La siguiente es una ponencia que hemos presentado para el IX Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), que se realizará en la ciudad de Santa Fe del 19 al 22 de agosto próximos. La publicamos aquí a fin de contribuir con el debate académico.
La democracia global del consenso: ¿construcción o fabricación?
Un acercamiento a los conceptos de democracia de la OMC y de sus movimientos sociales críticos
Por Javier Echaide
jechaide@hotmail.com
“En general [la democracia]se la usa para justificar las estructuras existentes de clase y poder: Ustedes son el pueblo y su soberanía consiste en tener elecciones cada cuatro o seis años. Y eso significa que nosotros, el gobierno, somos legítimos aún para lo que no nos votaron. Hasta la próxima elección no es mucho lo que pueden hacer por sí mismos. Entretanto, nosotros os gobernamos porque representamos al pueblo y lo que hacemos es para bien de la nación... La esencia de la democracia es que el gobierno tiene que tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere. No hay ningún mecanismo eficaz para hacerlo: el gobierno representativo no es muy eficaz. A veces funcionan mejor la prensa o los movimientos directos.” (Eric Hobsbawm, 2007)
Introducción La intención del presente trabajo es tratar de manera comparada la conceptualización sobre la democracia en una institución internacional como es la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en las llamadas “nuevas redes de resistencia global”, particularmente la constituida en contra de la OMC: la OWINFS . Para basar esta comparación vamos a trabajar sobre el concepto que cada uno de estos espacios tiene sobre democracia partiendo de la base de que se trata de un concepto históricamente complejo y discutido, similar al de “pueblo” o al de “sociedad civil”. Entonces, aquí planteamos, siguiendo a Ansaldi (2007a) que ésta no puede ser entendida sin un adjetivo: “Democracia es, se sabe, un término polisémico, lo cual añade más dificultades. Así la democracia es entendida, por caso, como una forma política de la dominación de clase, un instrumento, una forma institucional neutra en términos clasistas, un campo de lucha por la hegemonía, un sinónimo de socialismo, una forma de vida, una forma de sociedad o cualquier otra cosa. Y como si ello fuera poco, está la cuestión de la adjetivación. Contrariamente a Enrique Krauze, para quien la democracia liberal, o la democracia sin adjetivo, es la democracia, me encuentro entre quienes creen que es un sustantivo que, para su cabal comprensión, sí requiere un adjetivo. Claro, que la elección de éste no es una cuestión trivial ni menor. A guisa de ejemplo, señalo una lista nada exhaustiva: burguesa, capitalista, de baja intensidad, delegativa, directa, formal, liberal, limitada, nominal, obrera, participativa, popular, protegida, radical, real, representativa, restringida, revolucionaria, social, socialista, sustantiva, tutelada..., apenas una veintena de adjetivos entre no menos de ¡quinientos!” (Ansaldi, 2007a).
Pero tampoco deseamos circunscribir el presente trabajo a una mera descripción carente de un análisis crítico que pueda surgir como consecuencia de dicha comparación. En este sentido entendemos que la consolidación de los procesos democráticos -no solamente a niveles nacionales sino también a instancias internacionales- no puede desentenderse de las posibles críticas de lo que se ve como “la democracia realmente existente”, esto es la democracia dentro del mundo de las relaciones sociales capitalistas. En este sentido merece la atención las interpretaciones marcusianas y habermasianas en cuanto a la posibilidad o no de una reconstrucción legitimadora de los problemas que socavan precisamente la legitimación del capitalismo tardío, mediante la vía de lo que se denomina “consenso”, el cual es uno de los mecanismos esenciales para la toma de decisiones en el ámbito de la OMC.
De este modo, hemos dividido el presente trabajo en tres partes sustanciales: una parte en donde analizamos en términos teóricos los problemas de legitimación del capitalismo tardío y los argumentos cruzados en torno a mecanismos de relegitimación, una segunda parte donde se analiza el contenido del significado de democracia según la OMC y según el enfoque de los movimientos sociales críticos a este organismo internacional, y una tercera y última parte en la que trataremos de reflejar algunas conclusiones y reflexiones críticas de este trabajo comparado.
De la democracia del consenso a la crítica sobre la cooptación ¿Qué es una crisis? ¿Por qué y cuándo se producen? “Según la teoría de los sistemas, las crisis surgen cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica. Contra la fecundidad de esta concepción para las ciencias sociales puede aducirse que descuida las causas internas de un reforzamiento “sistémico” de las capacidades de autogobierno (o una irresolubilidad “estructural” de problemas de autogobierno).” (Habermas, 2002). Con ello, una crisis se produce cuando el sistema no encuentra respuestas a los problemas que lo ponen en jaque, con lo cual queda comprometida su legitimidad en términos de la carencia de sentido que significa conservar un sistema que recurrentemente jaquea el funcionamiento de la sociedad. Pero es a su vez muy cierto que, frente a la presentación de crisis irresolubles provenientes desde los componentes intrínsecos que conforman el sistema social vigente -esto es el capitalismo-, se suelte también pasar por alto los mecanismos integradores que, precisamente, operan en virtud de lograr una recomposición de la legitimidad que se halla puesta en tela de juicio a partir de que la crisis es percibida como no sólo una amenaza circunstancial, sino como una presencia latente y persistente del funcionamiento mismo del sistema en cuestión. En síntesis, es bastante común que, en miras de analizar las razones de una crisis intrínseca del capitalismo, se suela soslayar los elementos que actúan para la recomposición del sistema.
Así es, la actualidad del capitalismo liberal -un capitalismo desplegado en los procesos técnicos, en el dominio asfixiante sobre la naturaleza (a punto tal de poner en jaque al medio ambiente a escala global) y sobre la naturaleza humana- ha sido expuesta por Jürgen Habermas como un régimen en el que el conflicto de clases se ha vuelto latente y las crisis periódicas, definidas como cíclicas por Adam Smith, se han convertido en una crisis permanente y larvada. Un sistema social que se constituye en un sistema-en-crisis logra, como puede comprenderse, un profundo socavo en su legitimidad para permanecer como sistema imperante. Sin embargo, y a fin de evitar el advenimiento de una crisis sistémica terminal, operan mecanismos de recomposicion, dentro de los cuales el Estado asume un fuerte protagonismo mediante una función sustitutiva del mercado como autorregulador del proceso económico en los momentos críticos (Hebermas, 2002). Es mediante el Estado, por ende, que se producen mecanismos de relegitimación del sistema, puesto que el Estado habilita medios de participación social dentro de la vida política, reservando el protagonismo de los ámbitos de la vida económica a los actores ya instalados del status quo.
