Investigar es trabajar

miércoles, 31 de enero de 2007

Empresas recuperadas

Este es un resúmen de un artículo publicado recientemente en la Revista del Instituto de la Cooperación (IDELCOOP) Nro. 175/2007.

Hablar de empresas recuperadas es hablar de amplitud de temas. Involucra aspectos diversos como el de la gestión, la subjetividad, la sociología, la economía, la política y el derecho. Precisamente, en estos últimos dos aspectos podemos ver cómo se ponen a prueba hasta las propias bases en donde se levanta la sociedad capitalista hoy, en pleno siglo XXI. Pero igualmente resultan todavía pocos -muy pocos- los análisis que se hacen acerca del
tratamiento jurídico y legal de estas empresas y los conflictos que ellas afrontan en este terreno. Para decirlo de otro modo más llano: mientras la sociología se maravilló con estas experiencias y enriqueció sus estudios con ellas, el derecho quedó estupefacto y se replegó en su biblioteca para ver cómo responderle, cómo contestar a lo que “los trabajadores estaban haciendo”, como si estuvieran ausente los intereses patronales y del capital.


Hoy este tema se ha convertido en una arena donde se dirimen proyectos de expropiación de empresas recuperadas por sus trabajadores hasta reformas de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ, Ley 24.522), con sus correspondientes análisis favorables o no, con las correlaciones de fuerza a favor o en contra de los intereses de los trabajadores afectados.

En otros trabajos nos hemos referido a las modificaciones que se impulsaron dentro del mercado de trabajo como exigencia previa para las inversiones privadas, sobre todo las provenientes del exterior. Ello cambió radicalmente las relaciones laborales hacia el interior de las relaciones sociales de producción, básicamente alterando la reglamentación existente dentro del derecho laboral. De este modo se modificó la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) y se sancionó una serie de “leyes alternas” como la Ley de Empleo, la Ley de y las denominadas “nuevas modalidades contractuales” dentro del trabajo: la Modalidad Especial de Fomento del Empleo y el Contrato Especial de Aprendizaje (Ley 24.465), el Sistema de Pasantías (Dto. 340/92), entre otros. Con esta “flexibilización” tendiente a otorgar mayor competitividad al capital en desmedro de los derechos laborales, se abrió todo un abanico de formas de contrato laboral que no garantizaban las conquistas sociales y los derechos asumidos por la legislación anterior y producto de las luchas sociales de décadas. Paso seguido, las empresas empleadoras transformaron las relaciones de trabajo en beneficio propio y en perjuicio del trabajador, o bien desafectó parte de la mano de obra empleada generando desocupación.


El nacimiento de este tipo de empresas recuperadas por sus trabajadores se vincula estrechamente con ese modelo económico que recurrió a los “manuales” más clásicos sobre acumulación de capital para poder obtener los resultados esperados: la maximización de ganancias depende de la producción de plusvalía y de la realización o venta de lo producido, que en ambos casos es apropiado por el empresario capitalista, por lo que se origina la acumulación de capital necesaria para reinvertir y obtener una acumulación en ascenso, una acumulación ampliada de capital. Dicha acumulación depende esencialmente del grado de explotación de los recursos dentro de la empresa, en especial de los recursos humanos, es decir de la explotación sobre los trabajadores. Este modelo entra en crisis cuando el capitalista no puede llevar más allá el grado de explotación sobre sus obreros, bien porque ellos ya trabajan demasiado con lo que aumentar su explotación significa correr deficiencias en la producción, bien porque la ley ya había sido violada o modificada y no podía serlo más todavía, o bien porque el día solamente tiene 24hs y no se puede explotar por más de esa cantidad de tiempo...


El criterio de eliminación de los costos laborales (vía despidos) para la conservación de los costos empresariales (alto nivel de ganancias para la empresa y de dividendos para los capitalistas), constituye en uno de los puntos más criticables por las empresas recuperadas. Y la propuesta de ellas ha sido la eliminación de estos últimos, lo cual constituye toda una amenaza para los sectores patronales porque equivale a un desafío por parte de los trabajadores al hacer realidad la convicción de “nosotros podemos producir sin ustedes”.


El resultado de ese cóctel resultante de la administración patronal parece un muestrario del punto de inicio de donde tiene que arrancar una empresa recuperada: proveedores con un tendal de créditos pendientes; deudas de a quintales con el Fisco y que a veces superan la propia valuación de los bienes de la empresa; empleados desocupados o en vías de quedar en la calle o con contratos laborales precarizados; condiciones de trabajo que rozaban con la ilegalidad -cuando no eran ilegales de por sí-; impuestos evadidos y cargas sociales históricamente impagas; etc. Si después de todo este listado de opciones los números seguían sin cerrar, la última opción que restaba era la de comenzar a hacer un “vaciamiento”; es decir: transferir los fondos y bienes de la empresa hacia fuera para constituir otra y seguir operando, dejando a los trabajadores y proveedores (aunque muchas veces estos pudieron continuar comerciando con un arreglo y quita en sus créditos) esperando a la Providencia para que les pague...


La oportunidad para los capitalistas de cometer estos manejos de “vaciamiento” de empresas se la dio la propia Ley de Concursos y Quiebras, la cual en 1995 modificó su contenido derogando el instituto de la calificación de conducta mediante la cual podía calificarse la responsabilidad de los administradores de toda empresa fallida por los posibles manejos fraudulentos que hubiera hecho. Esto obedeció perfectamente a una de las tantas concesiones otorgadas al capital en pleno embate neoliberal en Argentina durante la administración de Carlos Menem (1989-1999). Después de 1995, el vaciamiento de empresas tuvo una puerta ampliamente abierta. De esta forma se fugaron los activos de muchas empresas por propia decisión de los capitalistas. La fuga de la patronal fue lo que siguió después para evitar la responsabilidad que le significó realizar esas prácticas. No es necesario remitirnos a las medidas de fuerza tomadas por los trabajadores y el proceso que debieron recorrer hasta tomar la empresa y ponerla a producir. Contamos ya con numerosas recopilaciones y análisis sobre esas experiencias concretas. De lo que muchas veces no contamos es de los análisis jurídico-ténicos de estos casos.

