno nacional”, sin mediaciones, gracias a las fuertes partidas presupuestarias que Casa Rosada otorgaba directamente a los intendentes más cercanos obviando su pase por la gobernación bonaerense en una relación que se vio cada vez más deteriorada.

Hoy el dato es otro. Políticamente veinte municipios decidieron pasar al frente y erigirse ellos mismos como fuerza política colectiva, y de peso, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. Esto sin dudas hace tambalear el fuerte poder que hasta ayer sostenía la presidenta CFK en el conurbano y de dónde provenía una fuerte afluencia de votos, hoy sostenidos solamente por las provincias del interior del país. Esto es un tremendo dato quizás demasiado desapercibido: el intento de los intendentes de conurbano de romper dependencias con el gobierno nacional y provincial y empezar a armar una fuerza política propia para controlar los tres cinturones que bordean la Capital Federal bajo una figura “propia” (en este caso Serio Massa) y seguramente a futuro la provincia y habrá que ver si no la misma Casa Rosada…

El techo del kirchnerismo

Pero esto es sólo Buenos Aires. Existe además un país, que es en donde el oficialismo nacional intentará apoyarse ahora. Los resultados de ayer pueden tomarse como adversos al kirchnerismo sin que por ello se avizore una alternativa opositora clara. Esto es una debilidad en el arco de la oposición que parece perdurar y que sigue sin encontrar una fuerza unificada. Pero el kirchnerismo también enfrenta dificultades con estos resultados. Esto no significa que esté en riesgo la presidencia de la nación ni mucho menos. Aunque muchos analistas hoy auguran un “post-kirchnerismo”, está claro que el oficialismo sigue siendo la alternativa política más fuerte y que, aunque estas elecciones puedan empañar su mayoría legislativa a corto plazo, no hay –al menos de momento- una fuerza capaz de disputar exitosamente la conducción a nivel nacional.

Como resultado, las bases del kirchnerismo hoy, aunque no con la solidez de hace dos años, siguen estables. Lo que se puso en juego con las PASO es el techo del kirchnerismo, no su piso. Las elecciones presidenciales de 2011 le habían dado al gobierno nacional –reelecto- un cielo casi sin límites: “el 54% de los votos”, “la mitad más uno”, etc. Esa aplastante victoria que hubo, parece ya no estar...

Aunque procuró no modificar la estructura socioeconómica –el mecanismo de paritarias sigue sin modificaciones, la estructura impositiva sigue sin alteraciones muy grandes, la discusión sobre el impuesto a las ganancias no modificó la postura del kirchnerismo, los negocios con empresas extranjeras se mantienen (como lo demuestras los acuerdos con Barrick Gold y el reciente acuerdo con Chevron)-, el gobierno de CFK fue por lo simbólico y con gran éxito: la ley de matrimonio igualitario (2010), la ley de medios (2009) –aunque sin aplicar todavía por los efectos legales presentados por el Grupo Clarín-, la ley de identidad de género (2012), la de fertilización asistida (2013), la por la expropiación de las acciones de Papel Prensa (2013), entre otros éxitos logrados por el kirchnerismo fueron grandes avances principalmente desde el patrimonio simbólico, un costado fuerte de la actual gestión presidencial. Otros aspectos como la Asignación Universal por Hijo (2009) o la nacionalización de las AFJP (2008) y de la empresa hidrocarburífera YPF (2011) –que no abordan lo simbólico- también tuvieron alto impacto, pero no constituyeron la mayoría de las iniciativas políticas de la gestión en estos años.

¿Una sola oposición?

La derecha porteña tuvo una victoria pírrica en Capital Federal. Sin dudas que la única gestión que hace sombras a la de Balcarce 50 se encuentra justo en frente, cruzando Plaza de Mayo, en Bolívar 1, sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde gobierna Mauricio Macri (PRO) desde hace 6 años. El PRO ganó en Capital, pero mantuvo estanco su número de votos, similares a los de hace 2 años. La derecha porteña esperaba captar más sufragios producto de una aparente ciudad descontenta y aficionada a cacerolazos “anti-K” (está probado que algunos de los principales organizadores de dichos cacerolazos “apolíticos” contaban con una activa militancia en el PRO hasta hace algún tiempo). Pero esos augurios no se vieron concretizados. 
El planteo del PRO, más conservador que nunca en términos políticos –Gabriela Michetti se mantuvo en su candidatura para senadora en Capital en vez de pasarse a provincia, Macri mantiene sus ambiciones presidenciales aunque aún no cuenta con una estructura nacional, los ministros del Gobierno de la Ciudad (de tercera línea en el PRO) se mantendrán en sus puestos y no irán a ocupar puestos en las elecciones de octubre, etc.- logró un solo avance: tendrá su primera senadora porteña en su historia. Pero ese logro individual de Michetti se empaña con una modificación sustancial: el PRO perdió en la totalidad de las comunas porteñas, algo que había sido completamente distinto hace tan sólo dos años cuando su victoria sobre el FpV fue tan aplastante como la pérdida de anoche. El PRO de Macri quedó segundo en todas las comunas frente a la nueva alianza UNEN y ante el FpV, que ganó solamente en la Comuna 8, al extremo sur de la ciudad.