Esta relegitimación política para la conservación de las relaciones económicas instaladas se condice con la escisión entre el ámbito político y el ámbito económico del funcionamiento social, fenómeno que ha sido analizado desde la filosofía kantiana a la marxista. Esta crisis de legitimación ya mencionada ha venido hallando sus mecanismos relegitimantes en el funcionamiento de la “cultura de masas”, ya fuere a partir de expresiones políticas como la del fascismo italiano, el nazismo alemán, el stalinismo soviético o el populismo latinoamericano, desplazando la clásica construcción clasista de los antagonismos sociales a una nueva concepción no muy definida de “las masas” a las que se les conceden canales de participación en el Estado, menguando de este modo posibilidades de encarar un proceso emancipatorio.
Es preciso llamar la atención en cómo los mecanismos consensuales han venido pisando cada vez más fuerte en la medida que la legitimación del capitalismo tardío ha venido siendo cada vez más problemática. Así, la vía del consenso como mecanismo de participación parece ser el último método de relegitimación del sistema en épocas de la globalización.
Según Habermas, si el proceso de racionalización (en sentido weberiano) ha avanzado hasta el punto en que la economía y la organización política se rigen por una acción con arreglo a fines (en donde se hace carne la máxima de que el fin justifica los medios) y en una sociedad caracterizada por la distribución asimétrica de las oportunidades de vida, el problema se evidencia en oposición a las primigenias tesis de Marx, puesto que el avance de las fuerzas productivas no determina necesariamente la transformación de las relaciones sociales de producción. Así, el despliegue de la técnica (techné) facilita la operatoria productiva sin alterar las relaciones de producción, y la burocratización de los distintos espacios institucionales de la vida política es nada menos que una expresión de este despliegue conservador.
Frente a ello, la demostración de vías consensuales en la toma de decisiones ya no en cabeza de los Estados entre sí a nivel internacional, sino en la institucionalidad de organizaciones internacionales respecto de sectores de la sociedad civil, es un mecanismo reactivo frente al despliegue técnico-burocrático de los espacios decisorios o mismo frente al avance del unilateralismo: “Incluso el gobierno más prudente, que decide por su propia cuenta sobre sus prioridades en la defensa propia, sobre las intervenciones humanitarias o sobre la creación de tribunales internacionales, nunca puede estar seguro de que en su ponderación de bienes y en sus consideraciones normativas distinga suficientemente entre sus propios intereses y los intereses universalizables que podrían ser compartidos por otras naciones. (...) lo que es aceptable racionalmente por todas las partes sólo puede ser puesta a prueba si esta propuesta presuntamente imparcial es sometida a un procedimiento inclusivo de creación de opinión y de voluntad en el que todas las partes adopten mutuamente el punto de vista de los otros y tomen en consideración sus respectivos intereses. Esta es la finalidad cognitiva de la imparcialidad a cuyo servicio están los procedimientos jurídicos tanto en el nivel nacional como en el internacional.” (Habermas, 2008). Este proceso inclusivo en el que todas las partes consideran el punto de vista de las demás no es otro que los mecanismos de consenso. Pero estas aparentes contratendencias a la burocratización técnica, a los denominados “déficits democráticos” y a los avances del unilateralismo como política exterior, y que bajo el análisis habermasiano bien podrían constituir como procesos de relegitimación válidos del sistema, son mecanismos aparentes de participación en el proceso de toma de decisiones, cuyo fin es otorgarles la legitimidad de la que los mismos carecen por tratarse de instancias todavía más indirectas y lejanas de los procesos de la democracia representativa liberal.
Al respecto es interesante contraponer los argumentos expresados por Herbert Marcuse. Primero es preciso rescatar que para este autor el despliegue de la civilización occidental instala ciertos conceptos de la civilización burguesa como nociones universales, en el que el consenso -en el sentido relegitimante del concepto- puede ser un ejemplo. En tal sentido, esta cultura afirmativa oculta una verdad y diluye un conflicto que subyace dentro de las relaciones sociales -y que no es otro que el antagonismo de la lucha de clases- y que por tanto ha de tratarse de una afirmación que sirve de refugio a lo individual y por ende es favorable al culto de la personalidad y/o de la figura paternalista de un Estado fuerte, rasgo distintivo de los regímenes políticos del capitalismo tardío (Escohotado, 1969), y que se hace presente en los momentos críticos.
El capitalismo funciona vía la ley del valor. Y la ley del valor invade todas las esferas del funcionamiento social expresadas en las relaciones mercantiles, lo cual implica una fetichización: que con la expansión de las relaciones mercantiles pueda expandirse también el conjunto de las esferas del funcionamiento social, volviendo a éste en una sociedad más compleja y modificando al capitalismo en una profundización de sí mismo (Lukacs, 1985). Pero si el factor crítico del sistema le es inherente, su profundización hará también que se profundicen las crisis y por ende su ilegitimidad se haga cada vez más evidente, a menos que comiencen a hacerse presente mecanismos de relegitimación.
En este aspecto, el contra-argumento de Marcuse explica el aspecto integrador, asimilador, del capitalismo tardío de los elementos sociales que resultan críticos al sistema. Es ése precisamente su mecanismo relegitimador y no las posibles vías que se presentan como participativas. En un sistema devenido ya no sobre la base de la pequeña propiedad sino la de los monopolios -hoy día transnacionales y que serían imposibles sin el despliegue de la técnica-, el acierto del sistema para hallar formas de relegitimarse es mediante la habilitación de formas por las que pueda incorporar a los componentes críticos (Marcuse, 1983) como método de limar sus opiniones y asimilar dichos sectores dentro de las formas institucionalizadas de la representación política.
El problema que surge es, en efecto, que los sectores sociales críticos del sistema suelen expresarse en formas poco o directamente no institucionalizadas (pero no por ello imposibles de ser institucionalizadas) como lo son las movilizaciones callejeras. La cuestión que plantea la asimilación de estos sectores dentro de los mecanismos formales de una participación aparentemente consensuada es el acercamiento de la sociedad civil a lugares no-decisorios sino adyacentes (lo que en términos coloquiales se le suele llamar la “next door”, y que analizaremos más adelante). Ello no hace más que otorgarle al sistema una parte no menor de la legitimidad que le ha sido cuestionada.
