Polémica sobre el documento "Malvinas: una visión alternativa"

Recientemente 17 intelectuales argentinos de prestigio -entre ellos la filósofa Beatríz Sarlo, los periodistas Pepe Eliaschev, Jorge Lanatta y Gustavo Noriega, los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Roberto Gargarella, entre otros- publicaron un documento titulado "Malvinas: una visión alternativa". Este documento surge en respuesta a la posición oficial del gobierno argentino sobre el reclamo de soberanía territorial argentina sobre las Islas Malvinas y se presente como "alternativo" a dicha posición, pero también se presenta a poco de cumplirse el 30° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur por el dominio de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, conflicto bélico que duró 74 días y en la que murieron más de 1.000 soldados argentinos y británicos.

El documento relativiza la importancia del tema Malvinas en la agenda de la política exterior nacional, así como la estrategia llevada a cabo, no por el gobierno (actual, se entiende) como dice el documento, sino por el Estado Argentino, ya que la posición del reclamo de soberanía territorial sobre estas islas ha trascendido a gobiernos, inclusive de distinto color político. Al mismo tiempo, intenta mostrar cuan alejada se encuentra la problemática de Malvinas respecto de los problemas cotidianos y de mayor gravedad para los argentinos, enmarcando la discusión en un "clima de agitación nacionalista" proveniente de ambos gobiernos: del argentino y del británico y que ya hemos analizado en este espacio con anterioridad.

Su propuesta es hacer un llamado a la configuración de una estrategia que concilie los intereses argentinos -que califica como legítimos- con "el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país" (sic). Y desde allí expresa una serie de apreciaciones conceptuales que resultan preocupantes en cuanto a que se basan sobre serios errores de índole jurídica y que conllevan a conclusiones políticas muy alejadas de lo que podrían ser "interpretaciones" u "opiniones alternativas" para arribar a posicionamientos políticos desafortunados.

Primero: el principio internacional de la autodeterminación de los pueblos no fundó este país. Este país (Argentina) se fundó a partir de la emancipación que fuera consecuente de la insurrección a un régimen colonial. Por ende -y en el terreno de las opiniones aún- el principio que fundó a este país (como a muchos otros, incluyendo algunos europeos como Francia) fue el de la insurrección frente al antiguo régimen: el principio de rebelión frente a la opresión, lo cual no funda solamente al país argentino sino al liberalismo como marco teórico aplicable a todos los regímenes republicanos que derrocaron a los absolutismos monárquicos de antaño. Por ende, dista mucho la realidad fundacional argentina de la realidad que viven los malvinenses (kelpers): mientras las Provincias Unidas del Río de la Plata se alzaban contra la monarquía que los gobernaba, los habitantes de las Malvinas optan hoy por lo contrario. Se trata, no de situaciones análogas, sino precisamente de situaciones diametralmente diferentes.

Segundo: el principio de la autodeterminación de los pueblos invocado en el documento se refiere al principio internacional reconocido en 1960 por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU. Este principio corresponde a nuestro actual ordenamiento en el Derecho Internacional (vigente desde 1945) y que distaba leguas del existente en 1810.

Difícilmente pueda reconocerse a la autodeterminación como un principio atemporal más allá del terreno de lo moral, si se quiere. Constituye un grave error entender que la autodeterminación ha sido siempre un principio reconocido por la comunidad internacional. No ha sido así. Podemos coincidir en que esto ha sido un gran avance en el desarrollo progresivo del derecho internacional, pero de hecho, este principio -por más básico que se lo entienda- no estuvo incorporado siquiera en 1945 cuando se celebró la Carta de San Francisco que inauguró a las Naciones Unidas. Los principios que la ONU reconoció como fundacionales están dentro del art. 2 de la Carta y entre ellos figura el principio de igualdad soberana de los Estados, mas no el de autodeterminación de los pueblos. Éste fue incorporado recién en 1960 como un triunfo de los movimientos de liberación nacional de las colonias del Tercer Mundo y motivó la independencia de todo el continente africano y la mitad del asiático.

Tercero: el principio de la libre determinación de los pueblos no puede aplicarse para el caso de Malvinas ya que es un caso excepcional de descolonización que así ha sido reconocido por el propio Comité de Descolonización de la Asamblea General de la ONU. Los casos atendidos dentro de estas excepciones han sido solo dos: Malvinas y Gibraltar. En ambos el Comité analizó el carácter de excepción a este principio puesto que las poblaciones existentes en ambos lugares no se tratan de poblaciones autóctonas sino de poblaciones implantadas. La aplicación de la autodeterminación en estos dos casos, de hacerse no obstante esta característica, tergiversaría el principio reconocido en la Resolución 1514 de AG-ONU.

Cuarto: párrafo aparte merece el concepto de pretendida "negación" que atribuye el documento a los malvinenses como sujetos de derecho. El documento no explicita a qué se refiere cuando menciona que "los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujetos de derecho". ¿A qué tipo de Derecho se refiere: al argentino, al británico o al internacional? No es menor la pregunta puesto que muestra un nuevo error en cuanto a la apreciación del concepto de "sujeto de derecho" en cuanto a un conflicto de soberanía territorial.

Tanto Argentina como Gran Bretaña no niegan los derechos y obligaciones que merece cualquier ciudadano y/o habitante de sus respectivos territorios. Argentina, en su caso, otorgaría los derechos plenos que posee cualquier habitante y cualquier ciudadano de la nación, mientras que Gran Bretaña ya otorga un estatuto especial para la situación de los kelpers en su calidad de colonia británica. Tales han sido las dos constituciones celebradas en 1985 (y como consecuencia política local de la guerra) y en 2008 y que fueran ambas unilateralmente firmadas por Su Majestad Británica la Reina Isabel II de la casa de los Windsor. Ergo, es difícil encontrar por qué habría de "negarse" los derechos de los malvinenses como sujetos de derecho (interno) tanto por Argentina como por Gran Bretaña.