El abandono de una empresa por su cúpula empresarial supone el cierre inmediato de la misma. Esto lleva implícita otra suposición: que los empleados son incompetentes a la hora de trabajar por sí solos. [No obstante,] Los vaciamientos, los fraudes y las quiebras no fueron ocasionadas por los trabajadores, sino por los sectores patronales de las casi 180 empresas recuperadas hoy, sin contar las miles que no formaron parte de este proceso y se cerraron. Pero en última instancia, resulta muy difícil de explicar cómo personas [como la patronal,] “capacitadas para la función empresaria”, de “gran dinamismo” y de “mucha capacidad de decisión” (valdría decir “expertas”) no hayan podido sostener las empresas por ellos comandadas y las hayan dejado en la ruina o peor, ya que con su escape podría atribuírseles responsabilidad dolosa por actos fraudulentos (como el vaciamiento de la empresa, la evasión de impuestos, de prestaciones, etc.); mientras que “vagos” sí logran sostenerlas, sí logran organizarse de una manera más democrática, y en muchos casos hasta recuperan posiciones dentro del mercado interno y externo (caso Pauny, ex Zanello, [que ocupa el 80% del mercado de exportación en fabricación de tractores en Argentina] entre otros) que en épocas de patrones no tenían.

En este marco de situación [abandónica], es común encontrarse entonces con procesos judiciales abiertos por parte de la gestión patronal, sea ya en un concurso preventivo o en un proceso de quiebra. Pero también puede tratarse de una empresa que no se halle en ninguna de esas dos situaciones (el Hotel Bauen es un ejemplo de ello), por lo que no es exacto decir que siempre tendremos una juicio de quiebra o un concurso abierto cuando estemos hablando de una empresa recuperada. Por lo general entonces, cuando los trabajadores deciden tomar la empresa y ponerla a producir comúnmente se encontrarán contra los intereses del juzgado comercial que atienda el proceso judicial que se trate.

Resulta claro que el primer paso para recuperar la empresa es estar adentro de ella. Tras la ocupación pacífica de los inmuebles, el primer objetivo para evitar los desalojos policiales era el obtener la custodia de los bienes de las empresas fallidas. Las razones que se manifestaban de parte de los trabajadores eran que ellos se harían cargo de la custodia y conservación de los bienes para evitar el vaciamiento del que comúnmente eran objeto esas empresas. Con ello asegurado, el paso siguiente era que se otorgase la concesión de la continuidad de la empresa en quiebra.

Allí se dio una de las conquistas parciales de la lucha de los trabajadores. La mencionada Ley de Concursos y Quiebras prevé [hoy] la posibilidad de dar continuidad en la explotación a la empresa quebrada en forma excepcional y a discreción del juez, bajo el razonable criterio de que la liquidación de una empresa en funcionamiento da mejores valores que si se tratase de una empresa cerrada y en deterioro. En la segunda mitad de 2002 (en plena etapa de transición, luego de la explosión social de diciembre de 2001 y previo a la asunción de Néstor Kirchner en 2003) se introdujo la única modificación surgida del “fenómeno” que aquí tratamos, en la mencionada excepción regulada en el art. 190 referido a la posibilidad de continuar la explotación de la empresa a pesar del estado de quiebra. La modificación permitió que los trabajadores, constituidos previamente en cooperativa de trabajo, pudiesen presentarse ante el juez comercial para solicitarle se les otorgue la continuidad de la empresa quebrada.

Ahora, para que los trabajadores pudiesen presentarse ante el juez debían hacer una presentación seria de cómo habrían de gestionar la empresa en manos de la cooperativa si el juez decidía otorgársela. Así es como los trabajadores organizados en cooperativa, han presentado ante los juzgados comerciales los planes de recuperación; y para que estas presentaciones fuesen consideradas “serias”, quien aquí escribe ha visto cómo los trabajadores ofrecían sus propios créditos laborales como garantía. En muchos casos, el juez comercial -cuya finalidad es también buscar fondos para la quiebra y así poder responder a los acreedores- otorgaba la explotación de la empresa por dos años a la cooperativa y se hacía de los créditos que los trabajadores entregaban voluntariamente a fin de que la entrega de la explotación se hiciese realidad y ellos pudiesen conservar la fuente de trabajo. Los trabajadores preferían regalar sus créditos -que nunca sabían si podrían cobrar o no- y conservar en sus manos la empresa para recuperarla.

Incluso las presentaciones de las cooperativas demostraban una planificación por un tiempo mucho más largo que el otorgamiento de la concesión: personalmente también he visto cómo estas presentaciones mostraban planes de recuperación a seis años, mientras que los jueces no suelen otorgar la explotación de las empresas quebradas más allá de los dos años.

Es esto lo que los trabajadores han denominado -erróneamente- “expropiación transitoria”: al otorgamiento de la continuidad de explotación para la cooperativa por parte del juez comercial. No se trata de una expropiación ya que nunca está en tela de juicio la propiedad de los bienes que se explotan (sean bienes muebles o inmuebles): los bienes siguen siendo de la empresa quebrada. La diferencia está en que, sin importar la propiedad, los bienes son explotados por la cooperativa de los trabajadores.

Ahora, ¿por qué es común que se otorgue por dos años esa explotación? La respuesta es sencilla, aunque no está a la vista: dos años es el período de tiempo en que se suele demorar para la liquidación de los bienes dentro de un proceso de quiebra. O sea: el cálculo del otorgamiento de la explotación de la empresa en definitiva no altera en absoluto el normal proceso tendiente al remate de los bienes. La cooperativa operará por dos año son lo bienes de la empresa quebrada. Al término de ese tiempo -y si no se renueva por otro período idéntico la concesión- los bienes vuelven a manos de la quiebra para su correspondiente liquidación. Entretanto los trabajadores deberán haber juntado tanto dinero en esos dos años como para ser capaces de comprar la empresa: comprársela al dueño que los estafó y los abandonó para que él pueda pagar sus créditos… Esta es una de las contradicciones a los que los trabajadores son arrojados para poder seguir trabajando.