En tal sentido, es falso que la apertura a la “sociedad civil” de los espacios donde opera la profundización de las relaciones sociales capitalistas sirva para que los sectores más críticos influyan sobremanera en la dirección de esa profundización. Estos espacios decisorios están reservados para las representaciones políticas institucionalizadas, es decir los Estados; y mismo hasta éstos se hallan condicionados al momento de negociar sus pretensiones. Los Estados se han convertido, a partir del advenimiento de la globalización neoliberal, en polos que compiten entre sí para la atracción de inversiones extranjeras, por lo que tal finalidad condiciona fuertemente esos espacios de toma de decisiones.
Si los Estados acuden condicionados por los vaivenes del capital transnacional en virtud de la atracción de sus inversiones, y en tanto todo el proceso se ajusta a esa meta (acción racional con arreglo a fines), los componentes críticos del sistema que ponen en discusión la legitimidad del mismo tienen aún menos posibilidades de influir dentro de los procesos decisorios. Pero esto no significa que esos elementos deban ser menospreciados o puedan ignorarse. En lo absoluto. En tanto ellos permanezcan por fuera de la institucionalidad, serán muestra clara de lo excluyente y pernicioso que resulta la profundización de las relaciones sociales capitalistas. Su inclusión, por lo tanto, obedece no quizás a una mejora en la impronta democrática de las instituciones, sino que es producida para la cooptación de esos sectores externos para su asimilación dentro de los mecanismos formales, instituidos, del funcionamiento de estos espacios, y sin que por ello signifique que su integración vaya a modificar ni los procesos decisorios ni las decisiones a tomar.
El consenso, como método participativo de la toma de decisiones, se transforma entonces en una vía falsa de la integración social, que aplaca la crítica y oculta los antagonismos subyacentes de las relaciones sociales. Y esa integración social no será posible mientras persistan las diferencias que causan el conflicto.
En este sentido, el intento de aplicar mecanismos consensuales al tiempo que se incorpora (o se “integra” en términos marcusianos) a sectores de la “sociedad civil” que resultan críticos de determinados aspectos y resultados de la globalización, es una falsa visión de una construcción democrática basada en el consenso. Lo que ocurre es que se basan premisas en torno a metas concretas -como ser el caso de la liberalización comercial- a fin de garantizar un objetivo último que es la de encausar el proceso de globalización cuyos principales actores beneficiados son las empresas transnacionales, claro sujeto activo de la concentración de capital. Sobre esas metas y esos objetivos últimos se despiertan resistencias y críticas que es preciso minimizar a fin de no llevar el conflicto existente a planos de mayor nivel (escalar el conflicto). En virtud de ello, se intenta asimilar -y muchas veces con un éxito relativo- a dichos sectores sociales a los espacios reservados a tal fin, pero sin que ello signifique incorporar realmente a tales sectores a los mecanismos reales de toma de decisión.
En nuestro análisis práctico de estos argumentos creemos que lo dicho puede reflejarse dentro de una de las organizaciones internacionales impulsoras de la globalización neoliberal y nacida al calor de la misma: la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La democracia según la OMCLa OMC es una organización que se autodefine como un “foro permanente para la liberalización progresiva del comercio mundial” (OMC, 2003). Es una organización surgida en pleno auge de la globalización neoliberal: su entrada en vigor fue el 1ro de enero de 1995, reemplazando a su antecesor el “sistema GATT”: un tratado internacional que funcionaba como un sistema de facto a partir de 1948 y en el marco de la posguerra, y que había regulado las relaciones comerciales a nivel multilateral por los últimos 50 años.
La OMC cuenta actualmente con 151 países miembro y se define a sí misma como una organización democrática cuyas decisiones se basan en el consenso. Esta es su principal carta de presentación al momento de querer recalcar las características fundamentales del funcionamiento de la organización, diferenciándose de otras organizaciones consideradas “hermanas” (el BM y el FMI) que responden a mecanismos de juntas directivas en las que se delega toda capacidad decisoria: “Dirigen la OMC los gobiernos Miembros. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los Miembros, ya sea por sus Ministros (que se reúnen por lo menos una vez cada dos años) o por sus embajadores o delegados (que se reúnen regularmente en Ginebra). Las decisiones se adoptan normalmente por consenso. A ese respecto, la OMC es diferente de otras organizaciones internacionales, por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la OMC no se delega la autoridad en una junta de directores ni en el jefe ejecutivo de la Organización.” (OMC, 2003). Es así como la OMC funda su concepto de democracia en la no delegación decisoria en juntas burocráticas o cargos ejecutivos sino en la toma de decisión por parte de los países miembro congregados en reuniones de máximo nivel.
Al mismo tiempo el mecanismo del consenso es el más utilizado por la organización para adoptar sus resoluciones. Esto obedece también a una cuestión de la época en que la OMC tiene nacimiento: atrás quedaron los mecanismos tripartitos -como el de la OIT- originados como contención de los avances y reclamos por parte de la clase trabajadora a nivel internacional. El triunfo de la Revolución Rusa de 1917 puso en ciernes la organización del sistema capitalista, que debió dar respuesta a una forma alternativa de organización que se presentaba como antagónica al capitalismo. La creación de la OIT y su método tripartito de toma de decisiones fue sin dudas un reconocimiento en términos políticos e institucionales al avance del proletariado mundial: primero porque el crear una organización internacional cuya temática fuera el trabajo era reconocer la importancia del tema; segundo porque de allí en más, la clase trabajadora se sentaría junto a los sectores empresarios y los Estados miembros para decidir políticas mundiales sobre el tema en cuestión. Recordemos que esto fue mucho antes de la creación de las Naciones Unidas. Pero también quedaron atrás los mecanismos similares al voto ponderado -como el del Consejo de Seguridad de la ONU- que contemplan calidades de voto distinto entre sus miembros y derecho a veto para algunos de ellos. La implosión de la URSS y el fin de la Guerra Fría dieron nacimiento a expresiones tales como el “final de la historia” o el “fin de las ideologías”, por las que en principio se entendía a todos los países dentro de una “aldea global” común, un mundo unipolar, un “pensamiento único”. La OMC nació en ese marco, por lo que no es extraño comprobar que el consenso haya sido el mecanismo decisorio elegido para la organización, aún cuando en el ámbito internacional haya sido muy pocas veces utilizado para la negociación de tratados internacionales.
Este consenso es logrado por el máximo órgano de la OMC que es la Conferencia Ministerial, la cual reúne aproximadamente cada dos años a todos los Ministros de Comercio de los países miembro. Esta Conferencia Ministerial es la máxima autoridad dentro del organismo y de ella salen los mandatos en los que se basarán las negociaciones de liberalización conocidas con el nombre de “Rondas”. Este es el máximo nivel de decisión que posee la OMC, pero no el único. Existen luego otros tres niveles que configuran órganos ejecutivos o de negociaciones más de carácter técnico, pero que siempre deberán obedecer a los mandatos conferidos por la Conferencia Ministerial.