Quizás la referencia es en cuanto al derecho internacional, pero no cabe la aplicación de calidad sujeto de derecho en este caso por los motivos expuestos en el punto anterior, a los que se suma la dificultad de la calidad de sujeto dentro del Derecho Internacional en referencia a "los pueblos", ya que dentro de esta rama jurídica sujeto es aquel ente capaz de adquirir derecho y contraer obligaciones de carácter internacional y con plena capacidad procesal para hacer vale tales derechos y obligaciones en el plano internacional. Por esta última cuestión (la capacidad procesal activa), entes como el individuo, la humanidad, o los pueblos no están reconocidos como sujetos del derecho internacional, al menos no en una forma plena.

Sí en cambio son sujetos del derecho internacional: los Estados, las organizaciones internacionales e incluso las comunidades beligerantes reconocidas como tales por la comunidad internacional, categoría que tampoco es aplicable al caso de los habitantes de Malvinas puesto que no se han alzado en rebelión contra su opresión colonial ni pretenden un estatus jurídico independiente de la corona británica.

Es cierto que no debe legitimarse lo ilegal del accionar argentino en cuanto a haber recurrido al uso de la fuerza de manera unilateral, violando así la Resolución 2065 (XX) de 1965 de la Asamblea General de la ONU y el derecho internacional en la materia (Cap. VII de la Carta ONU, entre otras normas positivas y consuetudinarias). Pero la conquista no otorga derechos, y así como el acto perpetrado por Argentina en 1982 de invasión de las islas, tampoco lo da el acto de desposesión y ocupación que realizó Gran Bretaña en 1833 y que es invocado por la Corona como reivindicación de su soberanía en las islas.

En dicha resolución, la ONU claramente califica la presencia británica en las islas como un caso de colonialismo, y a lo que llama es a que las partes (Argentina y Gran Bretaña) prosigan "sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales [alias "Comité de Descolonización"] a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands);".

Lo que propone la resolución es poner fin al conflicto de soberanía mediante una salida negociada entre Argentina y Gran Bretaña dentro del Comité de Descolonización, no negociar la soberanía (que bien remarca la carta que analizamos que sería una contradicción en términos "negociar lo innegociable"). En su carácter, puede verse que la propuesta de la ONU no incorpora a los kelpers dentro de las negociaciones -puesto que habla de Argentina y Gran Bretaña como "las partes" -, pero sí aclara que sean considerados sus intereses, aunque no sus deseos. La justicia no es plebiscitable y la aplicación o no de las normas del derecho internacional no pueden depender de un referéndum. Algo así asimilaría el someter cada sentencia judicial a la voluntad de un auditorio, de los testigos, o mismo, del condenado.

Quinto: los firmantes confunden dos principios centrales en esta discusión y que conducen a consecuencias políticas totalmente diferentes. Una cosa es el principio de autodeterminación de los pueblos -que el documento invoca equívocamente como aquel en el que se basó nuestra construcción como nación- con el principio del uti possidetis iure, máxima latina invocada no solo por Argentina sino por todos los Estados latinoamericanos y que indica que "así como posees, poseerás". En efecto, el principio jurídico invocado por nuestro país (así como el resto de las naciones latinoamericanas) fue el de reclamo de la soberanía territorial sobre los dominios españoles a 1810 bajo el uti possidetis español en dicha fecha (salvo los países centroamericanos que invocan el uti possidetis a 1820). No se trata entonces de "abrir una caja de Pandora" el invocar este principio, sino de sostener aquel que implica que nuestro país esté asentado donde se encuentra.

Sexto: también se ha dejado otro principio jurídico de lado y es el de integridad territorial de los Estados (principio reconocido incluso por Gran Bretaña y que no es mencionado en el documento) y que justifica que el dominio territorial de un Estado es indisoluble, sin importar el tipo de gobierno que posea dicho Estado (unitario, federal o confederal). Caso contrario sería admitir la posibilidad que pasado mañana una provincia, parte de ella, o un barrio porteño decidiera separarse del territorio argentino invocando la voluntad de los vecinos, otorgarles a ellos la categoría de sujetos del derecho internacional y reconocerlos como una Nación independiente, soberana, un Estado con asiento en Naciones Unidas.

Por supuesto que no tenemos por qué pensar igual. De hecho, es saludable el debate sobre los grandes temas nacionales. Y este documento no hace más que demostrar -por más que la carta diga lo contrario- que Malvinas es uno de ellos y que merece nuestra atención. Podemos opinar en favor del reclamo argentino sobre las islas del Atlántico Sur, podemos opinar en favor de la entrega de estos territorios, podemos matizar las posiciones de una u otra opinión... En suma: podemos pensar libremente y es eso lo saludable del debate. Pero esta atención sobre las discusiones de importancia y este debate sincero deben hacerse sobre bases sólidas y una clara exposición argumental que seguramente excederá una extensión de página y media.

Todo esto no quita el reconocer las dificultades de los reclamos argentinos. La situación de hecho de no gobernar las islas es innegable y ello coloca al reclamo argentino en una precariedad que es de facto, pero no de iure.