El kirchnerismo está en un fuerte retroceso en la Capital Federal, que nuevamente mostró su profundo anti-peronismo. Daniel Filmus es derrotado por cuarta vez (2007, 2009, 2011, 2013), aunque en esta ocasión ha alternado un acostumbrado segundo puesto a un tercero…

Otra cuestión a analizar es si los votos de la interna de UNEN –única fuerza que realmente se presentó a unas internas abiertas- pueden sumarse o no. Todos los cómputos los muestran sumados, lo cual señala una victoria aplastante en Capital Federal, desplazando al PRO en un relegado segundo lugar y al kirchnerismo (FpV) en un todavía más lejano tercer puesto. UNEN está compuesto por la vieja UCR, el PS, los resabios del ARI de “Lilita” Carrió, Proyecto Sur, Libres del Sur y de algunas candidaturas unipersonales (los economistas Alfonso Prat Gay y el ex Ministro de Economía kirchnerista Martín Lousteau, ambos sin estructuras partidarias). El favorito a ganar las PASO era Ricardo Gil Lavedra, un experimentado parlamentario proveniente del radicalismo, quien se presentaba para renovar su diputación con Pray Gay y Victoria Donda, que se cadidateaban para senadores. Paradójicamente, esta fórmula quedó lejos en un tercer puesto dentro de UNEN. En cambio, la inexplicable alianza entre Elisa Carrió (ex radical de centroderecha) y el cineasta Fernando “Pino” Solanas (peronista de centroizquierda) arrasó con un fuerte triunfo en las PASO. 

De este modo sorprendente, Carrió regresa a la primera escena de la política nacional ocupando la cabeza de la alianza con su antiguo partido –la UCR- y Solanas se asegura la candidatura al Senado para sí, y cuando no para dos bancas. Se verá ahora si las alianzas con Carrió a la cabeza –experta en destruir coaliciones políticas- se conservarán como están hasta octubre y más allá.

Los otros

El PS ganó en Santa Fe, aunque con menos afluencia de votos. Hay quienes hablan de un “efecto tragedia de Rosario” (la explosión hace pocos días de una caldera en una casa que causó cerca de 15 muertes) que afectó la imagen del socialista Hermes Binner. En Capital, el PS no presentó candidatos dentro de UNEN, lo cual preservó su imagen al no arriesgar candidatos, caso que no se vio con Victoria Donde en Libres del Sur.

La izquierda ortodoxa tuvo un fuerte avance tanto en Capital federal como en provincia de Buenos Aires, los dos distritos más importantes del país. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) obtuvo cerca de un 4% en ambos distritos y se posicionó como cuarta y quinta fuerza, respectivamente. Y en Salta obtuvo el segundo puesto, superando el 17% de los votos, convirtiéndose en la sorpresa nacional.

La derecha de Francisco de Narváez, obtuvo el cuarto lugar con un 10% de votos en provincia. Sin aliados fuertes, queda condenado a fundir sus fuerzas con Massa, su ex aliado Macri o a estancarse en el mapa político.

La UCR logró retornar como estructura nacional y, con ello, el retorno a un bipartidismo aunque de nuevo perfil: con mayor grado de alianzas. Este “neobipartidismo” –con aromas nada nuevos- es la antítesis paradojal del “que se vayan todos” de hace doce años… Las nuevas iniciativas provenientes de fuerzas universitarias, sindicales, barriales, etc., como Camino Popular en la Capital Federal, superaron el 2% de los votos, con lo cual aprobaron la prueba de fuego: pasar las PASO y lograr presentarse en octubre, aunque no alcanzaron una afluencia de votos mayor, como se esperaba. Parte de esos votos quizás hayan ido al partido Nueva Izquierda (alianza entre el trotskista MST y el ecologista Partido Social) que no superó la prueba: con el 1,20% de los sufragios porteños, no le fue suficiente para llegar a octubre. Aún así, la izquierda -en todas sus expresiones- alcanzó el 10% de los votos a nivel nacional.

Las expresiones más de ultraderecha (el “ingeniero” Blumberg, padre de un muchacho asesinado y que en 2004 logró convocar multitudinarias movilizaciones en reclamo de seguridad) quedaron sin apoyo para las elecciones de octubre, a pesar de las masivas concurrencias de antaño lo cual muestra que detrás de esas convocatorias no existieron construccioens políticas propias sino utilización de figuras coyunturales, y no podrán presentarse a las próximas elecciones.

Este puede ser un balance de las elecciones de ayer. Todo en borrador, de cara a octubre. Aunque poco hay que muestre un cambio sustancial en las elecciones por las bancas dentro de dos meses.


miércoles, 7 de agosto de 2013

Argentina ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, representó en su carácter de máxima mandataria del Estado, a la República Argentina en la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocada al efecto de asumir la presidencia rotativa de dicho órgano en cabeza de nuestro país, como así también para tratar la "Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Al efecto, Argentina presentó una declaración que fue aprobada por unanimidad como Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, bajo la clasificación S/PRST/2013/12, que se linkea al título de la presente entrada.

Aquí seguido se postea la intervención de Cristina Fernández a cargo de la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

domingo, 2 de junio de 2013

Rampedre: el derecho al agua

Sitio web con base de datos sobre el derecho al agua en el mundo. es un proyecto ambicioso que intenta reunir, de todos los países del globo, legislación, jurisprudencia, noticias... Todo en cuanto al agua.

La jurisprudence sur le droit à l’eau et à l’assainissement