Otro de los conceptos que la OMC resalta al referirse a sus mecanismos de funcionamiento es el de la transparencia. Para la OMC el término transparencia técnicamente se refiere a un deber por parte de los Estados miembro de la organización de dar a conocer a los demás miembros del sistema multilateral de comercio toda información referente a su batería de datos arancelarios y comerciales: nomenclatura arancelaria, consolidación de aranceles, procedimientos burocráticos aduaneros, etc. En este sentido, la transparencia es de los países miembro hacia la organización y no viceversa, como quizás podría entenderse en una interpretación llana del término. Por supuesto que la toma de este significado particular del concepto de transparencia despertó fuertes críticas desde la sociedad civil organizada, con lo que la OMC comenzó a trabajar en pos de figurar como “una organización transparente”, en el sentido de dar a conocer sus mecanismos de funcionamiento, las documentaciones oficiales presentadas, etc. Tal así, que gran parte de lo que mencionamos puede reflejarse en su página web institucional (www.wto.org), la que se ve atiborrada de documentación, alguna de importancia pero principalmente carente de relevancia política.
Vale comenzar a aclarar aquí algunos señalamientos en torno al contenido empleado para la acepción de democracia. Democracia se la entiende como una democracia formal, procedimental, representativa y delegada a los poderes públicos de cada Estado miembro de la organización. A pesar de existir ciertos canales de diálogo con la “sociedad civil”, la idea y puesta en práctica de la concepción democrática es derivada de la democracia representativa burguesa. Decimos derivada ya que -como en todo foro internacional- no existen mecanismos de elección de delegados o de representantes, por lo que no puede ser comparada con una democracia representativa como tal en términos de la de un Estado-nación. No obstante, la puesta en práctica de la figura de un funcionamiento democrático se aplica a partir de allí: de la constitución de la entidad como foro, del organismo internacional propiamente dicho. No se cuestionan las formas por las que los delegados de cada país miembro acceden a su representación (en este caso, es la misma la representación de un delegado de un gobierno de facto que el de uno constitucional, o la de un delegado de una monarquía como el de una república, o la de un representante de un gobierno democrático de uno que no lo es). Lo democrático de la organización -según la concepción de la OMC- está dado en términos de cómo funciona el organismo internacional entre sus miembros, sin cuestionar lo que ocurra con cada miembro hacia adentro: esa no es incumbencia de la OMC.
Respecto del diálogo con la sociedad civil y lo que la OMC entiende por tal, puede decirse primeramente que la OMC -y muchos otros organismos internacionales- entienden por sociedad civil a todo aquello que no sea el Estado, una oficina dependiente de éste u otro organismo internacional. Sindicatos, organismos no gubernamentales (ONGs), movimientos sociales, empresas transnacionales, pequeñas y medianas empresas, cámaras empresarias, todo ello es “sociedad civil”. Sin embargo, cuando comúnmente se alude al término, en general se hace especial referencia a los sectores críticos de esa sociedad civil en términos genéricos.
Nosotros creemos que para poder darle una definición más correcta y acabada al respecto, debemos recurrir al sentido marxista de la expresión sociedad civil, esto es: el sector explotado de la sociedad. Ello incluye a muchas ONGs no patronales, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones sociales territoriales, ecologistas, de género, movimiento anti-globalización (o altermundista, en su acepción francesa), etc. Esto lo profundizaremos en el análisis final.
Generalmente se otorga un espacio dentro de las Conferencias Ministeriales o de algunas instancias similares para que las ONG, sindicatos y movimientos sociales involucrados con los temas del comercio internacional puedan expresar sus puntos de vista, sugerencias y críticas. Estos “mecanismos de diálogo” no son en absoluto vinculantes para la organización o para sus países miembro, y no forma parte alguna de los procesos decisorios, ni siquiera de carácter consultivo. Es por ello que comúnmente se conoce a esta instancia como la next door (la “puerta de al lado”): el movimiento social asiste a la Conferencia Ministerial, se registra en sus planillas de ingreso, realiza actividades dentro del ámbito, puede acceder a las conferencias de prensa, pero no participa de ningún mecanismo de decisión, ni presencia las reuniones formales (mucho menos las informales, que detallaremos más adelante) de los delegados gubernamentales. Para resumir en términos generales, se trata de una visión de democracia “hacia adentro” de la organización, sin involucrar directamente a sectores sociales y sin dar revisión a los mecanismos que hacen a la elección de delegados .
La democracia según los movimientos socialesPrimero, debemos aclarar que sobre este punto vamos a trabajar a partir de las declaraciones oficiales de la Red OWINFS junto con algunos autores especializados. Por cuestión de espacio no podemos abarcar un análisis más profundo sobre cada uno de los movimientos que componen esta red y qué entienden ellos por democracia.
Esencialmente estos movimientos sociales surgen a partir de la globalización neoliberal capitalista y en respuesta a ella. Entienden que la globalización no es el fin de las ideologías, sino que ella misma es el resultado de una ideología en particular: el neoliberalismo. A raíz de que la globalización ha impulsado fuertemente la liberalización comercial y la desregulación del capital, centran sus principales críticas fundacionales en estos aspectos, pero no son los únicos. Según Wallerstein, los movimientos sociales que emergieron con la globalización son la cuarta y más renovada versión de lo que él denomina “movimientos anti-sistémicos” post 1968 (Wallerstein, 2003), y tienen como fecha de nacimiento entre su victoria sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en 1998 en Francia y la Conferencia Ministerial de Seattle de la OMC en 1999. Por ende, la vinculación entre las políticas librecambistas y la praxis crítica de los sectores sociales involucrados ha sido un factor constitutivo de gran parte de estos movimientos.
Lo interesante de estos movimientos, y tal como lo plantea Zibechi (2003), es que tienden a planteos más radicales que sus antecesores . Ello no significa que todos los movimientos se definan como anti-capitalistas, pero sí incluyen entre sus reivindicaciones conceptos como la horizontalidad, la toma de decisiones colectivas, la igualdad de géneros, una vinculación mayor con la territorialidad, etc. A su vez, estos movimientos combinan viejas y nuevas estrategias pero hacia estas reivindicaciones novedosas, como por ejemplo: la formación de sus propios intelectuales. Aclaramos aquí que horizontalidad no significa no-organización sino que el momento instrumental es subordinado a los principios de igualdad en la toma de decisiones (horizontalidad). Esto se ve con claridad en algunos movimientos como el zapatismo en México, pero también como en otros como la Marcha Mundial de Mujeres (WWW, en sus siglas en inglés), el Black Block, los Tutte Bianche, etc.