Gran Bretaña nunca reconoció ni las bulas Inter Caetera (aunque en 1493 Inglaterra era una nación católica apostólica romana) ni el Tratado de Tordesillas (que en efecto no fuera firmado por la corona británica sino por la portuguesa y la española en 1494). Empero, tanto el dominio español como el británico hacia 1865 y 1867, respectivamente, eran solo sobre dos puertos en las islas y no sobre la totalidad de su territorio, lo cual muestra que la disputa de soberanía puede rastrearse hasta entonces.

Sin embargo, los británicos sostienen que en 1774 cuando abandonaron las islas colocaron una bandera británica y una placa de bronce que reclamaba que "Conste ante todas las naciones que la isla Falkland con su fuerte, depósito, muelles, (...) pertenecen a Su Muy Sagrada Majestad Jorge III, Rey de Gran Bretaña". Es evidente que ello demuestra el ánimus de poseer las islas, pero resulta también contradictorio con otro fuerte -el más fuerte si se quiere- argumento británico que es el de la posesión efectiva: si se sostiene que la posesión efectiva es la que otorga derechos, difícilmente podía demostrarse que Gran Bretaña tenía dicha posesión de manera efectiva simplemente con una placa luego de haber abandonado Port Egmont en 1774.

Otro argumento esgrimido que resulta complejo tanto para probar como para refutar es el de la prescripción adquisitiva (usucapión) mediante el cual el Reino Unido sostiene que los derechos argentinos han prescrito por la simple continuidad ininterrumpida de la posesión británica hasta 1982.

La complejidad de la cuestión no rebate los argumentos argentinos. Pero sí hace a una seria dificultad para avizorar una salida definitiva al conflicto. Es éste el tema, sin patrioterismos baratos -coincidimos- pero sin apreciaciones que desestimen temas como el control sobre los recursos naturales (en este caso de la zona en cuestión) como algo "fuera de agenda"...

Sobre el debate de la megaminería a cielo abierto y temas internacionales

Recientemente se ha reavivado un debate que, hasta el momento, no se se había tornado masivo en Argentina, pero que venía siendo cuestionado desde distintos sectores sociales y académicos respecto de la megaminería a cielo abierto como actividad económica.

En el actual debate que se está produciendo en nuestro país sobre este tema, deben aclararse algunas cuestiones como para poder separar la paja del trigo. Una de ellas es, por ejemplo, el momento en que este tema sale a la luz pública con este grado de masividad, cuando desde hace años sectores de la sociedad en pueblos de Catamarca, San Juan, La Rioja e incluso Córdoba se han venido manifestando en contra de esta actividad.

Como para quitar la ingenuidad al abordaje del tema, el primer dato a destacar es la pelea abierta entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. Tanto los gobiernos provinciales de La Rioja como de Catamarca responden al oficialismo nacional, lo que motiva el momento por el cual se da este acercamiento al tema de la megaminería por parte de los medios de comunicación desde una mirada fuertemente crítica, pero no por su preocupación al ambiente sino por su encarnizado enfrentamiento con el oficialismo.

De hecho, el actual gobierno provincial de Catamarca asumió hace 2 meses y fue una de las muy pocas elecciones en donde la oposición local ganó las elecciones (el kirchnerismo era opositor en la provincia hasta las elecciones de 2011), lo cual puede explicar la "oportunidad, mérito y conveniencia" de la instalación del debate en este preciso momento, cuando las empresas que actúan en la Cordillera de los Andes lo hacen desde mediados de los ´90 (Alumbrera explota la mina desde hace 15 años, por ejemplo). Este contexto político que enturbia la situación no obsta los comentarios que siguen.

Otra cuestión es sobre el impacto ambiental de esta actividad económica. Y lo primero para decir es que cuando se menciona el concepto de "impacto ambiental" no debe hacerse referencia solamente a la contaminación, que es sólo una de las formas que se impacta negativamente al ambiente. El impacto ambiental también se da en torno a la modificación de los ecosistemas, el cambio de la geografía, la utilización de explosivos y los cimbros que ello causa, el despilfarro y sobreexplotación de los recursos naturales, su impacto sobre seres vivos, etc. El "impacto ambiental" significa la modificación sustancial y radical de el medio natural, en el entorno en donde el proyecto económico se halla y no simplemente que éste contamine, sino que es más amplio.

No es materia sólo de la contaminación. La voladura de una montaña completa significa alterar radicalmente el paisaje y la geografía del lugar. De esa geografía pueden depender los vientos y el régimen de lluvias de la zona, lo cual hace al tipo árido o no del suelo local, a sequías o inundaciones, a ráfagas de viento contraladas por las cadenas montañosas y que han estado decenas de miles de años allí. Dichos elementos configuran una flora y una fauna determinadas. Alterar en semejante manera la geografía local puede tener consecuencias gravísimas para las especies locales y para los habitantes de las ciudades lindantes. Interpretar, por ende, que el "impacto ambiental" significa solamente "contaminación con cianuro" es ignorar el resto de los posibles impactos que supone el -literalmente- volar toda una montaña por los aires.

Luego está el tema de la contaminación en sí misma. El proceso extractivo necesita ciertos elementos que permiten obtener el producto final. y aquí sí entra la cuestión que la producción minera puede o no emplear elementos altamente tóxicos como el cianuro. Depende del tipo de emprendimiento y del tipo de material que se desea extraer es que el cianuro es utilizado o no. Por ende, no es generalizable la definición que asimila a que toda minera a cielo abierto utiliza cianuro.

Pero el cianuro tampoco es el único material utilizable. Existen metales pesados también altamente tóxicos que, aún cuando probadamente no se utilice cianuro, también pueden ser usados en el proceso de extracción.

