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domingo, 2 de junio de 2013

Rampedre: el derecho al agua

Sitio web con base de datos sobre el derecho al agua en el mundo. es un proyecto ambicioso que intenta reunir, de todos los países del globo, legislación, jurisprudencia, noticias... Todo en cuanto al agua.

La jurisprudence sur le droit à l’eau et à l’assainissement

lunes, 10 de septiembre de 2012

Prórrogas de la jurisdicción nacional: nuestra presentación en audiencia pública por la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación

Ofrecemos aquí la versión taquigráfica de la exposición que hemos realizado el día 04/09/2012 en la Audiencia Pública respecto del Proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación Argentina. La misma se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación, en el Palacio del Congreso Nacional, frente a algunos diputados y senadores miembros de la Comisión Bicameral que trata el tema, así como público en general asistente a la audiencia.

Nuestra disertación la centramos en una visión crítica a algunos aspectos vinculados a temas de Derecho Internacional Privado y al Contrato de Arbitraje que están incluidos dentro del actual proyecto de reforma.

Lo que sigue entonces es la versión taquigráfica de nuestra exposición ate la Comisión Bicameral de la Nación.


Moderador. – Tiene la palabra el señor Javier Echaide.

Sr. Echaide. – Buenas tardes a todas y todos.
Antes que nada, agradezco la posibilidad de poder dirigirme a todos ustedes, así como también celebro el hecho de que se pueda dar este tipo de audiencia pública para debatir el actual proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.
En lo particular, vengo en representación de ATTAC-Argentina, una asociación civil y además parte de una red internacional que trata temas relativos a cuestiones de comercio internacional y globalización, particularmente, con una visión crítica de la globalización neoliberal.
Hemos analizado parte del actual proyecto de reforma y traemos nuestra preocupación respecto de los Libros VI y III del actual proyecto de reforma. Lo que voy a hablar, particularmente, tiene que ver, y esto en términos formales, con los artículos 2.605 a 2.607, 2.610, 2.651, 2.653 y también en concordancia con una revisión de los artículos 1°, 1.649, 1.651, 1.655, 1.656 y 1.658 del actual proyecto de reforma. Esto, en Castellano, quiere decir que intentamos hacer una revisión crítica de lo que tiene que ver con los contratos de arbitraje en materia de derecho internacional privado y en lo vinculado a la cuestión del CIADI como centro de arbitraje internacional.
Nuestra preocupación, en el artículo 2.605, es que se abre la puerta a la posibilidad de lo que se denomina la elección de foro y la particularidad de la prórroga en jurisdicción de la jurisdicción local a favor de tribunales extranjeros.
La Argentina tiene una experiencia bastante nefasta con respecto a las cláusulas de prórroga de jurisdicción. De hecho, somos el país más demandando en el mundo dentro del CIADI, como así también en la cantidad de tratados bilaterales de protección de inversiones que hemos celebrado, todos ellos en la década de los años 90. La Argentina ha celebrado 58 tratados bilaterales de inversión, TBIs, que contienen estas cláusulas de prórrogas de jurisdicción. Nuestra preocupación tiene que ver con eso.
No solamente se mencionan en el artículo 2.605 y subsiguientes, sino que también se incluye dentro del artículo 1° del proyecto en cuanto a fuentes. Cuando se definen las fuentes, se tienen en consideración los tratados internacionales sin hacer ningún tipo de distinción de qué tipo de tratados internacionales. Estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos, que forman parte de bloque constitucional y está muy bien que sea así, pero no así la totalidad de los tratados internacionales que tiene que ver, por ejemplo, con materia de la protección de las inversiones y que tanto han lesionado los intereses de la población.
En este sentido, queremos hacer una propuesta, que la hemos presentado en la ponencia que está a disposición en la página de Internet de la actual Comisión Bicameral, que precisamente consiste en hacer este reconocimiento [de tratados], como así también evitar que se incluya dentro del proceso de reforma la posibilidad de recurrir a tribunales extranjeros, dejando de lado la propia jurisdicción nacional.