Un factor interesante es que a partir de los ´90 estos movimientos utilizan la herramienta de Internet para organizarse en un formato novedoso que es la conformación de redes globales|. Ello significa que no hay una subordinación de algunos movimientos por sobre otros, como tampoco una jerarquización entre ellos, sino que se produce la construcción de un “nosotros” a partir del compartir las experiencias de luchas locales (Ghiotto, 2005). Esto es lo que se conoce como “la estrategia glocal” (“pensar global, actual local”). La conformación de estas redes de resistencia global y la formación de estrategias conjuntas de lucha se cristaliza en espacios como el Foro Social Mundial (FSM), donde estos movimientos conviven en diferentes redes en donde se ve una interacción respetuosa (Seoane y Taddei, 2001). Allí se reúnen todos los tipos preexistentes de movimientos anti-sistémicos -la Vieja Izquierda, la New Left, organizaciones de Derechos Humanos, grupos anarquistas, ecologistas, de género, y aquellos que no caben con facilidad en ninguna de estas categorías-, intentando reunir también movimientos estrictamente locales con luchas globales sin por ello crear una superestructura global (Wallerstein, 2003).
Dentro de estas redes de resistencia global se encuentra la OWINFS como espacio de acción a nivel global en contra de la OMC en lo específico y de la globalización neoliberal en lo general: “Los efectos destructivos sociales, políticos y ambientales del modelo neoliberal de globalización pro-empresarial son los que han despertado resistencia creciente entre un espectro amplio de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo, incluso durante las Cumbres de la OMC en Seattle, Doha, Cancún y Hong Kong. Nuestro Mundo No Está en Venta forma parte de ese movimiento mundial de resistencia.” (OWINFS, S/F.a). Muchos de los movimientos que componen la red participan también de otros espacios -como el FSM, movilizaciones contra el G-8, anti-Cumbres Presidenciales como la ocurrida en Mar del Plata en 2005 , etc.-, por lo que comparten agendas, acciones y puntos de encuentro. Ello ha ayudado a generar acciones compartidas en pos de objetivos comunes, lo que a su vez ha constituido una alianza natural basada no tanto en acuerdos políticos de cúpulas jerárquicas sino en el avance de acciones políticas concretas.
El nacimiento de la red OWINFS está más relacionado con el objetivo perseguido por movimientos, sindicatos y ONGs de Europa y EEUU, críticos al funcionamiento y programa de la OMC. Entre sus miembros fundadores podemos hallar a la ONG norteamericana Public Citizen, al sindicato estadounidense Sierra Club, al movimiento internacional de origen francés ATTAC (Asociación por una Tasa a las transacciones financieras especulativas para la Ayuda a l@s Ciudadan@s), a movimientos ambientalistas como el canadiense Polaris Institute, etc. Pero esa red de organizaciones europeo-norteamericanas pronto fue ampliada a organizaciones de todo el mundo, incorporando a algunas como Focus on the Global South de Filipinas y Malasia, las redes internacionales de origen británico Oxfam y Action Aid, el Movimento Sem Terra (MST) de Brasil y la red internacional Vía Campesina, como así también a todos los movimientos constituidos en la Alianza Social Continental (ASC) -principal motor de la campaña contra el ALCA en América Latina- como ser la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil, el mencionado MST, la Red Brasileira de Integração dos Povos (REBRIP), la Autoconvocatoria No al ALCA de Argentina, la Red por un Comercio Justo y Sustentable de Chile, la Fundación Solón de Bolivia, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (REMALC), la Red Colombiana de acción frente al libre comercio y el ALCA (RECALCA), la organización REDES de Uruguay, entre muchos otros. Con ello, la Red OWINFS -como muchas otras redes a nivel regional- combina organizaciones que participan de los espacios habidos para la sociedad civil (insider) con organizaciones que también participan de los procesos políticos sin involucrarse desde adentro de los mecanismos formales de las negociaciones (outsider) de los procesos de negociación librecambistas (Ghiotto y Echaide, 2007).
La segunda declaración de unidad política de la OWINFS (firmada por 257 organizaciones sociales al momento de nuestra consulta) establece al concepto de democracia como uno de los pilares fundacionales de la red que vincula el concepto en términos de igualdad económica no escindida de la igualdad política a la que generalmente se hace referencia cuando se habla de sistema democrático: “Contra ese proceso de globalización orientada por las transnacionales, sostenemos la visión de una economía mundial fundada en principios de justicia económica, sustentabilidad ecológica y responsabilidad democrática –una economía que privilegie los intereses de los pueblos y las personas antes que los de las empresas.” (OWINFS, S/F.a). La declaración también es clara al mencionar que: “A diferencia del conjunto de valores, prioridades y políticas del mismo talle para todos impuesto por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y procesos internacionales de solución de controversias comerciales que no son responsables ante nadie, la democracia no es tan sólo la realización de elecciones, sino un sistema de gobierno en el que el pueblo tiene el control de los asuntos que afectan directamente la vida de la gente. Democracia significa no estar sujeto a mecanismos de decisión velados, carentes de transparencia y que no le rinden cuentas a nadie, tales como los procesos de solución de controversias de la OMC. La democracia implica que el pueblo asuma el control de las fuerzas que afectan directamente la vida de la gente.” (OWINFS, S/F.a).
El concepto de democracia es uno de los centrales dentro de los planteos de estos movimientos, dentro de cuyas metas declaran dedicar esfuerzos “(...) al desarrollo de un nuevo sistema de comercio sometido al control democrático, que contribuya al avance de la justicia económica, el bienestar social, la equidad de género y la sustentabilidad ecológica, y que provea empleo digno y los bienes y servicios necesarios para todas las personas.” (OWINFS, S/F). Se quiebra en estos planteos la escisión aparente dentro del capitalismo entre lo político y lo económico, en donde se otorga igualdad y participación democrática para la esfera de lo político, pero restricción en cuanto a la esfera de lo económico (Boron, 2003), vinculando ambas esferas bajo los términos de participación democrática en la toma de decisiones así como en los beneficios económicos y sociales.