También hay formas de extracción que son mediante filtrado y que aparentemente no emplean sustancias tóxicas que permiten la separación de los minerales como cobre y oro de la roca. Pero su empleo no depende de la "voluntad de opción" por parte de la empresa minera de querer preservar o no el ambiente: dependerá del tipo de suelo en donde el proyecto se encuentre situado. Vale decir que queda librado a la naturaleza la posibilidad de poder contar con el empleo de formas de extracción no contaminantes. Si la naturaleza no acompaña el proyecto (algo que en sí es ridículo ya que debería ser al revés, pero en los hechos no resulta así), la empresa dudosamente se retire: de ser posible, utilizará formas de extracción con materiales químicos que sí contaminarán, como ocurre con jornadas habituales de esta actividad que utilizan unas 10 toneladas de cianuro diarias.

En los casos en que la actividad contaminase, ¿qué es lo que se contamina? Básicamente dos elementos: el aire y el agua. Algunos materiales tóxicos provocan emanaciones que vician el aire y puede afectar a poblaciones más o menos cercanas dependiendo de los vientos. Si tenemos en cuenta que los cerros y montañas serán volados, es probable que los vientos también se modifiquen, se tornen cada vez mayores, lo cual pueden transportar esos gases a mayores distancias afectando también a poblaciones no inmediatas a la zona directamente afectada.

No queda claro si en el caso específico de la mina Bajo la Alumbrera se utilice o no cianuro, ya que el proceso de extracción permite que pueda ser mediante filtrado y no mediante este tóxico. De todos modos, las declaraciones realizadas por la propia empresa en 1998 que reconocían que utilizaba 700 toneladas de cianuro por año en su proceso extractivo resultan -cuando menos- elocuentes.

Otros proyectos de megaminería, como el que pretendía hacerse en Famatina, sí tenía contemplado la utilización de cianuro (recordemos que el proyecto fue retirado por la empresa transnacional canadiense -Barrick Gold- a raíz de las protestas sociales). Pero el debate de la contaminación no se reduce solamente al cianuro, como se pretende sostener desde medios oficialistas.

En Córdoba, la explotación minera para la extracción de uranio utiliza millones de litros de agua diarios mezclada con ácido sulfúrico. Otros procesos extractivos también pueden utilizar tóxicos como el arsénico o el mercurio, aunque eso dependerá del tipo de mineral que desee extraerse (oro, plata, cobre, uranio, etc.) y

del tipo de suelo en donde se encuentre.

A todo esto se suma la utlización y despilfarro de miles de toneladas diarios de agua dulce (se gastan 300.000 m3 de agua por día en una jornada habitual en esta actividad) que quedarán depositadas en los denominados "piletones o diques de cola" mezcladas con la piedra molida (y cuando no con el cianuro utilizado) quedando

inutilizable y sin ningún tipo de tratamiento posterior. Ese agua depositada allí se va colando en el subsuelo mientras recibe más agua ya utilizada por la minera y cuando el dique de cola se satura, se fractura y toda esa agua va a parar a los ríos y acuíferos cercanos, de donde se extrae el agua para proveer a las poblaciones.

Este tema hace también al agotamiento de recursos no renovables en un contexto de crisis hídrica a nivel planetario. El derrochar tamaña cantidad de agua dulce en zonas que son áridas y en donde el agua resulta un elemento precioso, no solo por su escases sino además porque es fundamental para la vida, resulta algo alarmante y parece no preocupar demasiado a los medios oficiales centrados en desmentir simplemente el uso del cianuro en una sola minera: Alumbrera.

La modificación de la geografía también incluye a los cráteres que una mina a cielo abierto deja suelen tener cerca de 1km de profundidad por 5 o 6km de diámetro

(imagínense un cráter del tamaño aproximado equivalente a la distancia que hay desde Puerto Madero al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, y con 10 cuadras de profundidad, como para tener una idea...).

Otra distinción, no debidamente aclarada en las transmisiones televisivas y los debates radiales -en este caso del lado de los opositores-, es sobre la localización de los proyectos. Famatina y su cerro lindante quedan en La Rioja, mientras que la mina Bajo la Alumbrera (o Alumbrera) quedan cerca de Andalgalá, en Catamarca. Por su parte, la mina Pascua Lama es binacional y del lado argentino se encuentra en San Juan. La intención de no diferenciar los proyectos forma parte de la utilización mediática del tema. Son proyectos distintos, de empresas distintas, en localidades y provincias diferentes, y por ende con legislación diferente, lo cual complejiza la cuestión. A raíz de la reforma constitucional de 1994, los recursos mineros quedan reservados para la explotación o aprovechamiento de las provincias, con lo cual cada una de ellas regula

jurídicamente la actividad minera dentro de cada territorio provincial.

Algunos proyectos mineros utilizan ciertos elementos tóxicos, otros no. Pero todos ellos dejan los cráteres que mencionamos, despilfarran millones de litros de agua como insumo y afectan de manera radical el entorno donde se encuentran. Esas con características de la práctica a cielo abierto de este tipo de minería.

Luego está la cuestión de la represión que se efectuó sobre los sectores sociales movilizados por la cuestión ambiental: organizaciones sociales y vecinos de Andalgalá. El argumento esgrimido de que son "solo el 2%" de los pobladores de la localidad es tan inválido como el decir que los 30.000 desaparecidos durante la Dictadura Militar fueron "solamente el 0,01%" de la población de la Argentina de entonces (de 30 millones). Resultan tan ninguneantes y soberbias estas críticas que no merecen mayores comentarios.