Comúnmente los argumentos en contra de las leyes de expropiación se basan en que con ellas los trabajadores “se hacen dueños” de los bienes encontrados en la quiebra por medios “indebidos” o “desvirtuando” institutos como el de la expropiación, afectando los intereses de los acreedores. Esto es falso. Primero porque no es la cooperativa la que expropia absolutamente nada, es el Estado (Nacional, Provincial o Municipal, depende del caso). A menos que se halla cambiado el instituto de la expropiación dentro del derecho vigente, un particular (la cooperativa) no puede expropiar a otro particular (la quiebra, dado que los anteriores dueños han perdido toda disposición sobre los bienes de la empresa por su estado falencial). Y el Estado debe fundamentar su expropiación. Generalmente lo hace por la acuciante situación social (altos niveles de desempleo, altos niveles de pobreza, destrucción del tejido social y del sector productivo, etc). En virtud de ello, el propietario de los bienes expropiados pasa a ser el Estado y no la cooperativa, los trabajadores o cualquier otro particular. Esto también abre un debate en torno a la efectividad de las leyes de expropiación para lograr que los bienes de la empresa recuperada sean de los trabajadores que la recuperaron. Al menos hoy, esto no es así: los bienes son del Estado y no de los trabajadores. Lo que el Estado sí hace es conceder o arrendar dichos bienes expropiados (muebles e inmuebles) a la cooperativa para su uso. No existe un traspaso de propiedad en beneficio de la cooperativa, por ende los operarios no pueden disponer libremente de dichos bienes.

Una vez dictada la ley de expropiación se le quita la potestad jurisdiccional al juez comercial sobre los bienes afectados [art. 21 LCQ]. Esto ha resultado ser una estrategia eficaz para los trabajadores de estas empresas para centrar su situación como un problema socio-político y no estrictamente económico. No se trata de un caso aislado de una empresa que ha cerrado, sino que se trata de los efectos de un modelo económico (el neoliberal) aplicado durante más de una década. Hablamos, en este caso en particular, de más de 160 empresas en todo el país y más de 15.000 familias, a los que pueden sumarse casi 2.000.000 de puestos de trabajo en posible “recuperación” por vía autogestionada. Empero, esto no significa que se cierre el proceso de quiebra. En absoluto, el proceso sigue, lo cual nos hace plantear otras cuestiones.

Como por ejemplo respecto de la indemnización previa que surge del dictado de la expropiación. No hay perjuicio alguno para la masa de acreedores de la quiebra con el dictado de la expropiación, puesto que ella debe efectuarse con el pago de una indemnización que debe ser previa al acto. Y este es otro tema actual. Hoy día, el Estado expropiante dicta las leyes pero posterga el pago de las indemnizaciones para el momento en que se cumpla con el procedimiento administrativo que se abre con la dictada ley expropiante. Esto no debe ser así. La quiebra debe hacerse de ingresos que tienen que determinarse por la ley dictada y, preferentemente, en base a la valuación ordenada dentro de la quiebra, puesto que el juez comercial deberá ordenar a un banco público la tasación de los bienes para poder liquidarlos en algún momento.

De esta forma y hasta el momento, las únicas modificaciones de la LCQ que han atendido a las empresas recuperadas han sido sobre la posibilidad de presentación como cooperativa de trabajo de los empleados de la empresa para lograr la excepcional continuidad de la misma en sus manos (art. 190).

Siendo que el plazo de los dos años comienza con la sanción de cada ley realizada al efecto de cada caso de empresa, también vencerá en momentos distintos para cada caso en particular. En lo concreto esto ha fragmentado la lucha de este sector de empresas (y de los sujetos que las recuperan) poniendo su atención a las necesidades de cada fábrica individual y no a las del sector en conjunto, dado a que el interés de una definición de fondo es compartido por casi todas ellas.

La cuestión política de fondo aún está lejos de ser resuelta en forma definitiva, ya que a medida de que estas empresas se han topado con diversos obstáculos (legales y de hecho), se ha decidido postergar las soluciones de raíz y de darle un tratamiento político al tema. Es decir: desde el surgimiento del proceso -y también podemos decir que ello continúa hasta hoy- el hecho de no adoptar una salida política al conflicto en las empresas recuperadas ha sido una decisión que el Estado ha mantenido desde la crisis.

Las leyes de expropiación no han resultado ser una solución de fondo. Sí han sido una forma de quitarle potestad a los jueces comerciales del tratamiento del caso, habiendo negado estos el dar la continuidad de la empresa en manos de los trabajadores en los términos de los arts. 189 y 190 de la LCQ. Debemos tener en cuenta que esta posibilidad de dar continuidad a la empresa fallida (mayormente, los casos de empresas recuperadas abandonadas por sus anteriores dueños suponen la existencia de procesos de quiebra o de concurso preventivo en desarrollo) es totalmente excepcional y a discreción del Juez de la quiebra, por lo que no es “automático” el traspaso del manejo de la empresa de manos de los dueños fugados a las de los operarios. Muchas veces los magistrados han denegado los pedidos de continuidad; y en caso de haberlas otorgado, tal continuidad no resulta tampoco de un término indefinido y con transmisión de propiedad, puesto que dicha entrega resulta ser precaria y se halla enmarcada en lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras: los bienes siguen siendo de la quiebra y éstos, así como todo el proceso de continuidad, se hallan supeditados a la liquidación de la quiebra, la cual se estima que ocurre normalmente en un término de dos años de iniciado el proceso judicial.

En todos los casos, los trabajadores no han podido desarrollar una salida política que contenga las necesidades de su sector, porque se han visto constantemente con barrera que el sistema les ha impuesto para que sus intenciones de emancipar su fuerza de trabajo se vean absolutamente frustradas. Por su parte, el Estado no se ha encontrado a la altura de las circunstancias para poder hallar una salida política que atienda las necesidades sociales.

Los desafíos siguen latentes y, sin ánimos de excluir otros, podemos resumirlos en los siguientes:

· Resolver políticamente su situación en general.

· Superar la fragmentación y la desmovilización que el sistema les va imponiendo con el paso del tiempo.

· Avanzar en la capacitación de sus propios trabajadores asociados para potenciar los niveles de producción y así afianzarse económicamente.

· Instalarse socialmente en forma diferenciada de las empresas capitalistas (por su forma cooperativa, por su práctica autogestiva y como ejemplo de pelea concreta por la emancipación de la fuerza de trabajo).

· Mantener el funcionamiento interno logrado tras la recuperación de la empresa, pues ha sido una forma de organizarse decidida por cada grupo de trabajadores.