La mencionada declaración resalta básicamente algunos de los aspectos más centrales de la crítica al funcionamiento, misión y visión de la OMC. Así es como los movimientos sociales críticos de la OMC resaltan un doble estándar con el que opera dicha organización: mientras que en sus discursos y publicaciones oficiales permanentemente subraya su carácter de auxiliador organismo impulsor de políticas de desarrollo para los países del Tercer Mundo, el combate a la pobreza mediante el comercio internacional y la transparencia y amplio respaldo político en sus tomas de decisiones, los movimientos sociales argumentan que dichas políticas están lejos de cumplir con los objetivos que se proclaman. Acusan a la organización y a sus defensores de que su visión responde a una matriz ideológica (el neoliberalismo) que ha causado el aumento de los índices de pobreza a nivel mundial, la concentración de la riqueza, un aumento de la desocupación, la inestabilidad de las economías nacionales y regionales, etc. Ello apoyado además en mecanismos que se visten de consensuados, pero que poseen un carácter altamente técnico y elitista que se halla alejado del conocimiento (y por ende del control real) de la población que soporta las cargas de la aplicación de dichas políticas. Generalmente resaltan que la base de ese mentado consenso se produce a raíz de reuniones de carácter secretas que ocurren “informalmente” en el despacho del Director General de la OMC -el ex Comisario de la UE, Pascal Lamy- en donde se producen las instancias de presión hacia los países más débiles del sistema. Estas reuniones son conocidas con el nombre de “reuniones de sala verde” o green rooms (debido al color de las paredes de la oficina del Director General) y ocurren también durante las Conferencias Ministeriales . El carácter de secreto de esos green rooms se plasma en que no se llevan actas de lo conversado en sus reuniones, se desconoce quiénes asisten a las mismas, a la vez que nunca se conocen los resultados de las conversaciones, con lo cual la pronunciada transparencia de la organización también se ve cuestionada (George, 2002). Esto también pone en tele de juicio los intentos por mostrar a la OMC como una “institución transparente”, según lo tratamos anteriormente.
Si bien la OMC puede aparecer a primera vista como una organización más democrática que el Grupo del Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) a raíz de que sus decisiones son adoptadas por consenso y que en caso de votación a cada país miembro le corresponde un voto, ese consenso es logrado a partir de los green rooms en los que siempre participan los cuatro miembros del grupo de negociación de la OMC denominado “Cuadrilátero” (EEUU, la UE, Canadá y Japón). La participación real de los países en desarrollo y los países menos adelantados se ve dificultada por una falta de capacidad técnica independiente en sus delegados o directamente por la carencia directamente de un cuerpo de delegados que pueda dar seguimiento a las negociaciones. Al menos tres docenas de éstos países ni siquiera tienen un embajador permanente en la OMC, o bien comparten uno (George, 2002; Wallach y Woodall, 2004). La falta de financiamiento de estos países imposibilita que puedan mantener un cuerpo permanente de delegados en Ginebra, que sean capaces de cubrir la cantidad de reuniones técnicas paralelas que se producen, además de que deban tener el nivel técnico suficiente como para defender los intereses de cada país. Para cubrir algunas de estas falencias, se dictan cursos de capacitación, pero la entidad que dicta esos cursos es la propia OMC, por lo que el carácter “independiente” de los mismos cae en duda (George, 2002; Lal Das, 2004).
Algunos movimientos incluso hacen hincapié en que no existen mecanismos dentro de la OMC que posibiliten canales de participación real para la denominada “sociedad civil” y que la incluyan en las negociaciones. Ello trae aparejado un alejamiento entre las organizaciones sociales y la OMC propiamente dicha, que se traduce en una alejamiento todavía mayor entre las decisiones tomadas por la OMC -por ejemplo los paneles arbitrales formados por el Órgano de Solución de Controversias (OSD) de la OMC- y los ciudadanos que deben afrontar las consecuencias y efectos de tales decisiones. Estos mecanismos arbitrales proveen de muy pocas instancias en que las voces de los ciudadanos puedan ser contempladas o mismo que los ciudadanos puedan darle un seguimiento (Wallach y Woodall, 2004).
Este alejamiento no se ve solamente en los efectos, sino también en su accesibilidad. Mientras que los mecanismos de solución de controversias dados en la OMC como en los tratados de libre comercio (TLCs) bilaterales otorgan una capacidad procesal activa muy amplia para las empresas transnacionales, los ciudadanos individuales no posee tal prerrogativa y deben atenerse a un único foro de jurisdicción para respetar sus derechos: los tribunales nacionales (Echaide, 2005). Esta disparidad va en desmedro de aquel en cuya cabeza recae el derecho y la responsabilidad de ejercer el voto para elegir los gobiernos dentro de un régimen democrático, y favorece al mismo tiempo a entidades que no son susceptibles de participar dentro del mecanismo democrático formal.
Respecto de esto último, se da la ironía que el ciudadano puede incidir en el cambio de gobierno con el mecanismo democrático del voto, pero no puede con ello incidir para que se produzca un cambio de políticas de Estado en la materia en cuestión. Esto es así gracias al principio de liberalización progresiva imperante en la OMC (también llamada “cláusula del no retroceso”) mediante el cual toda instancia a la que se haya arribado en una negociación de liberalización debe ser continuada por una siguiente que profundizará los resultados de su antecesora. Con ello se da una tendencia obligada a la baja de aranceles y a la liberalización comercial en general, resultando virtualmente imposible detener el proceso y mucho menos retrotraerlo (Echaide, 2007a; Echaide, 2007b; Lal Das, 2004).
El secreto y la carencia del debido proceso también forman parte del ojo de las críticas: “Los paneles de controversias de la OMC operan en secreto, los documentos están restringidos a los países en disputa y la prensa y el público están excluidos. Los paneles de primera instancia y el cuerpo de apelaciones se reúnen en sesiones cerradas y sus procedimientos son confidenciales. Todos los documentos son también conservados en forma confidencial a menos que un miembro gubernamental voluntariamente lance sus propias afirmaciones al público. Ninguna apelación por fuera de las reglas de la OMC es permitida. Estas reglas operacionales han permanecido en vigor desde que la OMC y su poderoso OSD fueron establecidos.” (Wallach y Woodall, 2004; la traducción es propia).
Por su parte, los sindicatos también promueven críticas propias. A partir de la última Ministerial de Hong Kong, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) ha despertado una visión cada vez más crítica respecto del rumbo tomado por las negociaciones de la Ronda de Doha, como también de los mecanismos decisorios de la OMC. “Para los sindicatos se requiere avanzar en la construcción de un sistema comercial multilateral con una dimensión social y laboral, que esté ligado a otras instituciones globales como la OIT, UNCTAD, la OMS y otras agencias de la ONU.” (ORIT, S/F). En este sentido, la falta de apertura a la participación, sumado a formas en las que se basan la toma de decisiones que no se condicen con el tripartidismo (un mecanismo ampliamente aceptado por las organizaciones sindicales) provoca rechazos desde este sector debido a la cerrazón del organismo, y a su comportamiento antidemocrático (Wallach y Woodall, 2004).