Otra cuestión -también indignante- que se ha permitido es el financiamiento por parte de estas empresas mineras de proyectos de investigación en organismo públicos, como el CONICET, que deberían garantizar una independencia de objetivos y de estudios sobre diversidad de cuestiones y actividades. Y es sabido de los condicionamientos que las fuentes de financiación suelen producir, por lo que este aparente "avance" de los intereses de este tipo de empresas en diversas actividades que pudieran "opacar" su presencia en estos lares no merece mucha confianza sobre la transparencia de los estudios de organismos científicos especializados y de los intereses de este tipo de emprendimientos.

Al margen quedan también los temas relacionados con el derecho internacional y que son absolutamente ignorados por todos los sectores. Esto tiene que ver con que los capitales que participan del negocio minero son capitales privados y extranjeros. Con alguna excepción pueden encontrarse empresas asociadas con capitales nacionales, pero el porcentaje resulta ser mayoritario de parte de empresas multinacionales extranjeras en casi todos los casos. La participación de capital transnacional en estas inversiones tiene conexión directa con el régimen de protección de inversiones que Argentina -así como otros países del mundo- abrazó durante la década de los ´90 y que aún hoy sigue en plena vigencia.

El caso particular argentino en materia de protección de inversiones es paradigmático y resulta de mucha mayor gravedad que del resto de los casos en el mundo, ya que Argentina es uno de los Estados que más tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBIs) ha firmado en el mundo y que habilitan a que las empresas transnacionales puedan demandar internacionalmente al Estado Nacional ante tribunales arbitrales extranjeros en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es un organismo creado en 1966 y dependiente del Banco Mundial (BM).

Argentina es el país más demandado en el mundo ante el CIADI por empresas multinacionales. De hecho, el monto de las demandas equivalen al 6,5% de nuestro PIB y a casi 30 veces nuestro presupuesto en salud. A esto debemos sumarle que las reglas que se aplican en los arbitrajes ante el CIADI son bastante cuestionables así como la naturaleza de los tratados "recíprocos" de protección de inversiones, que no hacen más que hacernos acordar de aquellos viejos tratados que la Nación firmó con Inglaterra declarando recíprocamente la libre navegación en los ríos interiores, cuando la Argentina carecía de una flota mercante mientras que Gran Bretaña era la potencia comercial más importante del mundo con una flota acorde a lo que era una armada imperial...

Los TBIs operan de manera similar a aquellos tratados, otorgando protección a las inversiones argentinas en Canadá (virtualmente ninguna) así como a las canadienses en Argentina (casi todas las mineras poseen capitales canadienses) gracias al TBI Argentina-Canadá. Así se forma un entramado complejísmo de relaciones bilaterales en donde se aplica la llamada cláusula de la nación más favorecida que permite, sin importar las condiciones que hayamos firmado nosotros con un país "A", si firmamos otro TBI con un país "Z" que otorga mayores beneficios, debamos estar obligados a extender dichos beneficios a "A" y al resto de los países con los que hayamos firmado un TBI.

Además, estos acuerdos otorgan la capacidad procesal activa solamente al inversionista (es decir a la empresa transnacional) para poder demandar al Estado receptor de la inversión, no así viceversa, lo cual constituye una flagrante desigualdad en términos procesales ya que habilita que una empresa extranjera eluda la jurisdicción de los tribunales locales y lleve sus demandas ante los foros internacionales pasando por arriba de la jurisdicción nacional.

Los montos y los motivos de las demandas también suelen ser notables. La empresa Aguas del Tunari (filial en Argentina de la transnacional francesa Vivendi Universal y proveedora del servicio de agua potable en la ciudad de Tucumán) demandó a nuestro país por US$ 300 millones por la supuesta violación de un contrato de concesión que duró 2 años y que supuso una inversión de tan sólo unos US$ 7 millones.

Estos acuerdos resultan ser en los hechos un corset para las políticas públicas de control sobre las inversiones y actividades de las multinacionales, pudieran o no significar renacionalizaciones de las empresas privatizadas y retomar los servicios por prestadores nacionales. Ejemplo: supongamos que la Alumbrera contaminase o que no cumpliese con los requerimientos establecidos dentro del contrato celebrado con la provincia de Catamarca. Si Catamarca (o eventualmente la Nación) decidiese rescindir el contrato, la empresa (transnacional) podría argüir que fue "expropiada" o que sufrió una "medida similar a la expropiación" (ambas causales de acciones ante el CIADI por los TBIs) y demandar al Estado internacionalmente. No importa si los tribunales domésticos entendieran que estuvo bien quitada la concesión, la empresa podría tener a favor un laudo multimillonario por la supuesta violación de un TBI.

Este tipo de condicionamientos jurídicos para las políticas públicas de gobiernos de perfil no-neoliberal ha causado que países como Bolivia, Ecuador o Venezuela hayan renunciado a su membresía del CIADI. Incluso el conflicto sobre las pasteras entre Uruguay y la Argentina también estuvo atravesado con este tema de fondo: Uruguay tiene un TBI firmado con Finlandia (de donde proviene la empresa Botnia) que permitía demandar al Estado uruguayo en caso de decidir retirar los permisos de instalación de la planta en territorio uruguayo. Aún cuando ello hubiera sido negociado con la Argentina, Uruguay estaba obligada a continuar con la inversión finlandesa o atenerse a ser demandada por Botnia ante el CIADI por sentirse "expropiada".