Para avanzar en estos temas es que el pasado 9 de diciembre de 2006, 25 empresas recuperadas de casi todo el país decidieron conformar la primera federación de empresas recuperadas: la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA). Esto va más allá de los movimientos creados hasta ahora (el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas -MNER- y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores -MNFRT-), pues es la primera vez que las propias empresas recuperadas se integran para establecer una cooperativa de segundo grado. Han planteado un período de 160 días para sumar a más empresas y conformaron hasta esa fecha un Consejo de Administración Provisorio compuesto por: Coop. Cooptravi (Santa Fe) en la presidencia, Coop. B.A.U.E.N. (Cap. Fed.) en la vicepresidencia, Pauny S.A.-ex Zanello- (Córdoba) en la secretaría, y la Coop. Vitrofin (Santa Fe) en la tesorería; y acordaron una declaración de principios en la que han fijado como objetivos para esta etapa:

- Lograr una Ley Nacional de Expropiación.

- Lograr la constitución de un fondo de capital de trabajo para todas las empresas recuperadas.

- Lograr la promulgación de leyes específicas que contemplen la figura de empresa, fábrica recuperadas y trabajadores autogestionados.

- Conquistar el derecho a la obra social, la ART y la jubilación.

Lo que los trabajadores han hecho es lo que en definitiva han venido haciendo desde siempre: trabajar. Trabajar a pesar de todo, de los intentos de desalojo, de los enfrentamientos con la policía, de las calumnias y los intentos de desprestigio, de las trabas judiciales, de los vaivenes de la política, de la falta de financiamiento, la indecisión de todos… salvo la de ellos. Han venido demostrando, contra todos los pronósticos, que la política se hace creando, que los cambios se generan haciendo -y no hablando-, que la transformación de la sociedad puede comenzar desde el ámbito más sencillo en donde uno está inserto. Y sobre todo, de que es posible hacerlo.

martes, 23 de enero de 2007

Papeleras III: El fallo de La Haya

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda) y organización perteneciente a las Naciones Unidas (ONU), emitió en el día de hoy su fallo sobre las medidas cautelares solicitadas por Uruguay contra la Argentina por los cortes de puentes internacionales causados por asambleas vecinales en reclamos -que ya llevan 2 años- contra la instalación de plantas pasteras de celulosa ("papeleras") en el margen uruguayo del río Uruguay. Hay que leer el fallo con detenimiento (disponible en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iau_orders/iau_order _provisional_measures_20070123.pdf), pues hay ciertas confusiones en cuanto a la competencia. Según los medios argnetinos la CIJ se declaró incompetente, al tiempo que denegó la pretensión de la República Oriental del Uruguay que había solicitado tres medidas cautelares tendientes a levantar los cortes de los puentes internacionales que lindan dicho país con la provincia de Entre Ríos (Argentina), puesto que los cortes no provocan un "riesgo inminente" "ni hay urgencia" como para dar a lugar a las cautelares solicitadas. Sentenció que los cortes tampoco consisten de manera suficiente en medidas que causen un "daño" que sea "irreparable" para el Uruguay. Sin embargo, el Embajador uruguayo José Luis Cancela ya destacó a agencias de noticias que el tribunal internacional sí se declaró competente en la causa, "algo que Argentina siempre denegó".

Cabe aclarar que la cuestión de fondo todavía no está resuelta, sino que la CIJ se ha expresado solamente sobre la etapa cautelar, lo cual no adelanta juicio sobre la cuestión definitiva.

El fallo ciertamente sorprendió a la delegación argentina y al gobierno argentino, que hasta el día de ayer esperaban un resultado adverso. Esto era comprensible dado que meses atrás en instancias previas al fallo final se había avanzado por recomendar el levantamiento de las medidas de fuerza sobre los puentes, al tiempo que ya ha habido laudos arbitrales en contra de los cortes (ver posteo del 12/12/2006). No obstante la CIJ siempre ha sido restrictiva en cuanto al otorgamiento de cautelares: ello lo ha demostrado tiempo atrás denegándole a la Argentina medidas que había solicitado en su momento por los mismos hechos que ahora Uruguay reclama.

Hasta aquí la noticia. Posteo algunas direcciones web que pueden interesar para su posible consulta:
Diario Clarín (Argentina): http://www.clarin.com/diario/2007/01/23/um/m-01350143.htm
Diario La Nación (Argentina): http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=877605
Diario Infobae (Argentina): http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=297805&IdxSeccion=100799
Asamblea de Gualeguaychú: http://www.noalapapelera.com.ar/portal

Las repercusiones de esta decisión tampoco se han hecho esperar: el gobierno uruguayo sigue pidiendo el levantamiento de los bloqueos de puentes internacionales como condición previa a iniciar cualquier diálogo con Argentina, a pesar de este fallo adverso. "En ningún momento la Corte dice que los cortes sean legítimos, este fallo no significa una legitimación jurídica de los cortes, por lo que nosotros seguimos pidiendo que se levanten", expresó el secretario general de la Cancillería uruguaya, Jose Luis Cancela, número tres del ministerio y uno de los integrantes del equipo jurídico que se presentó en La Haya.

El Embajador Cancela dijo que "Nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de levantar los cortes porque es una medida ilegítima, y eso es previo a cualquier instancia de diálogo, eso no va a cambiar", quien también declaró que su gobierno "acepta y respeta" el fallo de la Corte. "Nosotros sabíamos que la Corte tiene un criterio restrictivo, el tribunal entendió que las condiciones de irreparabilidad del daño no se dan, nosotros entendemos que sí, pero acatamos el fallo", aclaró el secretario general.

Cancela destacó también como un "punto positivo" que el fallo hizo mención a que la resolución de hoy no impide a Uruguay volver a pedir la implementación de medidas cautelares si considera que la situación se modifica. El secretario general señaló, asimismo, que la Corte reiteró que los países deben abstenerse de ejercer cualquier acción que complique aún más la situación. El embajador explicó que, por ahora, su gobierno no emprenderá ninguna otra acción y queda a la espera de la visita, la semana próxima, del enviado del Rey de España Juan Carlos I de Borbón, que ejerce de "facilitador" en el conflicto.