Otro de los argumentos en los que la crítica de la red OWINFS se basa para atacar el concepto de la OMC como un organismo “democrático” es que éste último tiende unilateralmente a decidir sobre la mercantilización de temas y esferas de la vida que tendría que definirse colectivamente junto con los sectores sociales que se verían afectados por dicha mercantilización (George, 2002; Lal Das, 2004; Wallach y Woodall, 2004; Echaide, 2005; Ghiotto y Echaide, 2007). Así, el acceso al agua potable, por ejemplo, está siendo actualmente negociado dentro de la agenda de Servicios -uno de los tres temas más importantes dentro de la Ronda de Doha- como un tema mercantil más, aunque ello ponga en riesgo el acceso de cientos de miles de personas a un recurso tan vital como es el agua.
En síntesis, se trata de puntos de vista sostenidos por este nuevo tipo de movimientos sociales, los cuales son considerados por muchos autores como “nuevos movimientos sociales anti-sistema”, más radicalizados, que son más difíciles de ser integrados a las esferas del Estado (Wallerstein, 2003) y del capital (Tischler, 2001) o a este tipo de organizaciones internacionales a raíz de sus planteos más radicales de cuestiones, como ser, lo que se entiende por democracia.
A modo de conclusión: abriendo preguntasEl concepto aplicado de democracia responde a una determinada cosmovisión de la realidad. Primeramente podemos observar una visión que podríamos llamar “consensual”, basada en la idea de una tendencia de la sociedad a la armonía. Entonces, la armonía es lo que impera, y esta se ve rota frente a ciertos desacuerdos o hechos que desatan discrepancias. Y esa armonía es plausible de ser restaurada vía el consenso y el diálogo, y estos sirven de base para la democracia. Existe en esta cosmovisión un concepto instrumental de la idea de democracia y de la idea de política: para la OMC, la democracia vía el consenso es un instrumento para garantizar el libre desarrollo de las fuerzas del mercado, lo cual se lo puede interpretar como una acción determinada ligada a lo que se entiende como el concepto weberiano de la acción racional con arreglo a fines. Esta acción -la democracia vía consenso (acción racional) como instrumento para liberar las fuerzas del mercado (fines)- posee una raíz de pensamiento ligada a la noción liberal de sociedad y que se corresponde con la cosmovisión que mencionábamos. Para esta visión, la comunicación social ha de servir como una herramienta para minimizar el conflicto; ergo: los foros de discusión instituidos dentro de los organismos internacionales (como el espacio para la sociedad civil dentro de la OMC, los foros virtuales, etc.) para “integrar” los reclamos por caminos institucionales, reducir las tensiones, llegar a acuerdos consensuados y resolver con ello las crisis que pudiesen producirse dentro del sistema.
Hasta aquí la línea de conclusión expuesta se acerca mucho a la idea de la “acción comunicativa” de Habermas, mediante la cual se puede poner en acto la tendencia social al consenso. Pero ese consenso es en realidad una fabricación teórica, puesto que nosotros entendemos que esa “tendencia natural” no es tal, dado que la realidad muestra que no podemos hablar de tendencia al consenso sino de constante expresión de los antagonismos sociales. Y esos antagonismos ocultos detrás de la idea de consenso son en verdad relaciones de poder, que no pueden separarse de la forma que adoptan las relaciones sociales en el mundo actual, es decir, las relaciones sociales capitalistas.
No obstante, la práctica de la democracia y el consenso liberal poseen límites muy claros. Cuando el consenso llega al borde de su capacidad para reproducir el actual estado de cosas (por ejemplo, la liberalización comercial), entonces entra en juego el “estado de excepción”. Es la idea de Marcuse (1981) de la existencia de una tolerancia represiva en el capitalismo: la sociedad capitalista es tolerante mientras se respete la alienación (a través de sus reglas de juego). Pero cuando se ataca estas reglas de juego, cuando se pone al descubierto su alienación, entonces revela su fondo intolerante, y se pasa el estado de excepción: el estado policial. Un paso más da Werner Bonefeld (2006) cuando plantea que no se puede separar democracia liberal de estado de excepción, porque la democracia liberal no hubiese pervivido en el tiempo sin el desarrollo constante de su costado hobbesiano o represor. Entonces, el estado de excepción no es justamente una excepción, sino que aparece constantemente, y pasa a ser la regla. Y en la práctica esto se hace evidente cuando se realizan reuniones ministeriales de la OMC, ya que éstas convocan a miles de manifestantes de distintos movimientos (entre ellos la OWINFS) para protestar en las calles en contra de esta organización. A través del uso de la represión policial, la idea del consenso y la democracia de la OMC se hacen trizas, pero en ese mismo accionar se hace evidente de manera contradictoria el límite de la democracia liberal.
Es por ello que existe otra cosmovisión -que es la que tomamos- que sostiene que lo que impera no es la armonía, sino todo lo contrario: el conflicto. Esta visión puede rastrearse en una de raíz kantiana (Kant sostenía que el conflicto era la base para el desarrollo de toda sociedad) y/o marxista (Marx, pensando a través del “método” dialéctico hegeliano, entendía a la historia de la humanidad como una sucesión de conflictos sociales, la lucha de clases).
Pero desde este enfoque, ¿cómo entendemos la idea de una “sociedad civil”? Según Sergio Tischler (2001) pueden darse dos visiones: la primera sería una visión estática, identificante, que define a la sociedad civil como “todo aquello que no sea el Estado ni las organizaciones internacionales” y que por ende agruparía a empresas, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, etc. La segunda sería una visión dinámica, materialista, que toma a la sociedad civil también en concepto identificante, pero que a la vez va más allá, dando cuenta también de las luchas que se dan contra las formas de dominación del sistema capitalista y sus procesos de acumulación y expansión (siendo el de globalización neoliberal su última versión). Es así como interpreta a la sociedad civil como sociedad explotada en términos de lucha contra el capital, teniendo consecuencias distintas al momento de determinar qué entiende por agrupar dentro del concepto de sociedad civil: las empresas no entran en esta posible definición, no todos los sindicatos, sólo algunas ONGs, sí la generalidad de movimientos sociales. Con esto se da una evidente puja de intereses contrapuestos con lo que el consenso resulta imposible, a menos que de trate de una fabricación teórica y práctica: sólo hay consenso si se basa en una relación de dominación previa que fuerce a ese acuerdo y con lo cual la idea misma de consenso queda desdibujada. Este enfoque no reniega de la existencia del conflicto, sino que se para en él para analizar las contradicciones que presenta una sociedad en constante lucha contra sí misma. Es decir que, a diferencia de la sociología y ciencia política institucionalista, esta perspectiva abraza la contradicción en vez de intentar eliminarla teóricamente.