Agua, pasteras, mineras... La banalización de la discusión que se está dando bajo un manto aparente de "no le escapemos al debate" mientras se tocan solamente algunas aristas seleccionadas del mismo es, desde ya, lastimosa. No sólo porque le quita peso y complejidad al mismo, sino además porque lo vuelve falso, acartonado y de un bajo nivel que no se condice con la gravedad del tema pero sí quizás con ciertos intereses que, ante las consecuencias escandalosas como que la producción minera deja en las provincias nada más que cerca del 2 o 3% del capital invertido mientras que el resto se va al exterior (esto con retenciones a la exportación minera inclusive, que resulta ser mínima), resulta ser bastante maniqueo.

La discusión sobre la megaminería se entronca también con muchos otros temas como ser la distribución de la renta, el modelo de desarrollo, el desarrollo vs. la contaminación, el modelo productivo y de consumo, etc. Se suelen traer ejemplos foráneos sobre "lo que hay que hacer". Ejemplo: escuché en uno de los debates televisivos que la renta minera en Australia deja el 18% de lo invertido como rédito para el país, mientras que en Argentina ese resultado significa un 3% que equivale a un 1% de su PIB, lo que resulta una broma de mal gusto en comparación con el pasivo ambiental que la actividad deja en nuestro territorio.

Pero además, ¡Australia es un país árido, nosotros no! La comparación sobre lo "aceptada" que se encuentra la megaminería en "países serios y desarrollados" puede asimilarse en su estilo comparativo con el decir que los países "serios y desarrollados" aplican los planes de ajuste fiscal tan "serios y responsables" que el actual gobierno argentino rechaza. ¿Acaso eso hace más o menos serio al gobierno de turno? No. Simplemente no es comparable la realidad argentina y latinoamericana con las realidades de otras latitudes así, de manera tan lineal. Pero para agregar, es derecho de los argentinos el determinar la regulación de las actividades económicas que deseamos, descartas las que no deseamos y determinar en qué condiciones queremos que se realicen las que permitimos. Y eso es potestad del Estado Nacional en su decisión política y soberana: "Ni calco, ni copia".

La actividad minera necesita de cuantiosas toneladas de agua dulce (recurso no renovable dijimos) para poder operar. Es por ello también que muchas operaciones mineras en Chile se están mudando para la Argentina: por su proximidad, porque la actividad minera en Chile comienza a agotarse, pero además por las reservas de agua que Argentina cuenta y Chile no. Tal comportamiento es la de un depredador: que se muda a otro lado cuando ya arrasó con lo que había y lo deja atrás.

También se mete en el debate el tema del desarrollo. Es cierto que muchas, casi todas, las actividades económicas generan algún tipo de contaminación. La simple quema de un árbol genera humo, pero en una proporción que no es nociva para la vida y que el planeta puede asimilar. Actividades como la megaminería a cielo abierto provocan trastornos muy serios que la naturaleza no asimila y sus consecuencias quedarán allí por miles de años. Los efectos de dicha actividad se vuelven, entonces, irreversibles y ese es el tipo de contaminación que es irreparable. No valen los discursos desarrollistas para contraargumentar esta realidad, aduciendo que "toda actividad contamina" (lo cual es en gran parte cierto) o que la única alternativa pareciera ser el atraso. Esto es falso y maniqueo. El tema de fondo es la abominación que significa el taladrar el Aconcagua unos cuantos de cientos de metros para sacarle lo que sea que éste tenga dentro. Porque es una abominación el despilfarrar cientos de miles de litros diarios de agua en zonas áridas, el dinamitar cerros completos, el arrasar con una geografía determinada, para obtener objetos suntuarios como el oro o confortabilizar nuestras vidas con conputadoras y teléfonos celulares que rotamos cada cuánto tiempo: ¿un año...?

Ello nos lleva a discutir sobre el modelo de producción y el modelo de consumo. Un desarrollo económico basado en un sistema que dilapida los recursos naturales es sencillamente una locura. Y ese es el ritmo de vida que llevamos hoy: consumir baterías de litio como si fueran caramelos, cambiar celulares sólo por una cuestión de moda, cambiar nuestras computadoras porque "la tecnología" (hablemos con propiedad: las empresas que fabrican las computadoras hacen que) se torna obsoleta al ritmo de tan sólo dos años! Este estilo de vida demencial del descarte permanente significa un abuso que va en contra de nuestros propios intereses a futuro y el de las generaciones venideras, incluso cuando éstas pudieran ser todavía más contaminantes que nosotros.

El tema es que somos nosotros los que nos enfrentamos a una disyuntiva que nuestros nietos no tendrán. Ellos actuarán en base a los efectos que nosotros dejemos. Y si nosotros volamos el Everest, la decisión es ahora y es nuestra. Nuestros nietos deberán aceptar que alguna vez hubo un Everest y que solamente lo podrán conocer por fotografía... Pero ellos nunca tendrán la opción de verlo o de "volver a levantarlo". Ergo, nosotros somos los únicos responsables, hoy y ahora, de plantearnos las preguntas de a dónde queremos llegar con todo esto y si realmente queremos provocar las consecuencias que habrán de perdurar por generaciones en, digamos, lugares como Famatina.

De no ser por los fuertes intereses involucrados y por las muy serias afectaciones que la megaminería involucra, el "debate" que está resonando en todos los medios resultaría bastante gracioso. Pero no lo es y nos involucra a todos.

Malvinas: Argentina reclamará ante la ONU por la militarización británica del Atlántico Sur

La Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizó hoy un acto en Casa de Gobierno en el que anunció dos medidas que el gobierno ha tomado respecto del tema del reclamo de soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y la escalada diplomática iniciada desde las declaraciones del Primer Ministro británico David Cameron días atrás.