La Corte emitió hoy su fallo y dictaminó por 14 votos contra 1 que las circunstancias actuales no ameritan la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

En su oportunidad, Uruguay denunció ante el Tribunal Permanente de Arbitraje del Mercosur los bloqueos de los puentes, y éste falló que eran ilegales en tanto violaban el derecho a la libre circulación de bienes y servicios (dado que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta y como tal contiene los principios del libre comercio) y que el principio imperante dentro del Mercosur es el del libre comercio, no el de "protección al medio ambiente" que había alegado Argentina. No obstante, el Tribunal tiene competencia en materia de integración y cuesitones comerciales que atañen a los países del bloque, a la vez que emite laudos -que son no vinculantes en forma directa, aunque admiten futuros reclamos por medidas ejecutorias- y no sentencias como la CIJ o resoluciones vinculantes como el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que dejaba cierto manto de duda sobre la competencia del Tribunal para obligar al gobierno argentino a reprimir los cortes. Por esta razón el Presidente Néstor Kirchner no tomó ninguna decisión efectiva para evitar los bloqueos, por lo que Uruguay presentó un pedido de medidas cautelares ante la CIJ que le obligase a impedirlos, alegando que éstos tienen como fin último impedir la construcción de la planta de Botnia. Este último argumento del Uruguay fue rechazado por la Corte en La Haya.

Durante dos audiencias públicas, celebradas el 18 y 19 de diciembre pasados, las delegaciones de Uruguay y Argentina expusieron sus argumentos acerca de los bloqueos de los tres puentes internacionales que comunican ambos países. El gobierno uruguayo argumentó que los cortes en los puentes sobre el río que divide naturalmente ambas naciones obstaculizan su "derecho" a construir la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia. Argentina, por su parte, había argumentado que Uruguay se encontraba obligada a consultar previamente a la Argentina por las construcciones que pudieran realizarse en la rivera del río y que pudiesen afectar el mismo o las poblaciones cercanas, a la vez que sostuvo que sus ciudadanos tienen derecho a manifestarse y que, además, los cortes no obstaculizan las obras de la fábrica de celulosa, cuya construcción rechazan por considerar que será contaminante. Internamente, Uruguay posee el problema que las inversiones de la empresa Botnia están protegidas por un tratado bilateral de inversión (TBI) entre Uruguay y Finlandia, y que cualquier medida que afectara el nivel esperado de ganancia de la producción de dicha planta podriá ser justificativo para la transnacional de una demanda contra el país hermano por una indemnización a ser fijada y bajo el concepto de "medida equivalente a expropiación". Empero, Argentina no está en mejores condiciones respecto de este tema en particular.

Según los primeros tracendidos del fallo, la CIJ sentenció que un tribunal regional sería el más adecuado para la resolución del conflicto. La denuncia de Uruguay fue planteada en términos de conflicto internacional por el derecho de levantar industrias en la frontera de su país, y que los cortes de puentes constituían un bloqueo ilegítimo contra el Uruguay. La Corte, falló diciendo que las medidas de los asambleistas no afectaban directamente la construcción de la planta -puesto que efectivamente dicha construcción nunca se ha detenido y continúa hoy a pesar de los cortes- y que la acción no tiene el mérito suficiente como para causar un daño irreparable a dicho país.

La cuestión del "daño" siempre suele ser un problema central en este tipo de ámbitos internacionales, y la prueba del mismo en forma indubitable es la que generalmente sirve de fundamento basal para los fallos.

Si bien esta decisión de la CIJ no prejuzga sobre la cuestión de fondo -que sigue pendiente de resolución- es posible que empiece a haber cierta contradicción entre las resoluciones de tribunales. Para explicarme, debemos considerar que la CIJ emite sus fallos de acuerdo al Derecho Internacional Público (DIP) vigente, mientras que tribunales como el Tribunal Permanente de Arbitraje del Mercosur laudan de acuerdo a las normas de derecho regional, no sobre el DIP. Por ende, es como si cada corte tomara sus decisiones con base en libros diferentes. Un conjunto de normas puede decir "A", el otro puede decir lo contrario; y la razón de ello es que las esferas de juricidad son distintas: mientras que la CIJ sentencia sobre cuestiones que atañen al derecho internacional entre Estados, el Tribunal Permanente del Mercosur emite laudos (no obligatorios) que involucran temas que hagan a la integración regional, generalmetne vinculados con temas comerciales, de importaciones y de flujo de mercancías y servicios. Y ambos tribunales pueden "contradecirse" porque estarán hablando de aspectos diferentes del mismo hecho y posiblemente del mismo tema: uno versará sobre la existencia o no de daño a un país y el otro a la violación o no del libre comercio. Y esos son temas distintos regulados en forma y bases posiblemente diferentes.

Existe un gran principio jurídico que dice que "el derecho es uno solo", aludiendo a que solamente hay una sola arquitectura jurídica y que dicha construcción es armónica y, en consecuencia, no contradictoria. Si se evidencian contradicciones dentro del derecho, deben ser subsanadas mediante los procesos judiciales que interpreten las normas en oposición y las pongan en sintonía con principios generales como guía de dicha armonización. Esto es lo que dicen los libros de derecho. En la realidad -algo que va más allá de las bibliotecas- puede haber muchos derechos, y el caso que aludimos es un ejemplo exacto. Pero lo que se evidencia con todas estas cuestiones es que las leyes locales son rehenes de los poderes económicos. Lo que en principio está construído para asegurar el bienestar de los habitantes de un país/región/ciudad pronto se ve contra el corriente chantaje que significa "atraer inversiones" que aseguren los negocios del poder. Y muchos de esos negocios van en contra de los derechos de esos habitantes. Así se da entonces la dicotomía entre "empresas vs. pueblo" y que cada vez se agudiza más. Y frente a este tipo de plenteos no existe salida jurídica. La salida es política.

viernes, 19 de enero de 2007

Papeleras II: Cortes y clases

Sin dudas, el tema del verano es la continuidad de la cuestión de las papeleras (en la primera foto, la planta pastera en construcción de Botnia en Fray Bentos, Uruguay). Durante estos últimos meses, los asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú retomaron sus medidas de protesta, movilización y bloqueo para manifestarse públicamente contra la instalación de las plantas pasteras de celulosa que se están construyendo en la costa uruguaya del río Uruguay, cerca de la ciudad de Fray Bentos (ver posteo del 12/12/2006). La movilización llegó a Buenos Aires, y los bloqueos fueron retomados ante la falta de atención que el gobierno nacional ha dedicido tomar frente a los reclamos. No es casual: el gobierno argentino ha tenido durante el 2006 dos sentencias contrarias del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur en cuanto a temas de protección ambiental como argumento para restringir el libre comercio de mercancías o inversiones en la zona de integración. Pero además, el tema ha sido un obstáculo serio para las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Kirchner y el de Tabaré Vázquez.