Entendemos entonces que los conceptos de democracia manejados por la OMC y por los movimientos sociales críticos a la liberalización comercial, y nucleados en la red OWINFS, son abiertamente opuestos. Mientras el primero resalta la formalidad de mecanismos instituidos dentro de sí, los otros abogan por un contenido más cercano a la “democracia furiosa” de la independencia latinoamericana (Ansaldi, 2007a) o al menos a formas de democracia que reflejen controles directos, participación y amplitud en la toma de decisiones. El primero se refiere a mecanismos definidos a priori como lo que la institucionalidad (la OMC para el caso) entiende por democracia. Los segundos dicen qué es lo que entienden por democracia, y reclaman que sean los mecanismos los que se ajusten al concepto. Como se ve, son antagonismos no solamente de significado en sí, sino además según el proceso en que son concebidos ambos contenidos del sustantivo democracia, convirtiéndose en un diálogo en contradicción entre poder constituyente y poder constituido.
La referencia a una hipótesis de Perry Anderson, nos hizo reflexionar sobre las condiciones para la instalación de este proceso que hoy conocemos como globalización, y en el cual la liberalización comercial juega como un motor que le da vida. Según el autor que cita tal hipótesis (Ansaldi, 2007b) la misma lleva a una conclusión “incómoda”, que sin embargo para nosotros resulta digna de analizar. Según su autor, “las condiciones clave para la democracia en América Latina, en estos años, exige un movimiento obrero débil”. Si bien hace explícita referencia a las democracias nacionales y a América Latina, nosotros queremos llevar dicha conclusión un poco más allá. Creemos que ese movimiento obrero débil, desarticulado -en retroceso, podría decirse- fue una condición necesaria para la instauración de la globalización neoliberal, cuyos mecanismos de “consenso” se ven reflejados en instituciones internacionales de nuevo tipo, como la OMC. La globalización ha sido el marco en donde ha actuado la profundización de la liberalización comercial y la mercantilización (Echaide, 2007a). La integración de la “sociedad civil” (ya no entendida bajo el prisma neoliberal de la OMC sino en el sentido marxista del término, es decir como sociedad explotada, como clase trabajadora) bajo la óptica de “ciudadano-trabajador” opera en pos del disciplinamiento social, y con ello reducir la intensidad de los conflictos causados por la lucha de clases. Recordemos que lo que prima es el conflicto social. Pretender mermar este conflicto de forma teórica y discursiva no es abogar por una armonía de clases, sino ocultar los antagonismos y la dominación de una clase sobre otra. De allí que devengan mecanismos de “participación” para la sociedad civil tales como la next door o como el “Consejo Consultivo para la Sociedad Civil” en la versión regional del ALCA (Ghiotto y Echaide, 2007). Es en este sentido que debe entenderse el reclamo por una democracia en términos radicales que realizan los movimientos sociales: es una democracia participativa, activa, controlante de la institucionalidad, y en ello abiertamente opuesta al contenido de democracia instaurado en la OMC: una democracia consensuada y por ende sin disidencias ni estridencias, formalizada, mediada por la representación de los Estados dentro de la organización. Intenta con ello evidenciar lo que Hans Vaihiner denomina “ficción democrática” , esto es distanciar los dichos de los hechos, analizar qué es lo que dice la OMC sobre su visión de democracia e identificarlo con lo que los movimientos sociales entienden que la democracia debe ser y cómo debe funcionar.
A ello se suma el que los reclamos de los movimientos por democracia están enfatizados en lo político con vinculación directa a lo económico, intentando quebrar la escisión instaurada en el capitalismo de que la concepción del sustantivo democracia se vincula estrictamente con una igualdad política, sin que se modifiquen por ello desigualdades en el terreno de lo económico: la restricción para las mayorías de toda capacidad decisoria y en la participación de los beneficios del proceso de producción, que recae en manos de quienes poseen la propiedad de los medios para producir. Democracia significa entonces -en términos formales- igualdad política pero no igualdad económica.
Las redes criticas -como ser la red OWINFS- atisban una conexión entre estas esferas, reclamando por lo político, pero no escindiéndola definitivamente de lo económico. Ello no significa que exista una unidad de visión en todos los aspectos. Estas redes son un espacio donde convergen básicamente dos visiones: los movimientos sociales opositores a la OMC y al libre comercio como forma de integración y relación entre pueblos y naciones, y que luchan por el desmantelamiento de la OMC y sus negociaciones in totum; y las organizaciones sociales que abogan por la finalización de las negociaciones (la actual Ronda de Doha) por no centrarse en las necesidades de desarrollo de los países de la periferia, pero a la vez rescatando la necesidad del sistema multilateral de comercio, hoy dirigido por la OMC. Y en ello hay diferencias. Empero, la convergencia de ambas visiones plantea la potencialidad de la red (ya que no se trata meramente de una red testimonial) pero al mismo tiempo establece sus limitaciones.
En ese enfrentamiento permanente entre forma y contenido de la misma acepción polisémica de democracia, quizás bien valgan las palabras que siguen: “(...) Nosotros nunca fuimos fanáticos de la democracia formal, significa lo siguiente: siempre hemos distinguido el contenido social de la forma política de la democracia burguesa, siempre supimos develar la semilla amarga de la desigualdad de la sujeción social que se oculta dentro de la dulce cáscara de la igualdad y la libertad formales, no para rechazarlas, sino para incitar a la clase obrera a no limitarse en la envoltura, a conquistar el poder político para llenarlo de un nuevo contenido social. (...)” (Rosa Luxemburgo). Creemos, en conclusión, que es en la dialéctica entre forma y contenido en donde es posible hallar una superación que profundice los valores pero además el sentido de la democracia que hoy tenemos, tanto en los ámbitos locales como dentro de la “gobernabilidad global”. Una democracia no viciada por ningún “pensamiento único” que vele los disensos, sino que por el contrario se base en ellos para fortalecerse. En síntesis: una democracia construida, no (pre)fabricada.
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