La primera decisión, de carácter interno, es la de hacer público el "Informe Rattenbach" que fuera realizado por una comisión a la cabeza del Gral. Augusto Rattenbach para realizar la investigación sobre las responsabilidades política y militar sobre la conducción de la Junta Militar que gobernara de facto nuestro país en 1982 y que iniciara el conflicto bélico de aquel año.

El mencionado informe se encontraba bajo el estado de "secreto de Estado", el cual ha cesado en el día de hoy mediante la firma del Decreto Presidencial 200/2012. Dicho decreto forma una comisión presidida por el hijo del Gral. Rattenbach, el Cnel. Benjamín Rattenbach, a fin de "aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el informe mencionado (...) cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores." El análisis previo es para que la Presidenta "disponga mantener o no el carácter de clasificación de seguridad en los términos de la Ley 25.520."

La otra medida, de índole internacional, ha sido llevar al Consejo de Seguridad así como a la Comisión de Descolonización de la Asamblea General de la ONU la protesta formal de la República Argentina sobre la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Este es el video del acto oficial en la Casa de Gobierno, que contó con veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes políticos del oficialismo, la oposición, el movimiento sindical, organizaciones sociales y de derechos humanos, miembros del Poder Judicial, entre otras representaciones.

Referéndum en Escocia por la autodeterminación

En un claro desafío al gobierno británico, el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, presentó en Edimburgo su plan para la celebración de un referéndum sobre la independencia que se celebraría en 2014.

En la sede del Parlamento Escocés, Salmond invocó "el derecho de la gente a decidir sobre su futuro" para presentar un plan que consiste en la celebración de un referéndum popular que plantearía la pregunta: "¿Está Ud. de acuerdo en que Escocia sea un país independiente?".

Partidarios de la oposición escocesa y políticos pro-británicos ya critican esta medida del gobierno escocés, liderado por el Partido Nacional Escocés (SNP), socialdemócata y de claro perfil independentista.

El contexto es propicio para sumar un problema interno al gobierno de David Cameron, Primer Ministro británico. La fuerte crisis económica que vive la Unión Europea (UE) y que hace estragos en las economías griega, italiana, española, portuguesa, también golpea las puertas del centro de Europa: Francia y Alemania, pero no le es ajena a Gran Bretaña.

En este marco, el margen de maniobra sobre la política económica para los escoceses es muy limitado. Incluso Grecia -quien actualmente está siendo objeto de fortísimas presiones políticas para el seguimiento de un plan de austeridad ideado desde Bruselas y no por Atenas- posee mayor autonomía que Escocia en decidir qué medidas tomar para encausar este difícil momento de crisis.

Escocia es un país miembro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde la firma del "Acta de la Unión" en 1707 entre este país y el Reino de Inglaterra, acta que nunca fue muy popular entre los escoceses.

Es por ello que el Ministro Principal escocés (tal es que más alto cargo en la administración de Escocia ya que cuenta con un jefe de gobierno, que es el Primer Ministro británico, y un jefe de Estado, que es la Reina Isabel II de Inglaterra) adujera que esta es "la decisión más importante de la gente de Escocia en 300 años" agregando que "un país que habla con voz propia muestra más altura en el mundo y toma responsabilidades sobre su futuro".

La propuesta es de realizar el referéndum en el otoño boreal de 2014, ampliando el derecho de voto a menores de 16 y 17 años. Desde ya que la respuesta de Londres no tardó en esperar, contestándole a Edimburgo que la decisión de cualquier referéndum sobre la independencia escocesa deberá ser negociada y con Londres...

Esto le abre a Cameron otro frente interno que, si bien no resulta novedoso en cuanto a las pretensiones independentistas escocesas, sí es nuevo en plena crisis económica europea y que se suma a las violentas protestas callejeras sobre los planes de ajuste que está llevando a cabo el gobierno a raíz de la crisis económica que golpea a Gran Bretaña. Crisis que evidentemente comienza a socavar el poder político del gobierno conservador.

Escalada diplomática por Malvinas

Desde hace un par de semanas el tema Malvinas ha tenido una escalada en el nivel de la disputa diplomática sobre la soberanía en las islas.

El Primer Ministro británico, David Cameron, ha repetido su fuerte posición respecto de la disputa de soberanía y reafirmó el dominio que el Reino Unido de Gran Bretaña posee de facto sobre el archipiélago desde 1833 (con la interrupción del c

onflicto armado habido en 1982).

Es más, el conservador David Cameron el pasado 20 de enero de 2012 acusó a la Argentina de ser un "país colonialista" en una insólita alusión que pretende negar el pasado reciente del Imperio Británico sobre las posesiones coloniales continentales y de ultramar alrededor del mundo, y su continuidad colonial en lugares estratégicos como el Peñón de Gibraltar, la Isla Santa Helena, la Isla Ascensión, la Isla Tristán de Cunha, y por supuesto las Islas Malvinas (Falklands), Georgias y Sandwich del Sur, todo ello el cual forma una seguidilla de puntos geoestratégicos claves para su presencia en el Atlántico Sur.

Las islas del Atlántico Sur que se encuentran dentro de esta disputa de soberanía son tres archipiélagos denominados Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De ellas, el primero es el más importante y los tres archipiélagos se encuentran estratégicamente ubicados en las puertas de la zona más ricas del continente antártico:

la Península Antártica bajo reclamo de soberanía argentina y sobre la cual existen pretensiones territoriales tanto de Gran Bretaña como de Chile.