Ha habido mucho manejo político por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, al menos del lado argentino, pues las primeras movilizaciones coincidieron con las campañas electorales de la provincia de Entre Riós y las protestas pronto fueron acompañadas por el gobernador entrerriano y posteriormente por el gobierno nacional (en la segunda foto, un acto del Presidente Néstor Kirchner en Gualeguaychú, en el mes de mayo de 2006, contra las papeleras).

El problema se basa en que ambos países han asumido compromisos previos a nivel internacional cuya consecuencia causa efectos perdurables en el tiempo y en la realidad de los ciudadanos, que el Estado debería velar. En vez de ello, evidentemente han imperado los intereses económicos de los grupos empresariales beneficiarios en realizar este tipo de inversiones -tanto en Argentina como en Uruguay- que se sabe son contaminantes. Cuando los tratados de libre comercio fueron signados por ambos países por los gobiernos de turno (ver en Uruguay: http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Uruguay; y en Argentina: http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Argentina) ignoraron o desdeñaron los posibles riesgos de este tipo de acuerdos en cuanto al control -o la pérdida del mismo- del ingreso de este tipo de industrias a los países.

Tanto Argentina como Uruguay tienen plantas pasteras y su grado de contaminación no varía respecto del lado de la frontera donde estén situadas ni por la diferente legislación que pudiese estar vigente en cada país. Hay una salvedad que hacer: la legislación uruguaya es más avanzada en materia ambiental que la argentina. Pero ello no obsta para que ambas legislaciones sean ajustadas de acuerdo a las necesidades de los capitales trasnacionales que son los verdaderos interesados de poner este tipo de industrias en los países del Tercer Mundo. Muy falsos resultan los argumentos queriendo defender nacionalismos chauvinistas de supuestas competencias entre naciones que francamente comparten casi todo: desde historia en común, colores en sus banderas, próceres, costumbres y hasta jugadores de fútbol en sus ligas locales.

Pero uno de los principales puntos de contacto durante el verano es, precisamente los lugares vacacionales. Es sabido que lo más "chic" de la sociedad porteña pasa sus vacaciones en la ciudad uruguaya de Punta del Este. El snobismo porteño también ha llevado al dicho que dice que esa ciudad "es como si fuese una colonia argentina", que "lo único que le falta es que se le cambie la bandera" para que "Punta" (como se le dice) pase a ser "territorio argentino" (y con ese dicho parece que se le hincha el pecho a más de un ricachón "patriota"). Y todo esto es algo que los uruguayos también saben.

Gualeguaychú es una ciudad situada en la provincia argentina de Entre Ríos, lindante con el Uruguay. Pero venido el verano, la protesta del corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos parecía carecer de eficacia (y de mediatismo), por lo que la asamblea ambientalista decidió trasladar los bloqueos a la salida del puerto de Buenos Aires, para impedir la afluencia habitual de turistas argentinos en el país hermano. Esto sumó adrenalina al conflicto "del otro lado del charco", lo cual calentó todavía más la caldera uruguaya contra "los argentinos" en general.

De este lado del río, la decisión recibió muy malas críticas... por supuesto de la clase social destinataria del beneficio del punto turístico uruguayo por excelencia (Punta del Este): la "high society" que calificó la medida como "equivocada" y comparándo a los asambleístas con "piqueteros" (como si ello fuera ya un insulto natural), mientras que durante un año no había emitido juicio sobre las medidas. La cuestión es clara: si los cortes de puentes se dan en Gualeguaychú, es un tema que les atañe a los lugareños. Ahora, si los cortes son en el lugar donde la "gente bien" usa para irse de vacaciones, entonces la medida es despectivamente "piquetera", "una locura", etc.

Pasó lo mismo con los piqueteros. Estas organizaciones sociales no nacieron con el 2001. Comenzaron a aparecer allá por 1996 en lugares tan remotos para el mapa argentino como Cutral-Co, Plaza Huincul o Tartagal. Básicamente se trataba de lugares con muchísima población desocupada y cuya única forma de relamo "gremial" (si uno tiene trabajo, hace huelga. El problema es qué hacer cuando uno ya no tiene trabajo donde hacer el paro) era cortar no la producción de bienes o servicios (la huelga) sino cortar las vías de circulación de esa producción que se hacía ahora presindiéndolos: es decir, cortar las rutas. En casos como Tartagal, la ruta que se cortaba era la de acceso a la frontera con Bolivia. Pero este "detalle" mereció poca atención de los alejados porteños en aquel momento. Para principos del 2000, las agrupaciones conocidas como "piqueteras" se encontraban ya fortalecidas y con todo un proceso acumulado de experiencia y trabajo, por lo que comienzan a acercar sus métodos de protesta a la metrópoli donde se ubica el poder nacional: Buenos Aires. Ahí es cuando la clase media y alta comienza a ver con malos ojos a esos grupos. Claro, los cortes los perjudicaban ya directamente al transeunte porteño que se despreocupaba por la situación en Tartagal en 1996, pero que ahora debía vivirla en el 2001: con los cortes se impedía el "normal" tráfico en una ciudad por demás abarrotada de automóviles con una sola persona en horas pico. La crisis del 2001-2002 y la solidaridad despertada del "piquete y cacerola, la lucha es una sola" suspendió esas primeras críticas; pero pronto resurgieron en la medida en que "todo volvió a su cauce"...

A todo esto, en pleno verano, hubo una nueva reunión cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, y las delegaciones argentina y uruguaya mostraron la misma altura que habían tenido para encarar el tema: la de niños de 8 o 10 años que se echan culpas mutuamente sin llegar a ninguna resolución del problema que tienen entre manos. Sin embargo, considero que se cae en un error cuando la delegación brasileña sostiene que se trata de una cuestión bilateral. Lo es, pero encararla de esa manera es dejarle a estos "niños" la solución mientras se perjudican las relaciones a nivel internacional para todo el grupo de integración. Si las exposiciones tanto de Argentina como de Uruguay se centran en este conflicto sin que por ello se pretende arribar a una solución conjunta, las relaciones diplomáticas se verán perjudicadas y esa tensión teñirá el marco de la reunión de todo el Mercosur. Además, si el problema de fondo es cómo deben ser encarados los tratados de libre comercio y los de protección recíproca de inversiones para intentar prevenir este tipo de consecuencias (tanto de daño al medio ambiente como de las políticas), el tema le incumbe a todo el bloque regional y no sólo a dos países.