Otro segundo aspecto que revisamos, tiene que ver con el artículo 2.651, en particular, en el punto d, cuando dice: “El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas: (…) d) los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato.” Esto tiene que ver con materia de derecho internacional privado. Estamos de acuerdo con la autonomía de la voluntad. Sin embargo, esa autonomía tiene que estar circunscripta a una cuestión que tiene que ver el derecho público y las leyes de orden público. Proponemos excluir de esta autonomía de la voluntad, y particularmente de la prórroga de jurisdicción, a todo aquello a lo cual el Estado sea parte y esté vinculado con las cuestiones de interés público, porque esto abre la puerta a que cuestiones que tienen que ser resueltas dentro de nuestra jurisdicción sean acudibles a tribunales extranjeros, como por ejemplo el CIADI, un organismo del Banco Mundial.
Esto ha sido una práctica reiterada por parte de empresas multinacionales en el caso argentino. Esta cuestión tiene que ver con muchísimos otros temas, como el agua –como mencionaba la señorita que me precedió– pero también con la cuestión de la tenencia de la tierra, con la megaminería, con los recursos naturales, tiene que ver con dónde se litigan este tipo de cuestiones y adónde se van a tener que dirimir estos tipos de temas. Por lo tanto, es la defensa de los derechos públicos respecto de la propiedad y la propiedad privada de las empresas en términos de inversiones.
Para continuar con la cuestión de los arbitrajes, queremos hacer una propuesta respecto de los artículos 1.655.y 1.656, que tiene que ver con la imposibilidad de que los laudos arbitrales sean impugnados. Consideramos que deberían ser impugnados siempre y cuando estos laudos arbitrales resulten violentos respecto de la legalidad de la Nación así como la constitucionalidad o los motivos de la razonabilidad. Deseamos que se incorporen estos tres tipos de cuestiones, que los laudos puedan ser impugnados si resultan inconstitucionales, ilegales o irrazonables.
Una última cuestión tiene que ver con la referencia de la confidencialidad del arbitraje que está incluida en los artículos 1.658 y 1.662. Estamos de acuerdo con la cuestión de la confidencialidad en materia de arbitrajes siempre y cuando esto no atente el orden y el derecho públicos. Cuando se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con el interés de la población en general, nosotros ahí no estamos de acuerdo con la cuestión de la confidencialidad, porque entendemos que violentan las cuestiones que tienen que ver incluso con la legislación nacional ya vigente [(Ley de Acceso a la Información Pública)].
Hay algunas cuestiones que tienen que ver con reconocimiento de derechos, como, por ejemplo, el agua potable. Como bien decía la señorita que me precedió, hace al reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano universal, tal como lo reconoce la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas sancionada en el año 2010. Pero también hace a lo que ya fue reconocido por la propia República Argentina dentro del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales que forma parte no solamente de un tratado internacional al que la Argentina ha adherido, sino también desde nuestro bloque jurídico constitucional, porque nuestro país incluyó este Pacto en 1994 dentro del artículo 75, inciso 22. Con este tipo de cuestiones, que son bastante delicadas, estamos prorrogando la jurisdicción a nivel internacional en estos tribunales arbitrales y, en ese sentido, estamos violentando nuestra propia Constitución Nacional. Eso lo consideramos totalmente contradictorio.
Esta es una propuesta que no estamos desarrollando en soledad. Nos solidarizamos y recibimos la solidaridad también de otras organizaciones con las cuales estamos trabajando estos temas, no solamente ATTAC trabaja en materia de cuestiones que tiene que ver con el CIADI y la protección de las inversiones desde un punto de vista bastante crítico, sino también la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Americana de Juristas, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas; asimismo, hemos conversado con el doctor Barcesat en este sentido y con otros con quienes también hemos venido trabajando este tipo de ideas.
Me sobra un minuto y medio y lo dejamos a los futuros oradores y a la mesa para que aprovechen este tiempo. Muchísimas gracias por su atención.
Sr. Presidente. – Muchas gracias. 

lunes, 20 de agosto de 2012

Actividad sobre el CIADI en la AABA

En el día de mañana, 21/08/2012 a las 19hs, la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) realizará una Jornada preparatoria para el Congreso de Derechos y Garantías a realizarse en 2013. Esta jornada preparatoria se titula "Centro Internacional de Arreglos de Diferendos de Inversiones CIADI: ¿Estados o Corporaciones?".