Las Malvinas fueron descubiertas por navegantes portugueses en 1501, que simplemente avistaron el archipiélago. En 1520 España divisó por primera vez las islas y desembarcó en ellas reclamándolas para el dominio del rey. En 1592 Gran Bretaña hizo lo propio, así como Francia en 1764. Estos últimos fueron quienes establecieron la primera colonia estable en las islas: Port Louis (en homenaje al rey francés Luis XV). España protestó, reclamando para sí las islas en 1766 y obligando a dejar desierta las islas por parte de Francia, quien desde entonces renunció a sus reclamos de soberanía y reconoció la soberanía española sobre las mismas. En 1811, las Malvinas fueron evacuadas por los españoles, quedando desiertas hasta 1820.

En 1820, la Junta de Buenos Aires -que se había emancipado como colonia española heredando todos los títulos de posesión de territorio bajo el principio del uti possidetis del derecho internacional- resolvió enviar una fragata para tomar posesión efectiva sobre las islas que se hallaban dentro del territorio del antiguo Virreinato español del Río de la Plata. Al mando de Luis María Vernet, la tripulación desembarcó en las islas en 1823 y fundó la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas, fundando en 1929 Puerto Luis en las costas de la Isla Soledad.

El objetivo de la gobernación sobre las islas era controlar las actividades de buques balleneros de distintas banderas que cazaban por la zona. Ello llevó a que las instalaciones de Puerto Luis fueran asoladas por distintas embarcaciones, como la sorbeta de guerra Lexington (de los EEUU) que finalmente destruyó Puerto Luis.

En 1833 arribó la fragata de guerra británica Clio bajo mando del Capitán Onslow -de sólo 23 años- con órdenes de reafirmar la soberanía británica y retomar posesión sobre las islas en nombre del Rey de Inglaterra. El gobernador de entonces, José María Pinedo (ancestro lejano del actual diputado nacional por el PRO Federico Pinedo) entregó las islas sin ofrecer ningún tipo de resistencia, a pesar de las ordenes que Buenos Aires le había dado con anterioridad de defender las islas como posesión argentina y de "no entregarse ante ningún enemigo superior". Previo a abandonar el territorio el día 3 de enero de 1833, Pinedo redacta un documento que nombra "comandante político y militar" de las Islas Malvinas al capataz "Juan Simón". Se trata de Jean Simon, que, además de ser francés, era analfabeto. Antes de zarpar en horas del mediodía hacia Buenos Aires, un oficial inglés llega a la goleta de Pinedo con la enseña argentina (azul y blanca de entonces) doblada y una nota que expresaba que las fuerzas de ocupación habían encontrado "esa bandera extranjera en territorio de su Majestad".

José María Pinedo (quien moriría de muerte natural a los 90 años de edad en Buenos Aires y tras una vida apacible) llegaría a Buenos Aires y recibiría la indulgencia del tribunal militar que lo juzgó gracias al prestigio de su hermano, Agustín Pinedo, quien en 1833 había encabezado la Revolución de los Restauradores contra el entonces Gobernador de Buenos Aires Juan González de Balcarce, por haber querido hacer un acercamiento político con la oposición unitaria y que le valió el rechazo de los federales rosistas. Agustín Pinedo sería nombrado Ministro de Guerra por Juan Manuel de Rosas en 1835 y moriría de insolación en la batalla de Caseros (1852).

En 1965 la Asamblea General de la ONU dicta la Resolución 2065 que "Invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV) [sobre descolonización] de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)", e "Invita al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a adoptar medidas eficaces para dar cumplimiento inmediato y completo a la Resolución 1514 (XV)". Tal resolución aún no ha sido acatada.

Desde 1833, Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas como territorio colonial, con la interrupción de la Guerra de Malvinas (o Guerra del Atlántico Sur) de 1982, en la cual Argentina ocupó las islas durante solo unos meses hasta que el conflicto acabó, favoreciendo al Reino Unido.

Luego del conflicto bélico, Gran Bretaña le dio a los isleños la plena ciudadanía británica y les ha dado dos constituciones para la administración británica sobre las Malvinas (1985 y 2008), otorgándoles ciertos derechos a los kelpers para la elección de sus gobernantes y conformación.

Argentina sostiene su reclamo de soberanía en virtud del título que le otorga el legítimo derecho de poseer como heredera de los territorios coloniales del Virreinato del Río de la Plata, la ubicación natural geográfica de las islas que se encuentran dentro de la plataforma continental argentina, y del principio internacional de la integridad territorial el cual evoca el derecho y el deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior, así como de que los Estados eviten promover movimientos secesionistas o cambios en las fronteras de otros Estados con el objetivo de alterar la situación jurídica de los límites territoriales, actos que son considerados como un acto de agresión.

Esta escalada diplomática -que incluye el envío de submarinos nucleares a la zona para patrullaje- surge del interés de la administración conservadora británica de mover el interés de su propia opinión pública respecto de los actuales conflictos internos que posee el Reino Unido: no sólo la profunda crisis económica que se hace sentir en todo el mundo, pero principalmente en Europa, sino también el fuerte movimiento pro-independentista que existe hoy en Escocia y que gobierna dicho país, región que ya ha anunciado un referéndum sobre su voluntad de emancipación de la corona inglesa para el año 2014 y que, evidentemente, preocupa sobremanera a Londres.

Por otro lado, diversos Estados ya han expresado públicamente su posición favorable a la Argentina de negociar una salida diplomática al litigio. No solamente Brasil se ha manifestado en apoyo a los reclamos argentinos de soberanía sobre las islas, sino también China y recientemente los países del bloque del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Dominica, Nicaragua, Antigua y Barbuda, y San Vicente y Granadinas).