Sin embargo, está claro que el Mercosur no dará solución a este tipo de problemas dentro de las directrices ya trazadas. Los dos fallos del Tribunal Permanente de Revisión son claros ejemplos al respecto. Por ende la salida debe ser una salida política, y para ello debe partirse de una condición de diálogo con interlocutores que estén a la altura de las circunstancias; algo que ni Uruguay ni Argentina han demostrado estar, en tanto permanezcan en este ping-pong de "uds. violaron el tratado del Río Uruguay" (argumento argentino) y "uds. mantienen los cortes de puentes" (argumento uruguayo).

Si el tema se mantiene enfocado desde una perspectiva de nacionalismos, no habrá avances comunes, puesto que Uruguay mantiene su tesitura en proteger la inversión para la papelera (la española ENCE levantó voluntariamente la construcción, no así la finlandesa Botnia) y respetar los compromisos asumidos por miedo a las demandas que pudieran venir como consecuencia de retroceder en posde los reclamos ambientales y para apasiguar el conflicto social. Argentina, por su parte, mantiene la postura de no reprimir los cortes -cosa que no haría mas que profundizar la crisis con los habitantes de Gualeguaychú y recrudecer el conflicto- pero tampoco dar soluciones políticas buscando canales de diálogo a nivel regional (lo intentó vía Brasil, pero Lula se negó a intervenir en el tema bajo el argumento antedicho). Por ende, se han buscado otros árbitros para llevar a cabo los buenos oficios y acercar a las partes; y dicho árbitro ha sido el Rey de España. La elección no resulta felíz, puesto que el Rey no es un "tercero" en el conflicto, sino que entiende en la cuestión (esto quiere decir que es parte en el caso) al ser monarca de uno de los países donde está radicada una de las empresas que realiza la inversión que, precisamente, es la causante del los hechos a discutir. Con tal razón, no puede considerarse que la opinión del Rey será "imparical" sino que seguramente beneficiará los intereses no de argentino ni de uruguayos, sino de la transnacional española y, en consecuencia, de sus accionistas.
(A comienzos de la segunda semana de diciembre se supo que la planta será instalada cerca de la localidad de Conchillas, en el departamento uruguayo de Colonia, frente a la costa argentina del Tigre. La planta producirá el mismo nivel que la de Botnia: un millón de toneladas de pasta de celulosa por año, y estaría funcionando a partir de 2009.)

A todo esto comienza a sumarse en estos últimos días una sospechosa campaña mediatizada de "robos a argentinos" en las ciudades uruguayas de La Paloma y Cabo Poloinio, en la costa este de dichjo país. Se trata de delitos comunes, no puede hecharse más leña al fuego en una situación tan caldeada. El tema no puede plantearse en términos de país vs. país (Argentina vs. Uruguay), o de habitantes de un lado del río contra habitantes del otro lado ("argentinos vs. uruguayos"). Es ridículo. Es de muy mal gusto observar ciertos afichas callejeros en Buenos Aires que dicen "Chau Uruguay, siemrpe fuiste traidor". Lamentable. El probleme debe ser encarado de una vez por todas desde una perspectiva de ahúne a los pueblos y países hermanos a fin de tomar decición sobre políticas que son regionalmente comunes, pues afectan por igual a todos: ¿qué hacer con este tipo de industrias provenientes de corporaciones multinacionales so pena de poner en riesgo la calidad y el estilo de vida del pueblo que habita la región? Y no es una cuestión menor, es un tema que ocupa un serio debate en otros lados del mundo como Europa, Estados Unidos o algunos países en Asia, y que lleva el nombre de "principio precautorio". Se trata de decidir qué pesa más en la balanza: si los derechos sociales de los pueblos o el lucro de las empresas. Y es hora de abrir ese debate...

jueves, 18 de enero de 2007

Candidato a Premio Nobel de la Paz

Y se ha propuesto la candidatura. Evo Morales Ayma (foto), actual presidente de Bolivia, ha sido propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz 2007. De ganarlo, sería uno de los muy pocos casos en que el presidente de un país, estando aún en funciones, se hace acreedor de tal galardón. Cualquier propuesta a Premio Nobel debe estar encabezada por algún Premio Nobel anterior. En el caso de la presentación de esta candidatura, que inclusive sorprendió al propio Morales, fue encabezada por el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel (http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel) e impulsada con el apoyo de un conglomerado nutrido de firmas de intelectuales, personalidades del mundo, movimientos sociales como los movimientos de pueblos originarios de Bolivia o la Confederación Quechua del Ecuador, e inclusive logró el apoyo de diversas coaliciones políticas que mostraron su agrado tras la candidatura, como ser la la coalición Izquierda Unida de España.

El último Premio Nobel de la Paz (2006) fue dado a Muhammad Yunus y el Banco Grameen por su trabajo de lucha contra la pobreza y el otorgamiento de créditos para los más necesitados en uno de los países con más pobreza en el mundo: Bangladesh. Algunos otros ganadores de dicho premio (y que en algunos casos también despertaron polémica) han sido: la activista política y ecologista keniata Wangari Maathai (2004), el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan (2001) conjuntamente con la organización que presidía hasta el año pasado, el ex Presidente Norteamericano Jimmy Carter (2002), la organizacion social Médicos Sin Fronteras (1999), los líderes políticos Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin (1994), el lider sudafricano Nelson Mandela (1993), la indígena guatemalteca y luchadora por los derechos indígenas Rigoberta Menchú (1992), el estadista soviético Mijaíl Gorbachov (1990), o los Cascos Azules -fuerza armada de de la ONU- (1988). El listado completo puede conseguirse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz.

Los motivos de la candidatura son varios, pero principalmente se apoyan en su extensa lucha porel reconocimiento y respeto de los derecho indígenas en su país, lo cual le significó su inserción política como lider del sindicato de productores cocaleros de Bolivia y su particiàción posterior en la fundación del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que lo llevó a la presidencia el año pasado, convirtiéndose así en el primer presidente indígena de la historia de Bolivia.

Hasta el momento la candidatura está reuniendo un gran apoyo, en momento en donde nuestro país hermano está teniendo una fragmentación en torno al apoyo u oposición respecto de la presidencia de Evo Morales, por las fuertes medidas que está tomando en pos de beneficiar a los sectores más postergados de Bolivia.

viernes, 5 de enero de 2007

Recuerdos de una reforma revolucionaria

Pareciera que fue allá lejos y hace tiempo. Pero a veces las apariencias engañan. Estos son los reportes sumariados por un historiador argentino, Felipe Pigna, de una reforma revolucionaria: la Reforma Universitaria de 1918, que comenzó en Córdoba pero que se extendió a toda Argentina... y más allá también.