En la misma disertarán las Dras. María Teresa Moya y Liliana Costante, además de quien suscribe, para analizar el desempeño y consecuencias del accionar del CIADI, organismo del Bco. Mundial que forma tribunales arbitrales en materia de inversiones y que tiene la potestad de recibir denuncias por parte de empresas transnacionales inversoras contra Estados huéspedes de dichas inversiones.

Argentina ha sido el país más demandado en el mundo en el CIADI, aunque muchas de las causas se encuentren pendientes o suspendidas. Solamente tres países se retiraron del organismo: Bolivia, Ecuador y Venezuela, éste último siendo demandado in crecendo por las transnacionales en los últimos meses lo que ha causado el decir que sea el país con más demandas activas dentro del organismo.

La apertura de las economías durante los años ´90 implicó una entrada importante del capital extranjero en sectores donde antes no participaba, muchas veces porque se hallaban dentro del control estatal. Paralelamente a estas privatizaciones se firmaron decenas de tratados bilaterales de protección de inversiones (TBIs) así como la incorporación de la Argentina al CIADI, abandonando 130 años de tradición en política exterior que sostenía a la "Cláusula Calvo" con la que se obligaba a radicar todo litigio entre una empresa extranjera y el Estado Nacional ante los tribunales locales.

Esto repercute en casi todas las áreas de la economía: agua, minería, medio ambiente, recursos naturales, finanzas, movimiento de capitales, etc., lo que convierte al tema en un pivote que es necesario abordar para tomar dimensión de las problemáticas nacionales e internacionales que involucren al actuar del sector privado extranjero en desmedro de las políticas nacionales y los derechos sociales.

La actividad es pública y gratuita.

jueves, 29 de marzo de 2012

El debate Dworkin-Hart (en la UBA)

Difundimos aquí una interesante actividad sobre filosofía del derecho a llevarse a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

martes, 12 de julio de 2011

Se presentó el Digesto Jurídico Argentino

En el día de hoy, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el Digesto Jurídico Argentino y firmó el proyecto de ley que lo remite al Congreso de la Nación, finalizando así una tarea iniciada hace más de 15 años y que hasta la fecha no se había podido finalizar.



El acto fue realizado en el Salón "Mujeres Argentinas" de la Casa de Gobierno y con la presencia de casi 200 personas, entre los que se encontraban legisladores, ministros, miembros de los Poderes Judicial y Legislativo, así como Decanos de las Facultades de Derecho de distintas universidades nacionales del país, académicos y los miembros de la Comisión Independiente de Juristas que trabajó junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la etapa final de la elaboración de este Digesto, entre quienes tuve la suerte de poder participar como colaborador en un equipo a cargo del Dr. Arístides Corti, y los colaboradores Dres. Rubén Calvo y Claudio Luis, a quienes, junto con la Dra. Liliana Cotante, les agradezco la experiencia que me han posibilitado adquirir.

La tarea fue en realidad titánica y demoró varios meses la sola revisión de la sistematización que en gran parte fuera realizada por la Secretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

No sólo se trata del primer digesto en la historia de la legislación de la República Argentina, sino que además es el primero de América Latina y uno de los primeros en el mundo.

Un "digesto" es la depuración y sistematización de toda la obra normativa de un país. De un total de 32.207 normas (entre las que se encontraban Leyes, Decretos, Decretos Leyes, y Decretos de Necesidad y Urgencia) se determinó que son solamente 3.134 normas (un 9,7%) las que conforman la normativa en actividad y que en el día de la fecha ha sido remitida al Congreso Nacional para su sanción y vigencia.





Previo al discurso presidencial se emitió por las pantallas internas del salón en la Casa de Gobierno, un video muy ilustrativo que explicaba por qué es importante realizar un digesto y para qué es útil tenerlo. Aquí ofrecemos también ese material para dar conciencia de lo que significa esta monumental obra jurídica.



Desde 1994 (año en que se encomendó el Digesto) y el 2011 han pasado al menos cinco gobiernos (sin contar el período de crisis en diciembre de 2001). Enhorabuena que esta tarea haya podido ser finalizada hoy. Y esperamos haber realizado un humilde aporte al bienestar y el futuro de todos los argentinos.