"Todo empezó a fines de 1917 cuando arbitrariamente las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modificar el régimen de asistencia a clase y cerraron el internado del Hospital de Clínicas. Esto llevó a la movilización de los estudiantes que crearon un "Comité pro Reforma" integrado por 8 delegados de las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería. (...) Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril de 1918, el "democrático" Consejo Superior decidió clausurar la universidad. El comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos (...).
La Reforma se iba tornando sanamente contagiosa y en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo Loudet, con Julio V. González (La Plata) como secretario y los vocales Guillermo Watson (Buenos Aires), Humberto Gambino (Litoral), Alejandro Terrera (Tucumán) y Gumersildo Sayago (Córdoba). En Córdoba los estudiantes disuelven el Comité pro Reforma y fundan la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Por su parte, los sectores reaccionarios, horrorizados por la "insolencia" de la movilización estudiantil, se nuclearon bajo el curioso nombre de "Comité pro Defensa de la Universidad" y los Centros Católicos de Estudiantes, con Pedro Tilli como presidente y Atilio Dell´Oro Maini como secretario.
(...) Pero fataba dar el paso más importante: la elección del rector. Los estudiantes nucleados en la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez Paz, y lanzaron su candidatura en un acto en el Teatro Rivera Indarte. La "contrarreforma" impulsaba a Antonio Nores y los "moderados" a Alejandro Centeno. En las dos primeras votaciones ningún candidato alcanzó la mayoría, y para la tercera los partidarios de Nores consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por 24 a 13 a Martínez Paz.
El edificio donde se realizaba la elección estaba rodeado por cientos de estudiantes que al enterarse del resultado adverso, y entendiendo de que se trataba de una maniobra de los conservadores, invadieron la sala donde sesionaba la asamblea, destrozando todo lo que pudieron y tirando por las ventanas los cuadros de los profesores, muchos de ellos sacerdotes. Lo único que quedó en pie y se respetó fue la biblioteca. Se proclamó nuevamente la huelga general, la revolución universitaria y la universidad libre. Los estudiantes marcharon por la ciudad recibiendo el apoyo de la población en general y del movimiento obrero en particular.
Cuando el rector Nores intentó asumir sus funciones volvieron a producirse incidentes. Finalmente se reunió en su despacho con miembros de la FUC, quienes le solicitaron la renuncia, a lo que, según algunas versiones, el "democrático" rector contestó que prefería un tendal de cadáveres antes que renunciar. Mientras tanto, ordenaba a la policía la detención de los delegados.
El accionar de los estudiantes cordobeses obtuvo la adhesión de sus pares porteños, de distintas organizacioens obreras y de políticos e intelectuales destacados como Homero Manzi, Alfredo Palacios, Francisco Borroetaveña, Juan Zubiaur, José Ingenieros, Juan B. Justo, Juan Luis Ferrarotti, Mario Bravo, Telémaco Susini, Enrique Dickman, Nicolás Repetto, Augusto Bunge, Antonio de Tomaso, Juan P. Tamborín y Leopoldo Lugones.
El 21 de junio los estudiantes cordobeses dan a conocer el denominado Manifiesto Liminar, redactado por Deodoro Roca y dirigido a "los hombres libres de América del Sur", aludiendo al pasado emancipador de Bolívar y San Martín y al presente de su tiempo, el de las luchas revolucionarias de Zapata, en México, y Lenin, en Rusia. (...)." (extraído de "Los Mitos de la historia argentina 3", Ed. Planeta, 2006).

¿Agún parecido con la actualidad...? Quizás haya una diferencia de gravedad entre la preferencia por "un tendal de cadáveres" de 1918 con "que se averiguen los antecedentes de los estudiantes que protestan" del flamante Rector en pleno 2006, pero qué tanto la hay de actitud...? Le sugeriría al rector aquella pieza redactada hace 88 años por unos "locos estudiantes" de Córdoba, no? Por las dudas, aquí se linkea el Manifiesto Liminar en su redacción completa. Muy recomendable leerlo.

Moloch Siglo XXI. A propósito del Imperialismo y las Cumbres (libro)

En noviembre de 2005 se realizaron en la ciudad argentina de Mar del Plata dos cumbres paralelas de carácter continental que trascendieron por su importancia como hechos políticos. Por un lado se desarrolló la IV Cumbre de las Américas convocada desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la presencia de 34 presidentes del continente -incluyendo el norteamericano George W. Bush, el venezolano Hugo Chávez y por supuesto el argentino Néstor Kirchner, pero excluyendo la participación de Cuba-, con agenda en la que se encontraba un claro interés por la firma del tratado que establecería el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Por el otro, se desarrolló la III Cumbre de los Pueblos convocada desde la Alianza Social Continental y desde la Campaña Continental contra el ALCA, que conglomeraba a un sinnúmero de fuerzas sociales, sindicales, políticas, religiosas, etc. de todo el continente y algo más.

De más está decir que, mientrasla primera de las cumbres (la oficial) acabó en un rotundo fracaso, la segunda de las cumbres (la de los pueblos) se convirtió en un hito de la lucha global, pues significó el hecho político que coronó 8 años de campaña en contra de la firma del ALCA con una virtual "sentencia de muerte".

Para aquella oportunidad, un grupo de intelectuales argentinos -compilados por Julio Gambina- redactaron una serie de artículos contenidos en "Moloch Siglo XXI. A propósito del Imperialismo y las Cumbres", editado por el Centro Cultural de la Cooperación (CCC). Incluye una serie de artículos -desde literarios hasta académicos- que tratan de abarcar todo el amplio espectro de lo que convocó a la III Cumbre de los Pueblos.

Se destacan artículos que hacen un raconto por el proceso de lucha contra el ALCA, otros que vinculan la estrategia del libre comercio con la de militarización en aumento en el continente, y otros que profundizan en el análisis respecto del la continuidad del avance libre comercio más allá del ALCA: en los TLCs y en la OMC, como así también mecanismos de solución de controversias que se vinculan al ALCA como ser el CIADI, organismo del Banco Mundial que crea tribunales arbitrales post facto para la solución de diferendos referentes a inversiones.